El tope del 2% del alquiler salva a los inquilinos: esto es lo que dejan de pagar por no actualizar su renta con el IPC al 10%

La crisis que afecta a gran parte del globo, y especialmente a los países del entorno de la guerra que se libra al este de Europa, no da tregua a España, que ha amanecido este miércoles con un dato de inflación demoledor. Ayer, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado cifras que apuntan a que los precios del consumo se dispararon en junio en un 10,2%, una subida devastadora que no lo será tanto para los inquilinos de inmuebles.

El nuevo paquete de medidas anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez la semana pasada recoge, entre otras acciones para suavizar este duro golpe, la prolongación hasta finales de año del tope del 2% a la subida de los arrendamientos en la revisión anual del precio del contrato. Esta supone una 'salvación' -a menos a corto plazo- para más de 2,6 millones de contratos que se verían afectados por una revisión con un porcentaje de inflación que alcanza los dos dígitos por primera vez desde 1985.

¿Cuánto favorecerá esto al bolsillo de los inquilinos?

El anclaje, que retiene considerablemente el ascenso de los precios del alquiler desvinculando la renovación de contratos del Índice de precios al Consumo (IPC), ha tenido durante estos tres últimos meses (desde su implantación a inicios de marzo) un impacto sobre unos 875.000 alquileres, según los datos manejados por el ejecutivo socialista. Ahora, la prórroga de esta medida prevista hasta el 31 de diciembre de este año implicaría triplicar este número de contratos afectados, alcanzando los 2,6 millones de un total de 3, 5 millones de contratos firmados en todo el territorio. 

Este freno a la aplicación del aumento del IPC a la renovación de alquileres, que seguirán, por tanto, vinculados al Índice de Garantías de Competitividad (fijado a un inamovible 2%), supondrá en el período de 6 meses de prolongación de este tope un 'ahorro' de 1.160 millones de euros para los arrendatarios, según lo reflejado en el portal inmobiliario Idealista. A esta cifra se le deben sumar lo que estos se han 'ahorrado' durante los tres primeros meses de aplicación, unos 560 millones de euros, lo que resulta en un montante total de 1.722 millones.

Para ofrecer cifras más concretas, el estudio realizado por el portal inmobiliario toma como referencia el importe mediano de la renta de una vivienda de dos dormitorios arrendada justo hace un año, en julio de 2021. A partir de ahí, sus estimaciones arrojan unos resultados realmente favorecedores para los inquilinos: pues si con el aumento del precio del 2% la renta de una vivienda de estas características alcanzará los 689 euros de media en España, con un aumento del 10,2% que ha alcanzado la inflación lo haría hasta los 744 euros al mes.  Esta diferencia de 55 euros mensuales se traduce finalmente en 664 euros anuales.

A estas cifras se debe añadir un matiz, pues son las calculadas de manera genérica para toda España, lo que implica que en determinadas zonas el aumento fuera mayor de no existir el tope. Es el caso de Madrid, ciudad que cuenta con un grave problema del alquiler y en la que la subida media anual habría sido de 979 euros, y no 192 (787 euros menos), como está previsto en la estimación.

Otras de las ciudades que superan la previsión media son las grandes ciudades de San Sebastián, donde la renta pasaría de los 918 euros mensuales estimados a 992 mensuales, Bilbao y Barcelona donde pasaría del los 867 mensuales estimados a los 937 euros y Palma, con un crecimiento desde los 816 a 882 mensuales.

¿Quién paga los efectos de esta medida?

Mientras el Gobierno celebra un paquete de medidas que incluye esta, además de otras acciones como ayudas directas a desempleados, reducción de precios de abonos de transporte, y reducción del IVA de los precios de la luz, los propietarios de inmuebles estudian emprender acciones legales contra el ejecutivo.

Efectivamente, pago de esos 1.722 millones de euros menos son una ventaja o una desventaja dependiendo de la perspectiva desde la que se mire, pues mientras los inquilinos se los ahorran, a los propietarios dejan de llegarles.

En un mercado que en España está mayoritariamente formado por particulares (frente a grandes tenedores que acumulan más de diez viviendas), estas medidas no han sido bien recibidas en un momento especialmente delicado, cuando la recuperación de los ingresos perdidos durante la pandemia parecía una realidad para estos propietarios. 

Así, tal y como señala el medio La Información,  estos propietarios estudian emprender acciones legales contra el Gobierno mediante la Asociación de Propietarios de Viviendas del Alquiler (Asval). Su argumento principal, el hecho de que la medida solo consiga trasladar el problema de la vivienda a los dueños, sin ofrecer "ningún tipo de compensación". 

¿Es viable esta medida a largo plazo?

La aplicación de estos sistemas de prevención se plantean desde el Gobierno con carácter provisional, pero lo cierto es que no se sabe hasta cuando continuará el conflicto armado en Ucrania, y cuanto resistirá la economía nacional sus consecuencias.

A partir de esa premisa y con el sistema actual, todo depende de las decisiones que tomen en el tiempo los principales perjudicados, los propietarios de viviendas. Cuanto más se prorroguen estas medidas, más inseguridad se instalará en el mercado de la vivienda como inversión, algo que puede provocar que los particulares retiren sus inmuebles del mercado. Una decisión que afecta directamente al ya severo problema de vivienda del país, en el que la oferta no cubre la fuerte demanda.