Equiparación salarial, una reclamación de más de 30 años que el Gobierno anuncia en plena marea contra Marlaska

Más de 30 años llevan luchando policías nacionales y guardias civiles por alcanzar la equiparación salarial con los cuerpos de seguridad autonómicos. Tres décadas repletas de reclamaciones, promesas y protestas, en las que llegaron a firmarse acuerdos con los sucesivos Gobiernos que nunca se llevaron a la práctica. Este martes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado el pago del tercer y último tramo del proceso que consumará esta reivindicación histórica.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a Interior para pagar el tercer y último tramo del proceso de equiparación salarial de los miembros de Policía Nacional y Guardia Civil con los de los cuerpos autonómicos, lo que supondrá un desembolso de 247 millones de euros. Esta autorización llega con cinco meses de retraso, pues debería haberse hecho efectiva en enero, y se une a los dos primeros pagos, realizados en 2018 y 2019.

La decisión del Consejo de Ministros permite completar el acuerdo para la equiparación salarial alcanzado en 2018 con sindicatos y asociaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que contemplaba un total de 807 millones de euros. Así, los miembros de estos cuerpos verán finalmente incrementadas sus nóminas aproximadamente un 20% respecto a los salarios que percibían antes del pacto. 

Tres décadas de lucha

Ya en 1992 el Ministerio del Interior encabezado por el socialista José Luis Corcuera suscribió con los sindicatos de la época un acuerdo con el que se pretendía equiparar el sueldo de la Policía Nacional con el de los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza, pero nunca se cumplió.  

En 2005 el entonces ministro del Interior, el también socialista José Antonio Alonso, firmó otro acuerdo con los cinco sindicatos de la Policía Nacional que avanzaba en la "progresiva" equiparación salarial con los cuerpos autonómicos y destinado a aplicarse también a la Guardia Civil. Tampoco se implementó.

Habría que esperar hasta marzo de 2018 para que el ministro del Interior de Mariano Rajoy, Juan Ignacio Zoido, firmase con asociaciones y sindicatos el acuerdo que se ha terminado de consumar este martes. Con los 807 millones pactados se estima que las nóminas de estos funcionarios se elevan de media un 20% (un policía cobrará unos 529 euros más al mes y un guardia civil, 620). No obstante, estas cifras dependen de ciertos factores, como el rango.

Además de estos acuerdos, el sindicato Jusapol ha presentado dos iniciativas legislativas populares (ILP) en el Congreso de los Diputados para reclamar esta equiparación salarial. Una de ellas en 2018, que llegó a ser tomada en consideración en el Pleno, y otra en 2020, cuya tramitación parlamentaria fue vetada por el Gobierno al considerar "insostenible" igualar las nóminas con el conjunto de autonomías y municipios, ya que cada administración tiene sus competencias en esta materia.

Ante esta situación, Vox registró en el Congreso como proposición de ley a su nombre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Jusapol para la equiparación salarial de cuerpos policiales.

¿Y ahora?

Esta habilitación de los 247 millones de euros que faltaban del acuerdo de 2018 ha sido acogida, en general, con "satisfacción" por parte de los sindicatos y asociaciones de policías y guardias civiles. No obstante, muchos coinciden en que todavía queda trabajo por hacer. 

Los sindicatos policiales SUP y Jupol y la Asociación Unificada de Guardia Civil (AUGC) concuerdan en que, una vez aplicada esta medida económica, Interior debe cumplir también la totalidad de las cláusulas del acuerdo suscrito en 2018. 

Entre ellas se encuentra, explica a 20minutos Mónica Gracia, secretaria general del Sindicato Unificado de Policía, la incentivación del reingreso al servicio activo del personal en segunda actividad. Asimismo, reclama el cumplimiento de otro de los términos acordados: impulsar las medidas legislativas necesarias para evitar que en el futuro se produzca una disfunción salarial entre los cuerpos nacionales y autonómicos.

Además, Gracia reivindica la necesidad de comprobar si esa igualdad retributiva entre los cuerpos policiales que operan en España aplicada este martes es "real y efectiva" o si, por el contrario, los 807 millones son insuficientes y la equiparación debe ser corregida. Denuncia que, en su momento, Interior encargó a una consultora externa la realización de una auditoría, cuyo informe no acepta el sindicato que lidera.

Nocturnidad, territorialidad, horas y pagas extra, asistencia pagada a juicios fuera del horario laboral... Son algunas de las ventajas con las que cuentan las policías autonómicas y que piden revisar para satisfacer la equiparación tanto el SUP como Jupol, que ha cifrado en repetidas ocasiones la cifra en 1.500 millones y no 807.