Contra la pobreza energética: el 11 de abril es la fecha límite para renovar el bono social

En Barcelona hay aproximadamente unas 170.000 personas en situación de pobreza energética. Para estos vecinos, la amenaza de un corte de suministro es una realidad cotidiana. Esta es la expresión más extrema de esta realidad, pero hay muchas personas que tienen atrasos en las facturas, que no pueden mantener una temperatura adecuada al hogar o que llevan a cabo muchos sacrificios para cumplir con el pago del agua, la luz y el gas.

Algunas de ellas dejan de cubrir las necesidades básicas de alimentación o dejan de usar el agua caliente o los fogones de casa con el objetivo de reducir el gasto energético. Estas restricciones voluntarias del consumo comporta muchas veces enfermedades físicas y psicológicas. Además, se asumen comportamientos de riesgo como utilizar velas para iluminar, o métodos poco seguros de calentar el hogar.

Más de la mitad de los hogares catalanes en riesgo de exclusión, concretamente un 54,4%, tienen dificultades para pagar el recibo de la luz, y 3 de cada 10 se han retrasado en el pago de las facturas de electricidad, gas y agua. Para luchar contra esta realidad, el Ayuntamiento de Barcelona dispone de 11 puntos de asesoramiento energético, conocidos como PAE.

A lo largo del 2017 se han atendido alrededor de 23.000 personas y se han parado más de 5.020 cortes de suministro. Se trata de un servicio municipal que tiene el objetivo de apoderar la ciudadanía en materia energética ofreciendo información sobre los derechos energéticos y sobre las acciones necesarias para poder ejercerlos. Otro servicio importante es el asesoramiento personal y, según los casos concretos, destinado a reducir el gasto en luz, agua y gas. Finalmente, detectan e intervienen ante posibles situaciones de pobreza energética.

La pobreza energética comporta una serie de consecuencias en diferentes ámbitos. La salud de las personas es la principal perjudicada, puesto que no se logran niveles de confort mínimos a las viviendas. Otras consecuencias son la disminución del rendimiento físico y académico. Al ámbito social surgen problemas relacionales tanto dentro de la familia como con las personas de fuera de la vivienda. Finalmente, también provoca degradación en los edificios, incremento de las emisiones de CO2 y deuda excesiva.

Uno de los trámites más importantes a hacer a uno de los 11 puntos de asesoramiento energético del Ayuntamiento de Barcelona es la renovación del bono social y la exención de la tasa de alcantarillado.

Las personas que ya disponen de bono social, tienen que aportar la nueva documentación requerida antes del 11 de abril de 2018, de acuerdo con los nuevos requisitos fijados por el Ministerio aprobados al Real decreto 897/2017, que regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica. En caso de no cumplir con los nuevos requisitos, se aplicará la tarifa regulada, conocida como PVPC.

La presentación de la documentación se puede hacer personalmente rellenando la solicitud, disponer de toda la documentación requerida y presentarla a la oficina más cercana. También presentando la documentación para la renovación o primera petición del bono social por fax o por correo electrónico a la empresa. O por correo postal, rellenando la solicitud y enviándola a la dirección de correo postal de la empresa, junto con la documentación requerida. Los Puntos de Asesoramiento Energético del Ayuntamiento de Barcelona informan sobre qué es el bono social, quien tiene derecho a pedirlo y ayudarán a su solicitud y tramitación.

El bono social es un descuento del 25% o del 40% en la factura de electricidad. Este descuento no se aplica a los impuestos. La reducción se aplicará sobre la tarifa regulada PVPC, que es la fijada por el Estado para los clientes del mercado regulado, y la potencia contratada no puede ser superior a los 10kW. El bono social tiene una duración de dos años.

La posibilidad de acceder a la concesión del bono social depende de los ingresos económicos que determinen que se está en situación de vulnerabilidad.

Otro ahorro que se puede conseguir es la exención de la tasa de alcantarillado, uno de los varios conceptos que incluye la factura del agua, junto con el canon del agua y la Tasa Metropolitana de Tratamiento de Residuos Urbanos, TMTR. El canon del agua es un impuesto con finalidad ecológica sobre el uso que se hace del agua, a través del cual los usuarios contribuyen a los costes de los servicios del ciclo del agua.

La tasa de alcantarillado se paga por la prestación de los servicios como actividad de vigilancia especial y de limpieza, explotación, conservación y desarrollo de la red municipal de alcantarillado. La exención de la tasa viene de una resolución del Ayuntamiento de Barcelona, que aprobó en el Plenario del Consejo Municipal del 6 de octubre de 2017, una modificación de la ordenanza fiscal número 3.5 de tasas de alcantarillado que establece una exención de la tasa para los titulares de contratos de suministro de agua en situación de exclusión residencial.

Los trámites para conseguir la exención de la tasa de alcantarillado se inician con la consecución de un informe de exclusión residencial o de vulnerabilidad de la persona al hogar. Una vez los servicios municipales competentes emitan los informes que acrediten esta situación de emergencia, esta información se traslada a la empresa suministradora del servicio para que aplique directamente la exención.

Esta exención tendrá efectos desde la fecha de los informes mencionados y se prolongará hasta el momento en que deje de tener efectos la situación acreditada. El trámite es gratuito, y para obtener más información y ayuda a la tramitación, los interesados pueden ir a un Punto de Asesoramiento Energético o llamar al 010.

Las personas que tienen derecho a la exención de la tasa de alcantarillado son todas aquellas que se encuentren en situación de exclusión residencial o en situación de vulnerabilidad reconocida por los servicios sociales municipales y que sean titulares de contratos de suministro de redes domiciliarias de agua.

El bono social en vigor es una modificación del anterior establecido al artículo 45 de la Ley 24/2013. Una de las principales novedades es la definición de diferentes grados de vulnerabilidad. Así el nuevo bono social regulado al Real decreto 897/2017 establece las figuras de consumidor vulnerable, consumidor vulnerable severo y el consumidor en riesgo de exclusión social. Según el decreto, a este último tipo de consumidor no se le podrá cortar el suministro de electricidad en caso de impago.

Cada grado de vulnerabilidad comporta un grado de protección diferenciado y bonificaciones específicas sobre los términos de energía y potencia de la factura. Para establecer la tipología concreta de cada caso, la renta anual del consumidor o de la unidad familiar es el concepto fundamental. Según el tipo de consumidor los descuentos sobre energía y potencia varían.

En el caso del consumidor variable, la bonificación es del 25%, mientras que en el caso de los consumidores vulnerables severos, el descuento sobre los términos de energía y potencia llegan hasta el 40%. La figura del consumidor en riesgo de exclusión social dispone de una protección complementaria, puesto que, además de una reducción del 40% del importe en energía y potencia, el 50% está pagado por los Servicios Sociales.

El bono social que sale de la aplicación del Real decreto 897/2017 define unos límites máximos al consumo bonificado para evitar el derroche de energía y recursos. Estos topes son anuales y se aplican a la factura de forma proporcional a los días del periodo de facturación. Es decir, a la práctica es un límite diario, sin tener en cuenta la variabilidad del consumo según la época del año, ni el tipo de energía utilizado para calefacción, agua caliente y cocina.

Los límites de renta anual que dan acceso al bono social se indexan al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas, que actualmente se sitúa en 7.519,59 €/año. En el término de energía, el descuento aplica hasta el límite máximo de consumo del periodo de facturación.