Vox no apoya la ley antibalconing de Baleares porque la considera "discriminatoria" y "chapucera"

Todos los partidos políticos, salvo Vox, han apoyado este martes de manera unánime en el Parlament balear la validación del Decreto Ley del Govern para poner fin al turismo de excesos y borracheras en tres zonas turísticas de las Islas Baleares, y el balconing en todos los hoteles del archipiélago.

En concreto, el Decreto Ley prohíbe en las zonas de la Playa de Palma y Magaluf en Mallorca y el West End de Sant Antoni de Ibiza el llamado turismo de borrachera y excesos y contempla la expulsión de cualquier hotel de las islas de los turistas que practiquen el balconing, que se enfrentan al pago de multas de hasta 60.000 euros.

Aunque todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, han votado a favor de la ratificación de este decreto, PP, Cs y El PI han reivindicado que la iniciativa debería tramitarse mediante un proyecto de ley para poder incorporar propuestas consensuadas y otorgar seguridad jurídica a la normativa.

Finalmente, la validación del decreto se ha saldado con 54 votos a favor y tres en contra, los de los tres diputados de la formación de ultraderecha. La petición de tramitación como proyecto de ley ha sido rechazada con 27 votos a favor y 30 en contra.

Este decreto, que fue aprobado el pasado 17 de enero en Consell de Govern, incluye la prohibición de la publicidad que tenga como objetivo incentivar el consumo de alcohol, como las 'happy hours', los '2x1' ó '3x1', así como los autodispensadores de alcohol, y la venta de bebidas alcohólicas en tiendas entre las 21.30 y las 8.00 horas, las excursiones etílicas ('pubcrawling'). También prohíbe las prácticas peligrosas para la vida o la integridad física, como el balconing, e incluye un régimen de sanciones de hasta 600.000 euros, según su gravedad.

Los turistas que practiquen o permitan el balconing -saltar de un balcón a otro o lanzarse desde la terraza a la piscina- en cualquier hotel de Baleares podrán ser expulsados "inmediatamente" del establecimiento en cuestión y se enfrentarán a multas de entre 6.001 a 60.000 euros. El hotel tiene la obligación de que no continúen alojados. Además, la ley limita las denominadas 'party boats'.

Vox considera que es una "chapuza, se mire como se mire"

Su impulsor, el conseller de Turismo, Iago Negueruela, ha afirmado que se trata de una "norma pionera" que incorpora "medidas contundentes" en una apuesta por el "turismo de calidad y sostenible", y ha destacado que aunque pueda "generar dificultades" o "perjuicios" en algún momento puntual, "incluso en el próximo verano", se debe contemplar con "mirada larga". 

Ante esto, ha dicho que cuando acabe la temporada, no le importa hacer un "debate amplio" pero ha pedido un "voto de confianza para que no tenga que aplicarse como proyecto de ley". "Nos comprometemos a revisar si al finalizar la temporada, entre todos, creemos que se tiene que revisar", ha avanzado.

Durante el debate, el portavoz parlamentario de Vox, Jorge Campos, ha manifestado que su grupo, como "la inmensa mayoría de la población mundial", está en contra del turismo de excesos pero considera que el decreto es "discriminatorio" y una "chapuza, se mire como se mire".

Sobre este asunto, ha mencionado, como ejemplo, el Artículo 10 del decreto, que trata la creación de la comisión y la subcomisión, que según ha censurado, contarán con los mismos integrantes con lo que se crearán "duplicidades". 

Además, ha augurado, supondrá el cierre de hoteles, restaurantes y bares en esos puntos turísticos, donde se perderá el 10% de los empleos. "Ésta no es la forma de hacerlo, ésta es la forma de perjudicar al sector turístico de las Islas Baleares", ha aseverado, añadiendo que "alrededor del 10% de las personas afectadas por la zonificación pueden acabar en la calle".

Para Cs es una "operación de marketing"

Por su parte, la diputada del PP María Salomé Cabrera ha destacado que la iniciativa llega "tarde" y de manera "incompleta". Ha censurado también que su "punto de vista" es de la "prohibición y la sanción" y no incluye "la mejora de la calidad en las zonas turísticas". Así, ha manifestado que puede tener "efectos colaterales perversos", como "ya ha tenido la Ley del cambio climático con los coches diésel".

El portavoz de Cs en el Parlament, Marc Pérez Ribas, considera que el decreto es una "operación de marketing" y ha reivindicado la necesidad de que se tramite como proyecto de ley con carácter urgente para que todo el mundo puedan presentar sus enmiendas y mejorar el texto legal de cara al año que viene.

En sustitución, para la temporada 2020, Pérez Ribas ha propuesto que se profundice en las herramientas normativas y en los medios humanos, mejorar el control nocturno, constituir las comisiones y subcomisiones, tal como las propone el decreto para el fomento del civismo en estas zonas.

Tras constatar que no se iba a tramitar como proyecto ley, Ribas ha preguntado acerca de qué efectivos se van a disponer, cuándo estarán disponibles y cuánta será la inversión pública en las zonas turísticas delimitadas.

Apuesta por la calidad

El diputado de MÉS per Mallorca, Joan Mas 'Collet', ha dicho que el decreto es un "ejemplo de legislación pionera y valiente" pero ha dicho que la "urgencia" no debe impedir que se trate lo "importante": "Es imprescindible abrir el melón de la ley turística con un objetivo claro de apostar por la calidad y el reparto de la riqueza".

Por su lado, el diputado de El PI, Josep Melià, ha criticado que Negueruela diga que van a trabajar "todos juntos" pero tiene a la oposición de espectadores: "No les dejan cambiar ni una coma ni presentar una triste enmienda".

Asimismo, aunque la "problemática no es nueva", Melià ha dicho que percibe "cierta precipitación" en el decreto. Como ejemplo sobre esto, ha dicho que la zonificación "no está clara" o que existen lagunas mediante las que se seguirá pudiendo vender alcohol de manera masiva, bajando el precio de las bebidas.

Desde MÉS per Menorca, Josep Castells ha dado su "apoyo incondicional" ya que "ante problemas contundentes se deban dar soluciones contundentes". Además, ha aprovechado para insistir en la necesidad de crear la Policía autonómica para atajar los problemas de inseguridad ciudadana en municipios pequeños. "No costaría ni un euro ya que se crearía mediante la transferencia de los gastos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la Comunidad", ha dicho.

La diputada del PSIB, Pilar Sansó, ha valorado que el decreto es "quirúrgico, concreto y centrado". Así, ha reivindicado el modelo turístico de su formación, en línea con la Agenda 2030, y que "es incompatible con el turismo de excesos".