Expertos y familias exigen en el Congreso un plan nacional de prevención del suicidio

Profesionales sanitarios, expertos y familiares han unido sus voces este viernes en el Congreso para exigir una vez más un plan nacional integral de prevención del suicidio como única forma de acabar con unas cifras "absolutamente devastadoras": diez personas ponen fin a su vida cada día en España.

Lo han hecho durante una jornada reivindicativa para "dar voz al dolor", ha señalado su organizador, el diputado de UPN Íñigo Ali, quien ha subrayado que la prevención del suicidio es una "cuestión de Estado".

Un encuentro que no ha contado con la presencia de algún representante del Gobierno, a pesar de que habían sido invitados la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, y altos cargos del ministerio, ni tampoco con alguno de los portavoces de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso.

Sí ha acudido el portavoz del PP en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, Ignacio Tremiño, quien ha admitido que "los responsables políticos tenemos que tomar cartas en el asunto".

Durante las cinco horas que dura la jornada, dos personas se habrán quitado la vida, otras cinco habrán sido atendidas por los servicios de urgencia y unas cuarenta habrán tenido intención de suicidarse sin que quede constancia porque no habrán necesitado atención sanitaria, ha advertido el presidente de la Sociedad Española de Suicidología, Andoni Anseán.

Este psicólogo ha lamentado que se haya perdido la oportunidad de contar con un plan nacional como tenía previsto la exministra de Sanidad Carmen Montón, que "por avatares políticos tuvo que abandonar su cargo", y su sucesora, María Luisa Carcedo, decidió que el tema se iba a articular a través de la Estrategia de Salud Mental. Anseán ha asegurado que España tiene tasas de suicidio más elevadas que otros países que cuentan con "estrategias avanzadas" y ha dicho que aunque las comunidades autónomas han tomado nota, el Gobierno debe hacerlo también "y ser consciente de que solo se puede afrontar previniendo o llorando".

"¿Cuántas muertes hay que poner sobre la mesa para actuar?,¿no creen que diez al día son suficientes?", ha preguntado a los responsables políticos el presidente de la Asociación para la Investigación, Prevención e Intervención frente al Suicidio (AIPIS), Javier Jiménez. Este experto ha considerado el suicidio un "problema de emergencia social" y ha destacado las carencias de profesionales preparados, por lo que queda en manos del voluntariado.

Tras recordar que en 2012 todos los partidos se pusieron de acuerdo en sacar adelante una propuesta, ha denunciado que siete años después "no se ha hecho absolutamente nada y, mientras tanto, se han suicidado 25.000 personas". Jiménez ha criticado el desconocimiento de los datos reales y, para solucionarlo, ha abogado por implantar la "autopsia psicológica" indagando en las causas que llevan a una persona a acabar con su vida.

Para el psiquiatra José Luis Carrasco, jefe de la Unidad de Trastornos de la Personalidad del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, el suicidio "es un acto enfermo". Aunque la enfermedad mental no mata, produce un gran sufrimiento y entre este y el suicidio hay "un gran mediador que es la soledad", que conlleva "incomprensión y desesperanza", y esto es lo que, a su juicio, se debe "abordar" en el plan.

Desde la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR), su presidente, Máximo Enríquez, ha apuntado que la tasa de suicidios de los adictos al juego es seis veces superior a la de la población general y ha alertado frente al aumento "exponencial" de los chavales de entre 12 y 17 años que se inician en las apuestas.

En 2018, el Teléfono de la Esperanza atendió 2.764 llamadas de temática suicida, un 40 % más que en el año anterior, y en el 85 % de ellas el que llamó dijo que el "acto suicida estaba en curso", ha explicado su presidente, Miguel Ángel Terrero. Esta asociación va a poner en marcha en "pocos meses" un teléfono de emergencia contra el suicidio atendido por personal voluntario especializado para lo cual se va a suscribir un contrato con un proveedor de comunicaciones que permitirá implantar herramientas tecnológicas que permitan ofrecer un servicio más eficaz.