El presidente de Ceuta, Juan Vivas, y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, han pactado este miércoles buscar "un instrumento" para "materializar una acción conjunta y coordinada" en la populosa barriada del Príncipe, la más cercana al perímetro fronterizo con Marruecos, "en pro del desarrollo urbano, los servicios sociales, la educación y la seguridad aplicando los mecanismos y medios que requiere su singular problemática".

Ampliar foto

El político ceutí se ha confesado "extraordinariamente satisfecho" por el contenido de su primer encuentro con Fernández Díaz "por el contenido de los asuntos tratados y por el trato recibido". Promover una acción coordinada y conjunta para atender las carencias de la barriada; equipamientos y los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA), asunto puesto sobre la mesa "por su íntima relación con el hecho fronterizo", han centrado el encuentro, en el que también se ha hablado de la necesidad de construir una pista para las prácticas de conducir y de la pronta solución a esta necesidad.

Vivas ha expuesto al ministro la "singularidad" de la frontera de Ceuta, que según ha recordado separa "dos mundos". "El ministro del Interior tiene plena conciencia y una clara actitud a mostrarse sensible en orden a la aplicación de los medios materiales y técnicos precisos para atender, debidamente, las importantes implicaciones de esa frontera de España y Europa en el continente africano", se ha congratulado el presidente al término de la reunión de esta tarde a través de un comunicado de prensa.

Sobre equipamientos, Vivas y Fernández han repasado proyectos pendientes de la legislatura pasada con un balance "satisfactorio". "Se confirman las previsiones en cuanto a la ejecución del Centro Penitenciario y su puesta en marcha para el primer semestre de 2013; y, pese a la coyuntura y contexto económicos difíciles, sigue siendo de interés prioritario para el Ministerio la construcción de la nueva casa cuartel de la Guardia Civil y la construcción de la Jefatura Superior de Policía", ha destacado Vivas.

Ciudad y Ministerio han quedado en "seguir trabajando" a partir de ahora con la Delegación del Gobierno como enlace. "A su casa vendrá", ha indicado el presidente de la Ciudad sobre las intenciones de Fernández Díaz para volver a visitar Ceuta, de cuya Historia es "un profundo conocedor".

"Hoy lo ha demostrado", ha sentenciado Vivas, quien ha puesto como ejemplo del buen trato recibido el gesto del ministro de presentarle a la plana mayor de la Guardia Civil, con la que ha tenido una reunión justo antes de entrevistarse con el presidente, a quien han acompañado las consejeras de Presidencia y Gobernación, Yolanda Bel, y de Educación, Cultura y Mujer, Mabel Deu. El presidente ha agradecido ese gesto porque "me ha dado la oportunidad de manifestar a la Guardia Civil el aprecio, cariño, respeto y admiración que Ceuta y su Gobierno sienten ante ese Instituto".

"El ministro se ha mostrado cálido y ha demostrado un profundo sentido de Estado y, por tanto, un profundo conocimiento de Ceuta en todos los aspectos. Lo ha demostrado. La coincidencia en cuanto a las prioridades y los objetivos venía precedida de un conocimiento profundo por parte del ministro", ha concluido sobre el encuentro el presidente Vivas.

La agrupación socialista centro, perteneciente al casco histórico de Sevilla capital, ha celebrado este miércoles su correspondiente asamblea de afiliados, al objeto de elevar a la Dirección provincial del partido sus propuestas para la elaboración de la candidatura con la que los socialistas concurrirán a las próximas elecciones autonómicas en la circunscripción de Sevilla. Esta asamblea ha aprobado una propuesta "única" encabezada por José Antonio Griñán, secretario general del PSOE-A, y su secretaria de Organización, Susana Díez, que incluye además nombres como el del exconcejal Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, el diputado andaluz José Caballos e incluso el ex subdelegado del Gobierno Faustino Valdés.

Fuentes de la Agrupación centro han informado a Europa Press que, "por asentimiento" general de la asamblea, ha sido aprobada una "propuesta única" compuesta por un primer tramo ordenado según los tres primeros nombres de la futura candidatura y un segundo tramo compuesto sencillamente por orden alfabético. Así, esta propuesta parte de Griñán, Susana Díaz y Miguel Ángel Vázquez para los tres primeros puestos de la candidatura socialista sevillana al Parlamento de Andalucía.

En la propuesta, ya en el tramo carente de orden de candidatura, figuran además nombres como el de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, exconcejal del Ayuntamiento hispalense y secretario de Vivienda, Suelo, Arquitectura e Instituto de Cartografía de la Junta de Andalucía. También figuran el parlamentario andaluz por Sevilla José Caballos, al igual que Faustino Valdés, la delegada del Gobierno andaluz en Sevilla, Carmen Tovar, o incluso Carmelo Gómez.

Contempla la propuesta, además, al portavoz capitalino, Juan Espadas, al secretario provincial de Organización, Enrique Cousinou, o la consejera Carmen Martínez Aguayo.

La agrupación socialista Bellavista, correspondiente al barrio homónimo de Sevilla capital, ha celebrado este miércoles su correspondiente asamblea de afiliados, al objeto de elevar a la Dirección provincial del partido sus propuestas de cara a la elaboración de la candidatura con la que los socialistas concurrirán a las próximas elecciones autonómicas en la circunscripción electoral de Sevilla. Durante la votación, la propuesta relativa a José Antonio Griñán, secretario general del PSOE-A, ha cosechado once votos, mientras el nombre de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis ha obtenido 17 sufragios y el de la exconsejera Evangelina Naranjo ha conseguido 15.

Ampliar foto

Fuentes de la propia agrupación socialista Bellavista han informado a Europa Press de que han sido más de 20 las propuestas votadas durante la asamblea. El nombre de Dámaso Lombardo, histórico dirigente vecinal de este barrio, ha obtenido 23 votos, mientras 17 votos ha conseguido la propuesta correspondiente a Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, exconcejal del Ayuntamiento hispalense y secretario de Vivienda, Suelo, Arquitectura e Instituto de Cartografía de la Junta de Andalucía.

La propuesta relativa a la exconsejera andaluza y secretaria de la agrupación socialista Miraflores, Evangelina Naranjo, ha conseguido 15 votos, mientras las que aludían al secretario provincial de Organización, Enrique Cousinou, y al exdelegado del Gobierno andaluz en la provincia Demetrio Pérez han conseguido 14 votos en ambos casos. La propuesta relativa a José Antonio Griñán ha obtenido once votos y la correspondiente a Susana Díaz, secretaria de Organización del PSOE andaluz, un total de nueve sufragios.

También nueve sufragios han conseguido propuestas como las relativas al portavoz capitalino del PSOE, Juan Espadas, o Carmelo Gómez, siempre según tales fuentes.

Asamblea de la agrupación nervión

La agrupación socialista Nervión-San Pablo, correspondiente al distrito Nervión de Sevilla capital, aprobó de su lado el lunes y "por asentimiento" de todos los participantes, dos propuestas nacidas de la Comisión Ejecutiva Local y de un grupo de participantes de la asamblea. La propuesta de la Comisión Ejecutiva Local, según informaron a Europa Press fuentes de la agrupación, parte del secretario general del PSOE andaluz, José Antonio Griñán, como líder de la candidatura socialista sevillana, defendiendo a continuación a Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, quien de hecho lidera esta agrupación.

La propuesta restante, nacida de participantes de la asamblea, parte de Griñán y añade a la secretaria de Organización del PSOE andaluz, Susana Díaz, al diputado andaluz José Caballos, al exdelegado del Gobierno andaluz en la provincia Demetrio Pérez, —antaño aspirante a la Secretaría General del PSOE de Sevilla— y a la exconsejera andaluza y secretaria de la agrupación socialista Miraflores, Evangelina Naranjo.

El delegado de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Demetrio Cabello, ha asegurado este miércoles, ante las críticas del Grupo socialista, que ya se está trabajando en una Policía Local de proximidad, más cercana al ciudadano, porque "siempre ha sido y es prioritaria para este gobierno".

Así lo demuestra, según ha señalado Cabello en un comunicado, el anuncio de la constitución de las Juntas de Seguridad de Distritos, uno de los pasos fundamentales para "acercarse aún más a las inquietudes de los sevillanos y darles una respuesta ágil y eficaz".

Asimismo, ha añadido que durante los últimos meses ya se ha estado "muy pendiente de los problemas de seguridad de los que se ha tenido conocimiento a través de los distritos", ya que "los once delegados de distrito han estado recogiendo las inquietudes de los ciudadanos y haciéndolas llegar a la Policía, que ha respondido siempre con la mayor celeridad".

"La Policía Local ya está cerca del ciudadano, pero lo estará aún más cuando empiecen a funcionar en un breve plazo de tiempo estos órganos de coordinación", ha garantizado Demetrio Cabello, quien ha insistido en que "nunca se ha abandonado el empeño del alcalde y de este delegado de buscar la cercanía de la Policía al ciudadano".

Por otro lado, ha avanzado que la Dirección General de Seguridad ya está trabajando en una reorganización de la plantilla de la Policía Local de Sevilla y ha adelantado que el despliegue en los barrios se verá reforzado tras la incorporación a lo largo del presente año de 103 nuevos policías locales.

La aseguradora belga Apra Leven presentará en los próximos días un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla para pedir que se revoque un auto del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Sevilla, que se ha declarado no competente para tramitar la demanda interpuesta por Apra Leven contra la Junta, al apuntar que el pleito no debe llevar la vía civil, sino contencioso administrativa.

Según han indicado a Europa Press fuentes de la representación jurídica de la multinacional belga, en dicho recurso se pide la revocación de dicho auto, hecho público este miércoles en 'El Mundo',

y demanda que "se declare la competencia para conocer que la reclamación de Apra Leven contra la Junta por 36 millones es competencia exclusiva de la jurisdicción civil y en particular del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Sevilla", ya que insiste en que "hay "relación contractual de carácter estrictamente jurídico-privado" con la Junta.

La aseguradora presentó una demanda judicial contra la Junta de Andalucía ante los Juzgados de Primera Instancia de Sevilla, donde le reclama a la Junta el pago de 36 millones de euros, toda vez que la aseguradora sostiene que el Gobierno andaluz "no le ha pagado los importes correspondientes a las primas de los seguros de los contratos suscritos bien con empresas con sede en Andalucía bien por trabajadores de esas empresas, afectadas por expedientes de regulación de empleo (ERE)".

En opinión de Apra Leven, el auto de 1 de febrero de 2012 "se queda en el plano de lo abstracto, y cuando pretende descender a los hechos concretos del caso y a la aplicación práctica de la normativa y jurisprudencia invocadas hace un 'salto en el vacío', carente de justificación legal alguna para llegar a la errónea conclusión alcanzada".

Lamenta que "se niega la existencia de un contrato de naturaleza privada en base a que la Junta de Andalucía no es parte formal del mismo", aunque alude a la existencia de una carta de la Junta, donde el Gobierno andaluz, a través del director general de Trabajo, Daniel Rivera, "asume un innegable compromiso de pago frente a Apra Leven, y ello en el marco de una relación contractual de carácter estrictamente jurídico-privado".

Reitera que la relación contractual con la Junta de Andalucía "nunca pudo revestir el carácter de servicio público".

Apra Leven apunta que "si bien la relación entre la Junta de Andalucía y los beneficiarios de las ayudas podría llegar a tener un cierto un interés público, dicho interés desaparece en la relación contractual habida entre la Junta de Andalucía y Apra Leven, quien se limita a recibir las primas de una administración por cuenta de una persona privada".

Precisa que "según el auto de esta juez del ámbito civil, "nos hallamos ante un supuesto de responsabilidad patrimonial que determina la competencia para conocer del asunto de la jurisdicción contenciosa-administrativa", lo cual a juicio de Apra Leven, es "absolutamente erróneo e ilógico".

Dilaciones "indebidas"

Asimismo, la aseguradora belga ha denunciado públicamente las "dilaciones indebidas" que se han sufrido hasta conocerse este auto, toda vez que, según ah recordado, Apra Leven presenta su demanda en septiembre de 2011 "pero hasta noviembre de 2011, la juez no resuelve nada al respecto". En ese momento, surgen las dudas sobre si es competente o no, para lo cual confiere a Apra Leven y al Ministerio Fiscal un plazo común de 10 días para que aleguen sobre esta materia, lo cual "hacen de forma diligente en el plazo señalado".

Agrega que "pasados más de cinco meses desde la interposición de la demanda por Apra Leven y ante la insistencia de los letrados de ésta, resuelve sobre esta cuestión en el sentido conocido".

La aseguradora asevera que dichas "dilaciones indebidas" han provocado que Apra Leven se encuentre en una situación de "absoluta indefensión", lo cual "no sólo perjudica sus intereses, sino lo que es más grave todavía ha redoblado los perjuicios que vienen padeciendo los miles de asegurados que se ven impedidos de cobrar sus rentas por este manifiesto retraso en la tramitación del caso por esta juez, siendo esto último un evidente supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia por mal funcionamiento".

Por otro lado, deja claro que el auto de la juez "no cuestiona la legitimidad y exigibilidad de la deuda que le reclama Apra Leven a la Junta por importe de 36 millones de euros".

La aseguradora presentó una demanda judicial contra la Junta de Andalucía ante los Juzgados de Primera Instancia de Sevilla, donde le reclama a la Junta el pago de 36 millones de euros, toda vez que la aseguradora sostiene que el Gobierno andaluz "no le ha pagado los importes correspondientes a las primas de los seguros de rentas vitalicias".

Apra Leven aseguraba entonces que "la causa principal" que provocó su intervención, en marzo de este año, por parte de la autoridad de seguros belga (la antigua CBFA) "fue, precisamente, el incumplimiento por parte de la Junta del último calendario de pagos pactado, en diciembre de 2010, con los administradores independientes de Apra Leven".

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), gobernado por Antonio Gutiérrez Limones (PSOE), ha recordado al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), que va a invertir en los próximos cuatro años "cuatro millones de euros en programas de formación para empleo, dentro de su política de reactivación económica del municipio que tiene la prioridad en la creación de puestos de trabajo, con lo que se está dando una muestra inequívoca de tener un proyecto claro al respecto".

Asimismo, le recuerda al también presidente de la FEMP y aspirante al Parlamento andaluz que "ya existe una propuesta mucho más amplia y trabajada del equipo de Gobierno que elevará al próximo pleno en virtud de la cual se contempla la creación de un Foro de Iniciativas e Ideas para la acción, gracias al cual los componentes del mismo se comprometerán a ejecutar medidas encaminadas a crear empleo desde varios ámbitos en los que se basa la nueva economía (Medio Ambiente, Cohesión Social, etc)".

"Es totalmente paradójico que venga Zoido a hablar de empleo a Alcalá cuando tiene muchos problemas en su ciudad, donde está despidiendo a trabajadores de las empresas municipales, donde no pone en marcha las convocatorias de empleo público acordada para el Ayuntamiento de Sevilla donde, además, no cubre las vacantes y donde no reúne a la Mesa de Empleo, lo que ha generado grandes críticas de los miembros de la misma, entre éstos los sindicatos", se afirma desde el Gobierno alcalareño en un comunicado.

Al mismo tiempo, critica que Zoido "venga a dar lecciones de accesibilidad al centro y de facilitar el aparcamiento, cuando ha sido incapaz de elaborar un plan de tráfico en Sevilla, de solucionar los problemas con los aparcamientos de sus ciudadanos y a tener una empresa de transportes pública a cuyos trabajadores paga tarde y mal".

Desde el equipo de Gobierno señalan que el PP municipal "vuelve a ir por detrás una vez más, ya que desde el Ayuntamiento se ha señalado que el calendario de obras ha sido acordado con los comerciantes de La Plazuela y Plaza Cervantes para no perjudicarles en el período de rebajas, afirmando que éstas finalizarán antes de la próxima Semana Santa".

El Ayuntamiento ha recordado, en lo que respecta a la inversión en empleo, que uno de los programas más destacables, y ya iniciado con acciones que se desarrollan hasta 2014, es el proyecto Apolo con un montante de 1,5 millones de euros del que se benefician de forma directa 210 personas. Se trata de itinerarios integrados que se dirigen a mejorar la inserción sociolaboral de jóvenes menores de 30 años con baja cualificación, personas desempleadas de larga duración, y personas con discapacidad, entendiendo que el empleo y la formación son las principales vías de integración y progreso social.

Asimismo, Pacto Local por el Empleo, la Formación y la Cohesión Social del proyecto Apolo se basa en la ampliación y consolidación del Pacto Local por Empleo, con el objeto de extenderlo al ámbito formativo, incorporando centros de formación. "Esto permitirá, además de reforzar y afianzar el Pacto", según dice la responsable de Políticas Estratégicas del ayuntamiento alcalareño, María José Borge, quien defiende la idea de definir mecanismos concertados que permitan el retorno al sistema educativo de personas que lo habían abandonado, e incrementar así el nivel de cualificación de los colectivos más vulnerables.

La apuesta por la capacitación de los recursos humanos "también incluye las acciones formativas y de atención al ciudadano del programa Urban de regeneración social y económica de la zona centro, con un total de 750.000 euros a través de los itinerarios formativos propiamente dichos y la oficina del Centro de Promoción de Empleo". En este centro se desarrollan acciones de formación, prácticas en empresas, orientación laboral, y asesoramiento para el empleo con una atención abierta a unas 2.000 personas.

Por otro lado, con una inversión de 600.000 euros hasta 2013 está el programa de la escuela taller 'Comunica-T' dirigido a jóvenes de entre 16 y 25 años, centrado especialmente en nuevas tecnologías del que se pueden beneficiar hasta 30 alumnos.

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha remitido al Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, que investiga una supuesta trama corrupta en la adjudicación de obras en instalaciones de la Policía, varios escritos con información sobre acuerdos firmados desde el año 2003 sobre los que el sindicato sospecha que podrían estar relacionados con la investigación. Este juzgado abrió hace aproximadamente un mes unas diligencias previas en relación a una denuncia anónima sobre supuestos contratos ilícitos en la Policía durante el ejercicio 2010-2011.

En concreto, la documentación aportada ahora por el SUP hace referencia a obras acometidas en las comisarías de Manacor (Mallorca), Zamora y Alcalá de Guadaira (Sevilla), presuntas irregularidades en la contratación de once robots de desactivación para los Tedax y la reciente adquisición de inhibidores, que según dicen han presentado problemas de funcionamiento.

El primer documento aportado hace referencia a la construcción de una nueva Comisaría de Policía en la localidad mallorquina de Manacor. Ya entonces, 25 de junio de 2003, el SUP pedía información sobre las obras y advertía por escrito de que tenían "constancia de algún presupuesto del servicio de arquitectura de la Dirección General de la Policía, que encarecía notablemente una obras en relación a otros presupuestos solicitados".

La Dirección General de la Policía por medio del entonces jefe de Coordinación y Apoyo Técnico, José María Rodríguez Calderón, contestó al sindicato instándole a "matizar" ese último comentario ya que "la acusación formulada podría ser objeto de responsabilidades penales". Actualmente, Rodríguez Calderón ocupa el cargo de subdirector general de Gestión Económica, Técnica y Documental en la nueva Junta de Gobierno de la Policía designada por el actual director general, Ignacio Cosidó.

Comisaría de manacor, CASI 2 MILLONES

Según informó Interior, esta Comisaría de Manacor se financió con cargo a los presupuestos de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado por un importe de adjudicación de 1.869.428,63 euros y un plazo de ejecución de 16 meses.

En otro de los documentos referente al año 2006 el SUP solicitaba información sobre las instalaciones en la Comisaría de Alcalá de Guadaira y requería los presupuestos destinados a la adquisición de material (uniformes, vehículos, herramientas técnicas) de los años 2004, 2005 y 2006. En ese sentido, la Dirección General contestó que las partidas destinadas a infraestructuras fueron 24 millones de euros en 2004 y 31 millones de euros en 2005 y no se especificaba la partida para 2006, pero si se avanzaba que superaría los 38 millones de euros.

Se trata de hechos que el SUP ya ha denunciado ante el Consejo de la Policía y que ha recopilado ahora con el objeto de que el juez los incorpore a la causa. Este sindicato presentó el pasado 31 de enero ante la Fiscalía General del Estado un escrito en el que se denunciaba una presunta trama de corrupción en la adjudicación de obras en las instalaciones dependientes de la Dirección General de la Policía.

Esta denuncia inicial partía de una denuncia anónima llegada en el "interior de un sobre y sin remitente" a la sede del sindicato bajo el título "Graves daños a los intereses de la Administración como consecuencia de corrupción en el departamento de obras y arquitectura de la Dirección General de la Policía".

Parte de una denuncia anónima

Consiste en un total de nueve folios en las que este anónimo denuncia una serie de irregularidades como prestación de servicios amañados, subcontratas o presupuestos fraccionados para evitar sacar a concurso público algunas concesiones de obras.

"Se tiene constancia de la continua práctica de irregularidades y arbitrariedades en la tramitación de expedientes de obras y prestaciones de servicios de técnicos y consultorías, que debido a su falta de transparencia a la no concurrencia de ofertas reales (pues todas son amañadas de antemano) y al impulso de expedientes que no procede su gestión al estar ya incluidos en otros, vienen acarreando graves perjuicios económicos a la administración", comienza diciendo este documento al que ha tenido acceso Europa Press.

La presente denuncia hace referencia al ejercicio 2010-2011 y en ella explica que la práctica consiste en "escoger ofertas muy elevadas fuera del precio de mercado en el caso de obras" o "elegir direcciones facultativas interrelacionadas con técnicos del citado departamento que gravan los contratos con sobrecostos que no se producirían si toda la gestión de obras y proyectos se realizarán con verdadero interés para la administración".

Además añade que se llega a dar el caso de empresas ubicadas en Madrid que se desplazan a realizar obras a otras provincias sin pedir ofertas a otras empresas localizadas en esos lugares pese a eso abarataría el coste de obra.

Según la denuncia, algunas de estas irregularidades han afectado a obras previstas en el Plan E y que esta trama habría supuesto "cientos de miles de euros para pérdida y daños de la administración". En este documento se detallan algunas de las obras que se habrían realizado bajo la práctica de estas irregularidades.

Desde el SUP, en el escrito firmado por su secretario general, José Manuel Sánchez Fornet, se ponen estos datos en conocimiento del Ministerio Público para que, "si lo estima procedente, se llevan a cabo las diligencias que considere oportunas para el total esclarecimiento y comprobación de los hechos denunciados así como la depuración de las responsabilidades derivadas de los mismos".

Decretado el secreto de sumario

Horas después, la propia Dirección General de la Policía reaccionó a esta información aclarando que el juzgado de Instrucción número 26 de Madrid investiga desde hace un mes esta supuesta trama de corrupción en la adjudicación de obras precisamente a petición de la Policía.

Fuentes de la Dirección de la Policía precisaron que hace aproximadamente dos meses un comunicante anónimo remitió un escrito denunciando estos hechos ante la Intervención Delegada de Hacienda. La denuncia presentada por el SUP también partió de un comunicante anónimo que mandó los datos en un sobre sin remitente a la sede del sindicato.

La Intervención Delegada de Hacienda, tras estudiar esos datos, trasladó el documento a la Policía y la Dirección General lo puso en conocimiento de Asuntos Internos, que a su vez lo remitió a la Fiscalía Anticorrupción. Finalmente, el Ministerio Público lo puso en manos del Juzgado número 26, según informa la Policía, que sospecha que se trata del mismo documento anónimo que obra en poder del SUP. El juzgado tiene decretado actualmente el secreto de sumario de las actuaciones.

Banca Cívica ha asegurado que cumplirá con los nuevos requerimientos del Gobierno central "sin necesidad de ayudas públicas" y "en el plazo previsto" ha cifrado en 575 millones de euros el impacto de aplicar la nueva normativa, esto es, el importe de las provisiones para la entidad derivadas del Real Decreto-Ley 2/2012, la nueva normativa sobre reforma financiera aprobada por el Gobierno.

Ampliar foto

Según indica la entidad en una nota y en una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el impacto de aplicar la nueva normativa asciende a 575 millones de euros, de los cuales 580 millones corresponden al impacto de constituir las nuevas provisiones, cifra que se ve reducida en cinco millones que suponen "el exceso de recursos propios sobre los nuevos requerimientos de capital".

Esos 575 millones de impacto total suponen un 1,35 por ciento sobre los activos ponderados por riesgo.

Frente a los 575 millones de euros de impacto, la entidad "dispondría de hasta 1.150 millones de euros de capacidad de generación de capital adicional durante el ejercicio 2012".

Precisa que del impacto total, un 23 por ciento (131 millones de euros) provienen de aplicar los requerimientos del decreto al riesgo calificado como normal.

La entidad destaca que, una vez publicados los detalles de la nueva reforma del sistema financiero, Banca Cívica "cumplirá con los nuevos requerimientos que el Gobierno de España ha determinado para los distintos activos inmobiliarios en el plazo previsto".

Para ello, la entidad ejecutará una serie de medidas que permitan mantener los requerimientos regulatorios, por lo que no precisará acudir al apoyo de*los fondos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

El impacto de constituir las provisiones que recoge el Real Decreto Ley 2/2012 de saneamiento del sector financiero, calculados sobre la exposición a finales del 2011, se estima en 575 millones de euros.

Un total de 580 millones corresponde al impacto para constituir las provisiones bajo la nueva normativa, a los que habría que restar cinco millones de euros por el exceso de capital que actualmente Banca Cívica tiene sobre los nuevos requerimientos de recursos propios que el decreto establece en 715 millones de euros (derivado de aplicar un 'buffer' del 20 por ciento sobre la exposición total a suelo y un 15 por ciento sobre la exposición a promoción en curso).

Canje de 900

Millones en preferentes

La entidad precisa que este impacto "será cubierto en su totalidad con un próximo canje de participaciones preferentes, una vez obtenidas las autorizaciones societarias y regulatorias, anunciado el pasado 13 de enero a través de un hecho relevante enviado a la CNMV y que se está analizando".

Las preferentes emitidas susceptibles de ser canjeadas ascienden a unos 900 millones de euros.

Además de la posibilidad de canjear las participaciones preferentes, Banca Cívica contaría con otras medidas de optimización de capital y otros ingresos extraordinarios* que alcanzarían 250 millones de euros adicionales.

Precisa que en total, Banca Cívica podría generar hasta 1.150 millones de euros* con los que hacer frente a los requerimientos de la nueva normativa (575 millones de euros).

Banca Cívica comparte con el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España "la convicción de que esta reforma contribuirá a la mejora de la confianza y la credibilidad del sistema financiero español", objetivo para el que la entidad pondrá "los recursos necesarios que contribuyan a llevarlo a cabo", tal y como queda reflejado en las cifras presentadas en esta comunicación".

De la misma forma, la entidad apunta que "aunque como ha quedado patente la viabilidad en solitario de Banca Cívica no está en cuestión", reconoce que mantiene "una posición de análisis de todas las posibilidades que en el futuro puedan ser beneficiosas para los clientes del banco, y contribuyan a la creación de valor para sus accionistas".

La juez de adscripción territorial María Pascual, en funciones de refuerzo en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, ha decretado una fianza de responsabilidad civil de 20,9 millones de euros para el empresario José María Ruiz-Mateos y sus seis hijos varones, en el marco de la causa que investiga la presunta estafa de 13,9 millones a Inversiones Grupo Miralles.

Así consta en el auto que ha dictado la magistrada, al que ha tenido acceso Europa Press, para requerir a los siete imputados el pago de 13,9 millones más un tercio de esta cantidad a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias derivadas de este procedimiento, para lo cual les da un plazo de 24 horas a partir del momento en que les sea notificada la resolución.

Así, en caso de que no hagan frente a la caución, el Juzgado instará a los encausados a que designen bienes hasta cubrir la fianza fijada para, una vez comprobado su valor, iniciar los trámites para su posterior embargo, de acuerdo al artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

Se da la circunstancia de que en el marco de esta causa la magistrada ya acordó retirar el pasaporte al fundador de Nueva Rumasa y prohibirle abandonar el territorio nacional sin previa autorización judicial. Sin embargo, se trata tan sólo de uno de los tres procesos judiciales en los que el empresario jerezano está siendo investigado en Baleares.

De hecho, ha sido nuevamente citado a declarar el próximo 22 de febrero, en este caso ante el Juzgado de Instrucción número 5, por otro delito de presunta estafa por valor de unos 12 millones de euros en la compra de la totalidad de las acciones de la sociedad Hoteles Costa Oriental -propietaria del hotel Samoa, situado en Calas de Mallorca- a la familia Hoz.

Junto al empresario jerezano ha sido citado, la misma jornada, su hijo Álvaro Ruiz-Mateos, mientras que el 14 de marzo ha sido emplazada a declarar la presunta testaferro del quien fuese patriarca del conocido 'holding' empresarial, María Susana Álvarez Ampuero, y otro de sus hijos, Javier. Finalmente, el 21 de marzo serán interrogados los hermanos de éste Pablo, Zoilo y José María.

El empresario, junto a sus seis hijos, tiene también retirado el pasaporte y prohibido salir del territorio nacional en el marco de un tercer caso, centrado en una supuesta estafa de 7,3 millones de euros a Inversiones Insulares Radó. Se trata de una causa que se encuentra en manos del titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, quien además acordó para ellos la obligación de comparecer periódicamente 'apud acta' en dependencias judiciales.

Por su parte, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz decretó el pasado 26 de enero el embargo de todo el patrimonio de la familia Ruiz-Mateos, compuesto por unos 220 inmuebles, fincas rústicas, cerca de un centenar de obras de arte y vehículos de alta gama, tras los registros practicados por la Policía judicial durante cerca de 15 horas.

La incautación de estos bienes se produjo dentro de la causa abierta por Ruz, que investiga a los Ruiz-Mateos por la presunta estafa a los inversores de pagarés de Nueva Rumasa, y para evitar su venta, ya que el dinero resultante de su liquidación estaría destinado a cubrir las deudas de 289,1 millones de euros contraídas con los afectados.

Las direcciones de Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam) y de Autocares Casal S.L., concesionaria de las líneas 28 y 29 de la citada sociedad municipal, han alcanzado un acuerdo sobre un calendario de pago de las cantidades que la empresa pública adeuda, según ha informado el Ayuntamiento hispalense y ha confirmado a Europa Press Luis Martín, director gerente de Casal.

Ampliar foto

Según ambas partes, durante el año 2012 la empresa municipal de transportes abonará un total de seis millones de euros a Casal, de los cuales 800.000 irán dirigidos a sufragar la deuda. El resto se terminará saldando a lo largo de los primeros meses del año 2013, no sobrepasando el mes de abril. "Esto no es lo más idóneo porque la deuda seguirá en 2013, pero nos permitirá afrontar nuestras obligaciones de pagos. Estamos satisfechos", ha dicho Martín.

Así, el calendario fijado contempla el abono de unas cantidades mensuales que irán aumentando de manera escalonada y superiores a la facturación de cada mes, de manera que, además de hacer frente al pago mensual ordinario, se pueda reducir progresivamente la deuda acumulada de años anteriores. De acuerdo con dicho calendario, la deuda total quedaría saldada en un periodo ligeramente superior a un año.

Según Tussam, "este acuerdo ha sido posible gracias a la excelente disposición de la empresa Casal a negociar un plazo asumible por ambas partes".

El candidato de UPyD a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Martín de la Herrán, ha considerado "repentino e injustificado" el cambio de los temarios en las oposiciones para docentes por parte del Gobierno de la Nación, una decisión "lamentable", tomada "sin previo aviso".

Ampliar foto

En un comunicado, De la Herrán ha indicado que esta modificación en el sistema de acceso a la función docente en Andalucía, a tan sólo cuatro meses de la convocatoria de exámenes, denota una "absoluta irresponsabilidad", llegando a provocar "desconcierto, malestar, frustración y sensación de esfuerzo y tiempo perdido entre los opositores".

En esta línea, ha criticado que "se mantenga la incertidumbre sobre la posible impugnación de estas oposiciones por parte del Ministerio". En su opinión, lo que, al parecer, subyace tras esta modificación es "la disconformidad del Gobierno de la Nación ante la convocatoria pública de plazas anunciada por la Junta de Andalucía, que no tuvo en cuenta la intención por parte del Ministerio de no convocar oposiciones hasta el año 2013".

El candidato a la Presidencia de la Junta ha considerado que las administraciones deben velar por el interés general de la ciudadanía "y dejar a un lado las confrontaciones políticas, que no hacen más que perjudicar de forma directa e indirecta a los ciudadanos".

"Parece que tanto la Administración autonómica como la estatal están más preocupadas por ver quien queda por encima de la otra, que en acordar unas líneas claras para el proceso selectivo de 2012", ha añadido.

A su juicio, este asunto "vuelve a poner de manifiesto la conveniencia de llevar a cabo una devolución de las competencias al Estado en materia de educación para garantizar la igualdad, una educación de calidad fundamentada en la planificación y en la gestión eficaz de los recursos materiales y humanos en esta materia".

La diseñadora de Sevilla de Moda María Villarrubia representará a Andalucía en la XXV edición de los Premios Nacionales de la Moda, que se celebrarán en la Fundación Telefónica, situada en la Gran Vïa de Madrid, el próximo día 16 de febrero de 2012.

Según indica Sevilla de Moda en una nota, María Villarrubia ha participado recientemente en encuentros profesionales como la Semana de la Moda de Sevilla, con su colección 'Essenza', en el Casino de la Exposición, y en eventos como Innova Flamenca y los Certámenes de Jóvenes Diseñadores de Andalucía.

Organizada por la Asociación Nacional de Jóvenes y Nuevos Diseñadores de España (ANDE), la XXV edición de la Gala de los Premios Nacionales de la Moda se convertirá en "todo un acontecimiento de moda en la capital de España".

Este evento responde a la "actual estrategia de externalización de la Moda de Sevilla iniciada recientemente por Sevilla de Moda, en un claro proceso de exportación de la imagen de nuestra ciudad asociada a la moda, participando en eventos como los Premios Nacionales de la Moda de Madrid, el evento The Brandery en Barcelona, o los salones de 'pret a porter' de París, Londres y Brasil".

Con estas acciones, Sevilla de Moda pretende "llevar el nombre de nuestra ciudad por los mejores escaparates de moda del mundo".

IULV-CA ha pedido a la Junta Electoral que ordene la "inmediata suspensión" de la visita institucional que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, tiene previsto realizar este jueves al Ayuntamiento sevillano de Badolatosa, gobernado por el socialista, Antonio Manuel González, tras la invitación por parte del Consistorio.

Este recurso se suma a uno anterior presentado por IULV-CA y en el que se pedía a la Junta Electoral la suspensión de otro acto este mismo jueves al que también acudirá el presidente de la Junta, quien con anterioridad a su visita al Ayuntamiento de Badolatosa, mantendrá un encuentro con el equipo de gobierno del Consistorio de Casariche (Sevilla).

En un comunicado, la Asamblea de IULV-CA en Badolatosa ha indicado que, una vez convocadas las elecciones, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) prohíbe que se realicen actos institucionales y ha destacado que una vez que se aproximan estos comicios "es cuando al presidente de la Junta se le ocurre acudir por primera vez a este municipio".

"¿Por qué no se ha interesado por Badolatosa cuando no había elecciones?", se pregunta IULV-CA, quien ha señalado que, "por si fuera poco, al día siguiente será la delegada del Gobierno de la Junta, Carmen Tovar, quien visite nuestro pueblo para la presentación oficial del cuerpo de Protección Civil, infringiendo de nuevo la Ley Electoral con otro acto ilegal".

Desde la federación de izquierdas se critica que "con dinero público se realicen unos actos que son de campaña electoral al servicio de un partido", al tiempo que se insta a la ciudadanía a decir "basta ya" a este tipo de "abusos", a través de un "boicot", y se censura al alcalde "que se presta a poner el Ayuntamiento y el dinero de los badolatoseños al servicio de su señorito".

Adecco apuesta por la formación de los jóvenes sin empleo de España y para ello está contribuyendo activamente con los proyectos impulsados desde las administraciones y ofrece 600 plazas para participar gratuitamente en uno de los diferentes módulos formativos —especializados en los sectores con mayor demanda laboral— que culminarán con prácticas profesionales en empresas de referencia del mercado de trabajo.

Esos sectores, que todavía reclaman profesionales, son el sanitario, el de recursos humanos, el de 'contact center', el de hostelería y el de distribución comercial. Gracias a la formación impartida por Adecco, los jóvenes desempleados podrán capacitarse como celadores, administrativos sanitarios, teleoperadores, televendedores, administrativos de gestión de personal, dependientes, reponedores, camareros de piso o camareros de salas.

Los cursos comenzarán a principios de marzo y contarán con doce semanas de formación teórica (300 horas) y cuatro semanas de prácticas profesionales en empresas de primer nivel que se han comprometido a colaborar con Adecco para favorecer la inserción laboral de los jóvenes.

Adecco, desde su experiencia en el mercado laboral, ha constatado que la orientación y la formación son las herramientas más eficaces para aumentar las posibilidades de inserción laboral de los jóvenes desempleados, por eso, el objetivo final de los módulos formativos es aumentar la empleabilidad de los jóvenes en paro fortaleciendo sus habilidades en labúsqueda de empleo, adquirir conocimientos y técnicas que les capacitarán para desenvolverse como profesionales de sus respectivos sectores, aplicar los conocimientos adquiridos y entrar en contacto con entornos reales de trabajo.

La iniciativa pretende llegar al mayor número de jóvenes desempleados y en el mayor número posible de localidades. De forma inicial, podrán participar aquellos jóvenes menores de 30 años de Madrid, Barcelona, Tenerife, Palma de Mallorca, Málaga, Zaragoza y A Coruña.

Prácticas profesionales

Tener la posibilidad de realizar prácticas en empresas de primer nivel permitirá a los desempleados tomar contacto con el mercado laboral y "dejar huella" en la empresa en la que desarrollen sus funciones. Por ese motivo, al concluir la formación teórica, los 600 participantes accederán a prácticas profesionales (de una duración de 120 horas) que les permitirá aplicar en un contexto de trabajo real lo aprendido en la formación teórica.

Estas prácticas se realizarán en las principales empresas del sector sanitario, recursos humanos, contact center, hostelería y distribución comercial.

Los requisitos serán estar desempleado e inscrito en las oficinas del INEM como demandante de empleo, tener menos de 30 años, ser español o extranjero con residencia legal y en vigor en España (estar en posesión de un DNI o NIE), preferiblemente, no haber obtenido un título universitario ni de Formación Profesional de grado superior, tener ganas de aprender y desarrollarse profesionalmente en sectores en auge, tener acceso a un ordenador y conexión a Internet (para algunos itinerarios).

La promotora Live Nation ha anunciado este miércoles que Luis Miguel ha agotado todas las localidades para su actuación en Madrid del viernes 11 de mayo, por lo que el artista mexicano dará un segundo concierto en la capital, también en el Palacio de los Deportes, el sábado día 12.

Antes, y en el marco de su gira de esta primavera por España, actuará en el Palacio de Deportes José Martin Carpena de Málaga (5 de mayo), mientras que al día siguiente lo haré en el Palacio Municipal de Deportes San Pablo de Sevilla, según la web del artistas.

Las entradas para el segundo concierto de Luis Miguel en Madrid estarán a la venta a partir de las 10,00 horas de este viernes 10 de febrero, a través de los puntos de venta oficiales -Ticketmaster, Servicaixa, El Corte Inglés, y LiveNation.es- y costarán entre 46 y 90 euros.

Luis Miguel también presentará en directo su último trabajo homónimo en otras ciudades españolas como Santiago de Compostela (7 abril), Mallorca (30 abril), Alicante (4 mayo), Barcelona (10 mayo).