Las directivas europeas destinadas a combatir la morosidad comercial han sido foco de debate durante estos últimos años. La incertidumbre que enfrentan a diario las empresas, especialmente las pymes, para hacer frente a la demora y la falta de pago por parte de sus proveedores constituye en ocasiones uno de los principales motivos del cese de actividad de muchos negocios.
A modo de ilustración, más del 60% de las empresas residentes en la Unión Europea no son capaces de recibir sus pagos a tiempo. Cifras aún más representativas entre las pequeñas y medianas, las más vulnerables cuando se producen situaciones de morosidad en operaciones comerciales.
Alberto Redondo
- Director de Mass Market en SERES
La consulta pública anunciada hace unas semanas por la Comisión Europea para recabar información sobre la validez de la directiva europea contra la morosidad comercial es un paso en la buena dirección. Este nuevo borrador marca entre sus principales objetivos el apoyo a las pymes a través de una modificación de la actual normativa de pagos. No por ende, para alcanzar este ambicioso reto es necesario promover un cambio definitivo hacia la cultura del “pago sin demora”.
Las peculiaridades de cada país y sector, e incluso en las relaciones entre empresas, añaden perspectivas específicas en torno a las políticas impulsadas por los gobiernos para hacer frente a la morosidad. Las opiniones a este respecto son muy dispares. No obstante, todas ellas cuentan con algo en común, y es que el retraso en los pagos y el anticipo en el cobro supone una medida estratégica que mejora la competitividad de las empresas. Un aliciente para la implementación de prácticas empresariales en los que prima la rentabilidad por encima de las empresas perjudicadas, que acostumbran a ser las que cobran más tarde.
Algo especialmente notorio en España que, aunque ha incorporado en su derecho interno medidas para luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales, aún existen problemas de fondo que las leyes no han conseguido solucionar. De hecho, el pasado 7 de marzo, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha sacado a consulta pública el modelo de masificación de factura electrónica, en el que la reducción de la morosidad comercial juega un papel protagonista. Esta consulta permitirá conocer al Ministerio la opinión de las empresas respecto a la normativa de la 'e-factura'.
Si hay algo que nos ha enseñado las últimas crisis a nivel empresarial es que es necesario seguir impulsando la transformación digital en las empresas. Un elemento clave para avanzar hacia la digitalización en el sector empresarial es sin duda la factura electrónica, una de las grandes desconocidas para la mayor parte de las empresas españolas. Desde su implementación, el uso de esta herramienta ha contribuido a mejorar el periodo medio de pago a proveedores y combatir uno de sus mayores obstáculos, la morosidad.
La digitalización basada en la factura electrónica es una oportunidad única para que las empresas evolucionen hacia mejores términos de sostenibilidad, ahorro económico y eficiencia, dejando atrás lastres históricos, como la morosidad comercial, asociada a obsoletos procesos de facturación. Los próximos años serán determinantes para consolidar su reconocimiento en el mercado empresarial.
El modelo por el que apuesta el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital es claro: las empresas deberán contar con un proveedor de servicios tecnológicos que cumpla con todos los requisitos necesarios de seguridad, interoperabilidad e interconexión. Además, con el objetivo de facilitar al máximo la contratación e implementación de este servicio, las pymes y los autónomos podrán solicitar las ayudas del Kit Digital.
Sirva como ejemplo las autoridades tributarias, que destacan la importancia de su uso para contribuir a la transformación digital de las compañías y el aumento de la competitividad. Una opinión compartida por las empresas fintech, que la sitúan como un documento clave para el acceso a nuevos canales de financiación, o el Gobierno de España, que se posiciona como adalid de la morosidad comercial en la Ley Crea y Crece.
La creación de un régimen sancionador para aquellas empresas que no cumplen con los plazos de los pagos podría ser una solución. Contar con datos fiables de lo que se sanciona puede ser una de las claves.
Ahora está en manos de los gobiernos seguir promoviendo un entorno descentralizado de facturación electrónica en donde los operadores tecnológicos aseguren y velen por la trazabilidad del sistema. Solo así se podrá estar más cerca de disponer de una información fiable y justa con la que combatir la morosidad en las empresas.
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