La garantía de los electrodomésticos y otros dispositivos que se compraban en países de la Unión Europea era de dos años, hasta el 1 de enero de 2022, que se aumentó un año más. Por lo tanto, los productos adquiridos a partir de dicha fecha cuentan con un plazo de 36 meses para pedir una reparación gratuita si se estropean o un reemplazo, en caso de que hayan salido defectuosos. Sin embargo, este tiempo extra se sumó a todos los aparatos comprados tras el Año Nuevo, es decir, si se cogió el 31 de diciembre, los vendedores no tienen la obligación de arreglar o cambiar uno de sus artículos.
Además, los vendedores o fabricantes pueden ofrecer una garantía comercial adicional a través de un compromiso con el cliente. Esta se realiza de forma voluntaria y, generalmente, supone un extra en el precio final.
En un principio, los defectos que se perciben en los dos años desde la compra se relacionan con problemas de fábrica. Por lo tanto, los vendedores deben ser los que demuestren que el fallo se debe a un mal uso en caso de no estar de acuerdo. Cuando esto ocurre más adelante, es el servicio técnico de la empresa quien debe determinar si el error viene de fábrica o ha sido provocado.
Si se comprueba que la rotura se debe a un uso inadecuado del aparato, la reparación no la cubre la garantía y debe ser el consumidor quien se haga cargo.
Con la entrada en vigor del aumento del periodo de garantía, también incrementaron los plazos para otras cuestiones relacionadas. Por ejemplo, la obligación por parte de los fabricantes de mantener piezas de reparación o de un servicio técnico adecuado de sus aparatos debían estar disponibles hasta 10 años después de que dejasen de fabricarse.
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