Los dispositivos que compremos a partir del 1 de enero de 2022 pasarán a tener tres años de garantía legal gracias a una nueva normativa de consumo aprobada el pasado mes de abril. Hasta ahora, España se guiaba por el mínimo requerido de la Unión Europea que aseguraba dos años de garantía a los consumidores.
Cabe señalar que la modificación del Real Decreto Legislativo 1/2007 entrará en vigor el día de Año Nuevo. Por lo tanto, los smartphones u ordenadores que se compren hoy 31 de diciembre no disfrutarán de esta garantía, pero los que se adquieran a partir de mañana sí que se les aplicará esta ley.
Desde la ONG Facua, han recordado que los usuarios tendrán hasta tres años para la “manifestación de conformidad”, es decir, el “plazo de aplicación de la garantía legal de un producto”. La Artículo 120 de la normativa recoge que “el empresario será responsable de las faltas de conformidad que existan en el momento de la entrega o del suministro y se manifiesten en un plazo de tres años desde la entrega en el caso de bienes”.
Sin embargo, el cambio legal va más allá: actualmente, las empresas solo tienen la obligación de guardar durante 5 años las piezas de los artículos que ya no vendan. Desde mañana, la nueva ley dicta que las compañías almacenar estas piezas durante al menos 10 años para facilitar la reparación y alargar la vida útil de los dispositivos.
Por otro lado, las entidades que ofrezcan servicios y contenidos digitales también tendrán el deber de dar una garantía de dos años. En este caso, los afectados serán los “programas informáticos, aplicaciones, archivos de vídeo, archivos de audio, archivos de música, juegos digitales, libros electrónicos u otras publicaciones electrónicas”.
Además, con el cambio de normativa, los clientes tendrán el derecho a elegir entre reparación o sustitución de un aparato durante más tiempo. En un principio, el plazo de no conformidad era de 3 años, mientras que a partir de Año Nuevo será de 5 años.
En cuanto al plazo para que el consumidor acredite que no está conforme con su compra pasará a ser de uno a dos años (en función del producto) frente a los 6 meses que duraba antes.
Los empresarios podrán oponerse a las reclamaciones de los consumidores demostrando que su falta de conformidad no existía en ese momento. A partir del plazo de dos años, el cliente será el que se deba encargar de probar que la falta de conformidad existía desde la entrega del producto.
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