Una menor huye y pide ayuda a los Mossos para evitar ser casada a la fuerza
- La joven ha denunciado el trato acordado por sus padres en una comisaría de la policía catalana.
- Las mentiras que hicieron viajar a Pakistán a las hermanas asesinadas.
Los Mossos d'Esquadra investigan un presunto caso de matrimonio forzado de una menor de edad en el extranjero, según ha publicado 'El Periódico' y han confirmado a la ACN fuentes de la policía catalana, que no han dado más detalles sobre el caso.
El rotativo publica que la joven ha denunciado el trato acordado por sus padres en una comisaría de la policía catalana, que ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. Por otra parte, 'La Vanguardia' ha detallado que la menor huyó de madrugada para pedir ayuda a los Mossos y que el país donde pretenden obligarla a casarse es Bangladesh.
La denuncia se produce en medio de la conmoción que ha causado esta semana el asesinato de dos hermanas de origen pakistaní y vecinas de Terrassa que querían divorciarse de sus maridos. Ambas viajaron a Pakistán engañadas, donde presuntamente miembros de su propia familia las asesinaron.
85 niñas y 68 mujeres atendidas por matrimonios forzados
Los Mossos atendieron entre 2010 y 2019 a 85 niñas y 68 mujeres por matrimonios forzados o por estar en riesgo de sufrirlos, según datos del Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña. Sólo el año pasado fueron 10 las jóvenes atendidas de entre 14 y 20 años, de las cuales seis eran menores de edad.
El Código Penal establece en su artículo 172 bis penas de prisión de seis meses a tres años y seis meses o bien multas de doce a veinticuatro meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados, para aquellos que obliguen a una persona a contraer matrimonio "con intimidación grave o violencia". Las condenas se agravan si las víctimas son menores de edad.
Para la detección de este tipo de situaciones son clave las alertas de los servicios sociales y educativos para detectar alteraciones en el comportamiento, ya que no es común que sean las propias víctimas las que denuncien.
En 2020, la Generalitat presentó un protocolo de prevención de esas prácticas para saber cómo detectarlas, cómo intervenir y cómo ayudar a las víctimas, con coordinación de todos los ámbitos asistenciales; unos protocolos que quiere generalizar la ley de garantía de la libertad sexual, la conocida como ley del solo sí es sí, que llega este jueves al pleno del Congreso.