Dentista
Un dentista realiza una ortodoncia. GTRES

La organización de consumidores Facua ha denunciado a Lidl ante la Agencia Catalana del Consumo por la venta de un set de pulido dental de la marca Nevadent y exigió su retirada después de que el Colegio de Odontólogos de Madrid alertase de que debido a su elevado número de revoluciones "puede quemar los dientes e incluso hacer necesario endodonciarlos", y exigiera también su salida del mercado.

Facua advirtió del riesgo que puede conllevar para la salud de los consumidores el uso de estos productos que se venden como utensilios que realizan "fácilmente" tareas complejas como la eliminación de placa dental, cuando, a su juicio, estas prácticas "deben ser realizadas por personal sanitario cualificado", según precisó a través de un comunicado en el que también puntualizó que, debido a su "peligrosidad", este set "solo es apto para su uso por parte de profesionales".

La organización subrayó que Lidl publicita este set de pulido como un artículo que ayuda a reducir el sarro y las manchas en los dientes y elimina fácilmente la placa dental trabajando a 10.000 revoluciones por minuto, cuando el Colegio de Odontólogos de Madrid denunció que ello puede ocasionar una "pulpitis, provocada por el calor, que se transmita al nervio del diente y produzca dolor o acabe haciendo necesaria una endodoncia en un diente sano".

Facua incidió en que los bienes puestos a disposición de los usuarios en el mercado "siempre deben ser seguros y no deben presentar riesgo alguno para la salud o seguridad de las personas", en referencia a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Asimismo, recordó que la empresa está obligada a "respetar la obligación" de retirar, suspender o recuperar, "mediante procedimientos eficaces", los productos o servicios que supongan un "riesgo previsible para la salud o seguridad de las personas".

Por todo ello, la asociación instó a la Administración catalana a tomar "medidas" al respecto que sean "proporcionales y coherentes con el riesgo para minorarlo, aunque afecten a los derechos de los administrados" al entender que existen "indicios racionales de infracción administrativa o de peligro para la salud o seguridad de los consumidores", tal y como recoge el Código de consumo de Cataluña.

La citada ley catalana indica, según apuntó Facua, que se consideran infracciones en materia de seguridad aquellas "acciones u omisiones que, aunque no incumplan ninguna disposición, produzcan un riesgo o un daño efectivo para la seguridad de las personas consumidoras, si se hacen sin las precauciones o cautelas exigibles en la actividad".