De Alcàsser a La Manada, las sentencias más mediáticas

No es fácil encontrar en los últimos años procesos judiciales que hayan levantado tanta expectación en España como el seguido contra los cinco jóvenes del grupo conocido como La Manada, acusados de violar a una joven durante los Sanfermines de 2016.

La polémica sentencia conocida este jueves, que no condena a los acusados por agresión sexual (violación), sino por un delito de abuso sexual, ha sacado a la calle a miles de personas en ciudades de todo el país, en protesta por el veredicto y en apoyo de la víctima.

Es, de momento, el último capítulo de una historia que, en el contexto de una sociedad cada vez más concienciada sobre el drama de la violencia machista, y con el efecto amplificador de las redes sociales, ha alimentado durante meses espacios en los medios de comunicación y conversaciones en todos los ámbitos.

Antes de La Manada, no obstante, otros casos más o menos recientes e igualmente escabrosos, han tenido también en vilo al país, con el denominador común de la tragedia y la violencia contra mujeres y/o menores, y a menudo con polémica, tanto por su utilización como espectáculo por parte de algunos medios, como por los juicios paralelos a los que, en ocasiones, han dado lugar.

Repasamos a continuación algunos de los más mediáticos.

En 2017 se cumplieron 25 años de la desaparición de "las niñas de Alcasser", tres menores de entre 14 y 15 años, que fueron vistas por última vez el 13 de noviembre de 1992, cuando se dirigían desde Alcàsser, una población cercana a Valencia donde residían, a una discoteca de la vecina Picassent, a la que nunca llegaron.

La desaparición dio paso a una intensa búsqueda, que concluyó el 27 de enero de 1993 cuando dos apicultores hallaron los cadáveres semienterrados de las adolescentes en un paraje de difícil acceso conocido como "La Romana", cerca de la presa de Tous. Las autopsias confirmaron, después, que Miriam, Toñi y Desireé habían sido torturadas y violadas antes de ser asesinadas.

La repercusión mediática del triple crimen fue tal que a las pocas horas de haberse encontrado los cuerpos, programas de emisión nacional trasladaron sus platós a Alcàsser y entrevistaron a los padres, familiares y amigos de las niñas, en lo que numerosos analistas han llegado a denominar el "inicio de la telebasura" en España.

El 29 de noviembre de 2013, Miguel Ricart, el único condenado por los crímenes, abandonó la cárcel de Herrera de La Mancha (Ciudad Real). Tenía 44 años y había pasado 21 entre rejas. Antonio Anglés, cuya participación en los crímenes fue igualmente probada, sigue en paradero desconocido.

Cuando han pasado ya mas de nueve años de la desaparición de Marta del Castillo, las fuerzas de seguridad siguen sin localizar el cuerpo de esta joven sevillana desaparecida el 24 de enero de 2009, mientras su asesino, Miguel Carcaño, que cumple una condena de 20 años y tres meses de cárcel, se niega o no puede revelar el lugar donde se deshizo del cadáver ni las personas que le ayudaron.

Hasta nueve versiones ha dado Carcaño sobre el paradero del cuerpo, desde el río Guadalquivir hasta un contenedor de basuras, pasando por un descampado de Camas (Sevilla) y una finca en la llamada Ruta del Agua. Las búsquedas han supuesto al Estado cientos de miles de euros y para la investigación se ha incluido hasta el llamado "test de la verdad", realizado en Zaragoza en marzo de 2014, pero sin resultados positivos.

Carcaño, un joven con el que la víctima había mantenido una relación sentimental en el pasado, no es sin embargo el único condenado dentro del caso. Condenado fue también Javier G. M., alias "el Cuco", un adolescente que tenía 15 años cuando sucedieron los hechos, y que en 2011 fue sentenciado a dos años y once meses de reclusión, por un delito de encubrimiento.

El resto de los acusados fueron absueltos: el hermano de Carcaño, Francisco Javier Delgado; su novia, María García, así como el joven Samuel Benítez, imputados todos ellos de un delito de encubrimiento al ayudar al asesino a deshacerse del cuerpo de la víctima, y que el tribunal consideró no probado, como tampoco lo fue que Carcaño y "el Cuco" violaran a Marta.

Los tres menores de edad condenados en octubre de 2003 por el asesinato de la joven Sandra Palo se encuentran ya en libertad tras haber cumplido las penas impuestas. Los hechos se remontan al 17 de mayo de ese año, cuando un camionero halló el cadáver de Sandra, atropellado y semicalcinado, en una cuneta de la carretera de Toledo (N-401), en el municipio madrileño de Leganés.

Libre, desde junio de 2010, se encuentra Rafael F. G., "El Rafita", quien cuando sucedieron los hechos tenía sólo 14 años. El menor fue condenado a cuatro años de internamiento en régimen cerrado y tres de libertad vigilada, periodo éste último durante el cual fue detenido hasta en seis ocasiones por robar o intentarlo.

En libertad se encuentra también Ramón S. J., dos años mayor que "El Rafita" y que quedó en libertad "total" en 2011, tras cumplir ocho años de internamiento. El acusado tendría que haber pasado otros 18 meses en régimen semiabierto y otros cinco años más de libertad vigilada, pero el juez dejó sin efecto estas medidas.

Finalmente, libre se encuentra asimismo Ramon M. M., quien recuperó la libertad tras cumplir ocho años de internamiento en régimen cerrado, más otros once meses de internamiento. El resto de las penas —entre ellas cinco años de libertad vigilada— quedó sin efecto.

Dos juicios se celebraron por el asesinato de la joven Rocío Wanninkhof, de 19 años, desaparecida el 9 de octubre de 1999 en Mijas (Málaga) y cuyo cadáver fue encontrado el 2 de noviembre de ese año en un paraje de la vecina localidad de Marbella.

En el primero, la Audiencia Provincial de Málaga condenó en septiembre de 2001 a Dolores Vázquez, ex compañera sentimental de la madre de Rocío, a quince años y un día de prisión. Vázquez pasó 17 meses en la cárcel, hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló, en febrero de 2002, la sentencia por la falta de motivación del veredicto emitido por el jurado popular.

Sin embargo, cuando se iba a celebrar un segundo juicio, otro asesinato, en este caso el de la joven Sonia Carabantes, en agosto de 2003, en la vecina localidad malagueña de Coin, dio un vuelco a la situación. Las muestras de ADN halladas bajo las uñas de Sonia coincidían con las obtenidas en una colilla encontrada donde desapareció Rocío Wanninkohf en 1999, lo cual conectaba ambos casos.

El 17 de septiembre de 2003 se suspendió el nuevo juicio contra Vázquez y un día después fue detenido Tony Alexander King, un ciudadano británico residente en Málaga, cuyo ADN coincidía con las muestras recogidas en los escenarios de los dos crímenes. Tres años después, la Audiencia Provincial de Málaga condenaba a 19 años de prisión a King. King sería condenado asimismo por la muerte de Sonia Carabantes a 36 años de cárcel, y a siete años de prisión por intento de violación en 2001 de una joven en Benalmádena.

Dolores Vázquez, que durante el proceso, y debido a la exposición mediática, sufrió las consecuencias de uno de los más claros ejemplos de juicios paralelos en España, fue exonerada.

Por el asesinato de Mari Luz Cortés, una niña de 5 años que desapareció de su domicilio en la barriada de El Torrejón de Huelva, el 13 de enero de 2008, y cuyo cadáver apareció en la ría 54 días después, fueron condenadas inicialmente dos personas: Santiago del Valle fue sentenciado en 2011 a 19 años de prisión por un delito de asesinato y a 3 años por un delito de abuso sexual; su hermana Rosa del Valle fue condenada a 9 años por cómplice del delito de asesinato.

Las sentencias ponían fin al proceso abierto en marzo de 2008 después de la detención de los hermanos del Valle, en el que participaron más de 70 testificales, entre testigos y peritos.

Posteriormente fue condenada también a dos añós de cárcel, por falso testimonio, Isabel García, mujer de Santiago del Valle, y el caso, polémico por las irregularidades judiciales que lo rodearon desde el principio, vivió una vuelta de tuerca el 25 de febrero de 2011, cuando Isabel se retractó en El programa de Ana Rosa (Telecinco) de su declaración ante el tribunal y aseguró que su marido "se cargó a Mari Luz".

García, que sufre una minusvalía psíquica, ingresó en prisión por orden de la juez Coro Cillán, que abrió además diligencias para aclarar la actuación de los responsables de Telecinco y del programa "por el modo y forma" en que la entrevistada fue trasladada de Sevilla a Madrid, donde se realizó la entrevista, y con posterioridad a dependencias policiales.

El 12 de mayo de 2014, la presidenta de la Diputación Provincial de León y del PP en esa provincia, Isabel Carrasco, murió tras recibir tres disparos cuando atravesaba una pasarela peatonal sobre el río Bernesga para dirigirse a la sede del partido en el Paseo de Salamanca.Veinte minutos después, y gracias a la colaboración de un policía retirado, la Policía detuvo a Montserrat González y a su hija Triana Martínez como supuestas autoras del crimen.

Sin rastro del arma homicida, el 14 de mayo, la policía local Raquel Gago entregó en la Comisaría de León la pistola con la que se perpetró el crimen, y explicó que la encontró en su coche sin saber cómo llegó hasta allí.

Durante el juicio, Montserrat González declaró ser la única responsable de los hechos y afirmó que actuó movida por el odio, ya que responsabilizaba a Isabel Carrasco del despido de su hija de la Diputación de León y de cercenar su carrera política en el PP.

El 20 de febrero de 2016, el jurado declaró culpables de asesinato, atentado a la autoridad y tenencia ilícita de armas a las tres acusadas, al considerar probado que urdieron un plan para asesinar a Carrasco, del que las tres eran conocedoras y del que todas aceptaron formar parte.

Monserrat y a su hija Triana fueron condenadas a 22 y 20 años de prisión, respectivamente, por el asesinato de Carrasco, mientras que Gago fue absuelta de este delito y condenada a cinco años por encubrimiento y tenencia ilícita de armas. Posteriormente, el TSJCyL elevó de 5 a 14 años la condena a Gago al considerarla cómplice de asesinato y por tenencia ilícita de armas.

El caso se remonta al 8 de octubre de 2011, fecha en la que José Bretón denunció la desaparición de sus hijos, cuando paseaban juntos por un parque de Córdoba. Desde un principio, los agentes policiales dudaron sin embargo de la versión del progenitor, un ex militar destinado en Bosnia, que se encontraba en trámites de separación de su mujer, Ruth Ortiz, quien a su vez había solicitado la medida quince días antes de las desapariciones.

La reconstrucción de los hechos determinó al poco que la finca familiar de "Las Quemadillas" fue el último lugar donde habían estado los niños, por lo que la versión paterna de que se perdieron en el parque se cayó pronto por su propio peso. Una hoguera aún candente, con multitud de restos óseos pendientes de identificar, fue el escenario que los investigadores hallaron en la finca, aunque debían ser las pruebas periciales las que confirmaran el fatal desenlace del caso. La forense policial concluyó sin embargo que los restos óseos eran de animal, y el caso se convirtió en un circo mediático.

Para el juez instructor, Bretón era no obstante el responsable de la desaparición de sus hijos y lo envió a prisión trece días después del suceso, aunque en ese momento solo estaba acusado de dos delitos de detención ilegal. No fue hasta agosto de 2012, nueve meses después del suceso, cuando el prestigioso antropólogo Francisco Etxeberría confirmó la dramática sospecha. Los restos pertenecían a dos humanos de entre 2 y 6 años.

La maquinaria judicial se aceleró entonces. José Bretón fue acusado de dos delitos de asesinato de los que fue declarado culpable por un jurado popular en julio de 2013 y condenado posteriormente a 40 años de prisión por matar y quemar a su hijos. El 9 de julio de 2014, el Tribunal Supremo confirmó la condena.

(Con documentación de la agencia Efe)