La Comunidad de Madrid presionó a la Complutense para que sancionara a Monedero

La Comunidad de Madrid ha paralizado las elecciones al Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) después de que la consejera de Educación, Lucía Figar, llamase al actual rector, José Carrillo, para que sancionase al profesor y 'número dos' de Podemos, Juan Carlos Monedero, por realizar colaboraciones con la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) sin permiso.

La suspensión de las elecciones fue acordada el pasado jueves, 26 de febrero, en la reunión semanal ejecutivo madrileño y a propuesta de la propia Figar, que pidió inadmitir la modificación de los estatutos de Complutense por no estar adaptados a la Ley Orgánica 4/2007 de Universidades. De esta forma los comicios no podrían convocarse. La consejera había telefoneado con anterioridad a Carrillo para pedir la cabeza de Monedero, según explicaron a 20minutos fuentes próximas al rector. Educación no niega que la llamada se produjese, pero califica de "absolutamente falso" el hecho de haber presionado a las autoridades universitarias.

A pesar de su trascendencia, el gobierno autonómico no comunicó el jueves su decisión de paralizar los comicios, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOCM) el viernes y que este lunes impidió anunciar la llamada a las urnas, como estaba previsto.

El equipo directivo de la Complutense, que queda en una situación de interinidad, ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), solicitando la suspensión cautelarísima del acuerdo. La polémica, con todo, no ha cogido por sorpresa a la primera universidad española.

José Carrillo esperaba en las últimas fechas alguna "maniobra" por parte de la Comunidad y del PP de Madrid, que ha intentado recuperar el control de la Complutense desde la salida de Rafael Puyol, el último rector afín a sus ideas y antecesor de Carlos Berzosa, que precedió, a su vez, a Carrillo.

El primer aviso se produjo el pasado 6 de febrero, cuando Ignacio González insinuó que la institución estaba protegiendo Monedero. "No me gustaría pensar que Carrillo [...] quiera diluir este asunto porque piense que le pueda interesar desde el punto de vista electoral", aventuró el presidente autonómico. El rector contestó que el también secretario general del PP de Madrid no era quien para interferir en la autonomía universitaria.

Pero la llamada que confirmó sus sospechas llegó a mediados de mes, cuando Lucía Figar telefoneó al rector para hablar de los comicios. En esa conversación, la consejera advirtió a su interlocutor de que los estatutos de la Complutense estaban fuera de la ley, hecho que permitiría al Ejecutivo impugnar el procedimiento.

A continuación, y según el entorno del rector, la consejera apremió a Carrillo para que sancionase a Monedero, que ingresó 425.000€ por realizar informes para terceros —en este caso, el Alba— sin pedir permiso a la universidad, como es preceptivo de acuerdo al artículo 14 de la Ley Orgánica 53/1984 de Incompatibilidades.

Carrillo argumentó que el procedimiento aún estaba en fase de información reservada —paso previo a la apertura del expediente— y que, en cualquier caso, su tramitación dependía del inspector de servicios, que debía solicitar la información a Monedero y reunirse con él. Figar se mostró convencida de que el politólogo de Podemos era "culpable", a lo que el rector respondió que eso lo determinaría la investigación, cuya resolución, como ha ocurrido con procedimientos similares iniciados durante su mandato, podría tardar casi un año.

A preguntas de este diario, la Consejería de Educación no cuestionó la existencia de la llamada, aunque rechazó haber presionado a las autoridades universitarias. "Es absolutamente falso", reiteró un portavoz. Carrillo, por su parte, compareció este lunes para criticar las "presiones telefónicas privadas". Además, se mostró convencido de que el PP quiere "politizar" las elecciones de la Complutense.

"Puede ser que no les interese que gane las elecciones y puede ser que haya alguien enfadado por una sentencia que dice que tienen que pagar 51 millones de euros a la universidad —por transferencias prometidas y nunca realizadas—. Que cada uno haga sus cábalas", sentenció antes de asegurar que la Complutense "ni acelera ni frena nada", en relación a la investigación sobre Monedero.

El rector también respondió a las críticas lanzadas por los profesores Federico Morán, Rafael Calduch, Carlos Andradas y Dámaso López, sus rivales por el Rectorado, que han firmado una declaración conjunta acusándole de ocultar el problema de los estatutos. Un portavoz oficial de la UCM aseguró que todos ellos conocían la situación, ya que fue el propio Carrillo quien impulsó la reforma normativa al llegar en 2011.

En las circunstancias actuales, José Carrillo es un rector interino. Su mandato concluye, pero la universidad no puede quedarse sin su máxima autoridad, por lo que seguirá hasta que se resuelva la situación. Sus rivales argumentan que la situación actual provoca "inestabilidad institucional" e "incertidumbre legal", pero Carrillo se niega a dar pie a la Comunidad para que 'intervenga' la Complutense.

La solución pasa por celebrar elecciones con los actuales estatutos o esperar hasta reformarlos, un proceso que se alargaría durante meses.

De lo primero ya hay precedentes. En 2011, Carlos Berzosa convocó los comicios al rectorado con unos estatutos que incumplían la Ley Orgánica de Universidades desde 2007. "Entonces, la Comunidad no recurrió, porque pensaba que José Iturmendi —candidato conservador— podía ganar, pero se equivocaron. Ahora sí lo hacen, a pesar de que hemos adaptado la parte correspondiente a la elección del rector. ¿Por qué?" Se pregunta un miembro progresista del Consejo Social de la universidad.

Y es que el de los estatutos es un problema heredado. Si Berzosa incumplió su deber de modificarlos, Carrillo convocó a la comisión de reforma en cuanto accedió al cargo. El claustro de aprobación se convocó a finales de mayo de 2014, después del proceso de discusión y alegaciones obligatorio, pero la nueva redacción no salió adelante por falta de concurrencia: de las 350 personas llamadas a votar, apenas se presentaron 150, un número insuficiente. Aunque 120 dieron el sí, los estatutos no podían salir adelante.

Ya con el tiempo en contra, el rector pidió a la comisión que modificase, al menos, lo necesario para llevar a cambio el proceso electoral, a fin de no paralizar la institución. El trabajo concluyó en tiempo récord, pero la Comunidad de Madrid no ha aceptado los cambios, pese a no haber puesto objeciones legales durante los trámites, cosa que sí hizo la Dirección General de Universidades del Ministerio de Educación. En su lugar, y según el acuerdo adoptado el pasado 26 de febrero, la Comunidad se reserva el derecho de tomar "las acciones legales correspondientes" si la UCM sigue adelante.

El equipo del rector Carrillo cree que la autonomía universitaria prevalece, de acuerdo a las sentencias del Tribunal Constitucional, por lo que espera que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dicte la suspensión cautelarísima del acuerdo autonómico, permitiendo, así, la llamada a las urnas. "Es la decisión lógica. Un rector con 85.000 estudiantes, 5.800 profesores y 3.500 personas de servicio a su cargo no puede actuar de forma interina", critican desde la UCM.

La Comunidad de Madrid y la Universidad Complutense llevan enfrentadas desde la salida del conservador Rafael Puyol, que gobernó la institución entre 1995 y 2003. El caballo de batalla fundamental ha sido el de la financiación, que ha mermado en 147 millones desde 2008. A este le siguieron el conflicto por el estado de los colegios mayores de la UCM, denunciado por el hoy alcalde de Getafe por el PP, Juan Soler; la instalación del monumento a las brigadas internacionales republicanas en la Ciudad Universitaria o el cierre de las capillas existentes en el campus.

La última línea de batalla ha sido el hallazgo de 250 cadávares almacenados sin control en un sótano de la Facultad de Medicina.