El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno aterriza con una serie de medidas que afectarán a todos los conductores españoles, profesionales, transportistas y particulares. Después de haber oído sonar campanas, parece que la implementación de un sistema de pago por uso de las autovías gratuitas se va a hacer realidad en un plazo de 3 años y también se prevé revisar la fiscalidad relacionada con los vehículos en el próximo 2022. Igualmente, desde el Ejecutivo se ha confirmado una posible revisión de las bonificaciones que disfruta ahora el diésel para equiparar su coste al de la gasolina y, así, "internalizar los costes ambientales" de este carburante fósil.
Sistema de peajes en carreteras
El sistema de peajes que se proyecta implementar el próximo 2024 va en la línea de otras potencias europeas en las que sus ciudadanos pagan el uso de las autovías y autopistas. Desde diversas asociaciones como Seopan o ACEX se lleva advirtiendo, desde hace un tiempo, del exagerado déficit que sufre la red viaria española. En concreto, la conservación de carreteras acumula 8.000 millones de euros en pérdidas y solo el déficit de los tramos de autopista liberados alcanza los 286 millones de euros en 2021.
Ambas organizaciones han ya propuesto una serie de cantidades que podrían aplicarse al pago por uso previsto en 2024. Entre 3 y 9 céntimos de coste por kilómetro, recorrer por ejemplo los 314 kilómetros de la A-2 entre Madrid y Zaragoza podría suponer al bolsillo como mínimo 9,42 euros; y circular por los 529 kilómetros de la A-4 entre la capital y Sevilla costaría 15,87 euros.
Sin embargo, las cantidades que baraja el Ejecutivo español para cobrar estos peajes se basarían en el coste de un céntimo por kilómetros tal y como ha publicado Cadena Ser. Así, un viaje desde Madrid hasta Valencia supondría un recargo de 3,5 euros y de 6,4 euros a Barcelona o Cádiz.
La manera de implementar este sistema de pago puede ejecutarse por dos vías. La primera sería al estilo de una tarifa plana y, la segunda y por la que apuesta el Gobierno, sería por uso y kilómetro recorrido, como se estila en Portugal. A lo largo del próximo año se iniciaría el estudio relativo a la instalación de toda la tecnología necesaria para poner en funcionamiento el pago por uso y finalizar la instalación en el 2024, cuando empezarían a funcionar los peajes.
Las autopistas que dejan de ser pago
Este déficit señalado anteriormente es resultado de la liberalización de ciertos tramos de autopistas que hasta ahora habían sido de pago. Como ya anunció el ministro de Transporte José Luis Ábalos, el año pasado comenzaron a ser gratuitas la AP-7 entre Alicante y Tarragona, la AP-4 entre Sevilla y Cádiz y la AP-1 en Burgos, lo que incrementa el total de kilómetros cuyo mantenimiento asume el Estado. Este año suprime, además, el peaje en el tramo Zaragoza-Barcelona y la AP-7 desde Tarragona hasta la frontera.
La liberalización de estos tramos de autopistas engrosa el agujero económico de la red viaria y el Estado deja de ingresar por ellas más de 241 millones de euros en concepto de impuestos y tasas fiscales al mismo tiempo que deberá invertir 66 millones en mantenimiento, solo en este ejercicio. Mientras estos peajes dejan de pagarse, estas son el resto de autopistas más caras de la red.
Revisión de la fiscalidad de los vehículos
En el Plan de Recuperación se prevé revisar la fiscalidad relacionada con los vehículos para ajustarla al uso y a la contaminación. En concreto, es el impuesto de circulación el que se encuentra en el punto de mira ya que, como han señalado desde varias asociaciones, añadido al 21% de IVA, la adquisición de un vehículo nuevo está gravada por partida doble.
La tasa de matriculación va del 4,75% y un 14,75% sobre la compra de los vehículos que emitan entre 120 y más de 200 gramos de CO2 por kilómetro mientras que aquellos modelos cero emisiones están exentos de pagar este impuesto.
Fin a la bonificación del diésel
La revisión a la bonificación del diésel ya se anunció el año pasado y se ha especificado en el Plan de Recuperación, donde explica que el Gobierno llevará a cabo la "revisión de las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburante para la equiparación progresiva de los tipos impositivos en atención a su poder contaminante".
Hasta ahora, la creencia de que el diésel era un hidrocarburo mucho menos contaminante que la gasolina había favorecido la bonificación de su precio. Sin embargo, con el impulso a las nuevas motorizaciones de emisiones reducidas, se requiere revisar esta imposición e igualar el precio del diésel al de la gasolina.
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