A revisión los impuestos de circulación y matriculación para ajustar las tasas a los estándares medioambientales

Es un pago obligatorio al que todos los vehículos deben someterse. En caso de que el propietario no se haga cargo, el Ayuntamiento en cuestión irá aplicando recargos que pueden terminar con el embargo del dinero directamente de las cuentas.
El impuesto de circulación es un pago obligatorio.
Pixabay/stevepb

Dentro del documento que contiene el Plan de Recuperación del Gobierno hay espacio para tocar innumerables aspectos, como la fiscalidad relacionada los vehículos que lleva una temporada estando en el punto de mira tanto de asociaciones como de usuarios. 

El documento publicado este miércoles por el Ejecutivo fija el objetivo de revisar en el primer trimestre del próximo año 2022 los impuestos de circulación y de matriculación para ajustarlos a los estándares medio ambientales. Desde varias asociaciones se lleva reclamando que el mencionado ajuste se implemente teniendo en cuenta que quien haga un mayor uso de su vehículo particular más tipo impositivo debería de pagar. 

Desde el sector del automóvil se reclama que estos gravámenes se unifiquen y que pesen sobre el uso y no la compra del vehículo. La razón de estas peticiones se basa sobre la que consideran doble penalización a la adquisición de un vehículo ya que, en el caso del impuesto de matriculación, duplica la imposición del pago de tasas al sumarse al 21% del IVA que se aplica al precio de compra de un coche o moto. 

La tasa de matriculación va del 4,75% y un 14,75% sobre la compra de los vehículos que emitan entre 120 y más de 200 gramos. El año pasado se recaudaron 372,99 millones de euros en concepto de matriculación, una bajada del 39,4% en comparación con los 616,13 millones de euros contabilizados en 2019, lo que supuso un aumento del 20% de recaudación en comparación con 2018. 

Las modificaciones solicitadas por el sector están dirigidas, sobre todo, a este tipo impositivo. El otro objeto de revisión, el impuesto de circulación, está gestionado por los ayuntamientos de las diferentes localidades españolas que pueden fijar su coste entre un mínimo y un máximo fijado por el Estado. La característica del vehículo que se fija para calcular el impuesto de circulación es la potencia fiscal.

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