El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha dado luz verde al reglamento de identidad digital europea tras llegar a un acuerdo con la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Según la vicepresidenta del Gobierno de España, Nadia Calviño, la aprobación de este reglamento marca un avance crucial para que los ciudadanos puedan contar con una identidad digital europea única y segura, protegiendo así los derechos y valores democráticos.
¿Qué es la identidad digital europea?
El reglamento en cuestión se refiere al sistema unificado denominado 'European Digital Identity Wallet', que abarca el DNI, contraseñas y pagos en una sola aplicación. Para implementarlo, se está trabajando en un nuevo reglamento e ideas. El objetivo de este reglamento es garantizar que personas y empresas tengan acceso universal a identificaciones y autenticaciones electrónicas seguras.
Los Estados Miembros estarán obligados a emitir una cartera de identidad digital europea en los 24 meses siguientes a la entrada en vigor, siendo estas opcionales para ciudadanos y empresas a través de aplicaciones móviles. Estas carteras permitirán a los ciudadanos identificarse digitalmente, compartir datos almacenados de manera selectiva y la firma digital, teniendo control sobre la información compartida.
Hay un problema
En la reforma del reglamento eIDAS, se plantea la creación de autoridades certificadas, es decir, empresas europeas con autenticación certificada. Si bien estas empresas superarían los controles de verificación, el artículo 45 del reglamento establece que todos los navegadores deben considerar válidos estos certificados, independientemente de si cumplen o no con los estándares de seguridad.
Más de 460 investigadores y organizaciones no gubernamentales han alertado sobre estos riesgos, ya que podrían comprometer la seguridad de las comunicaciones, ya que los actuales certificados HTTPS siguen unas reglas que son comunes para todos y cualquier fallo podría comprometer las comunicaciones.
¿Cómo nos afecta a los ciudadanos?
En la carta abierta, se señala que la Unión Europea, al reconocer las autoridades certificadas de un país, podría generar riesgos si dicho país emite certificados de manera corrupta. La aceptación de estos por parte de la Unión Europea podría poner en peligro la seguridad y privacidad de los usuarios en general.
Además, el establecimiento de autoridades certificadas específicas podría llevar a que fuera de la Unión Europea no se reconozcan, creando así la posibilidad de crear una lista separada de empresas certificadas. Esto resultaría en una limitación de acceso a ciertas páginas web en función de la región en la que te encuentres.
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