Algo inaudito ocurrió en España el pasado viernes, 22 de marzo, en el sector de las aplicaciones de mensajería instantánea. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, daba tres horas a las operadores para bloquear en España la aplicación de mensajería instantánea Telegram, que contarían desde la recepción de la comunicación judicial, según figura en el auto del magistrado.
Ahora, el juez solicita a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional un informe sobre "la incidencia que pueda tener sobre los usuarios la suspensión temporal" en una providencia donde además se insta al servicio de inteligencia a que le aporten datos sobre las características de la plataforma.
Para ponerse en contexto, la orden del juez derivó de una denuncia presentada por Mediaset, Antena 3 y Movistar en la que acusaban a la aplicación, normalmente utilizada como una alternativa a WhatsApp, de alojar sin permiso contenido protegido por derechos de autor. Se trata de un auto por el que Pedraz dirige un mandamiento a las operadoras de telecomunicaciones y de acceso a Internet con autorización para operar en nuestro país para procedan a la suspensión de los recursos asociados a Telegram.
Según el auto, Telegram no ha colaborado a la hora de identificar a los usuarios de estas cuentas y se trata de una medida cautelar mientras se lleva a cabo la investigación. Sin embargo, todavía a medio día del pasado domingo, 24 de marzo, las operadoras de telecomunicaciones no han recibido aun la orden de bloquear la red social de mensajería dictada este sábado por el titular del Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, por usar sin permiso contenidos protegidos por derechos de autor, según fuentes del sector.
Por otro lado, recientemente, Pedraz ha acordado suspender el bloqueo de Telegram, debido a que este juez solicita a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional un informe sobre la incidencia que pueda suponer para los usuarios la suspensión temporal.
¿Cuál era el motivo del cierre de Telegram?
La orden del juez español Santiago Pedraz viene de una denuncia presentada por los grupos Mediaset, Atresmedia y Movistar en la que acusan a la aplicación de mensajería gratuita de difundir sin permiso contenido suyo que está protegido por derechos de autor. Fueron esas empresas audiovisuales las que pidieron la paralización de la actividad de Telegram como medida cautelar mientras se lleva a cabo la investigación.
En el auto, según recoge Europa Press, el magistrado de la Audiencia Nacional fundamenta su decisión en el artículo 13.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) donde se dice que un juez puede interrumpir "de forma provisional los servicios que ofrezcan" estos contenidos o bloquearlos de forma provisional.
El magistrado, partiendo de la premisa de que el "incumplimiento reiterado" de la petición dirigida a Islas Vírgenes el pasado 28 el julio de 2023 impide la continuación de la instrucción de la causa, ha sostenido que "no existe otro tipo de medida que pueda detener la reiteración de los hechos denunciados".
Por la suma de todos estos elementos, el juez Pedraz ha concluido que la medida cautelar interesada "está justificada" porque es necesaria para poner fin a la infracción denunciada, es "proporcional e idónea" para el fin perseguido por la medida, ya que no cabe acudir a otro tipo de actuación con la misma finalidad, y "está contemplada expresamente por la ley".
El cierre cautelar que la Audiencia Nacional pedía
En su auto, Pedraz ha acordado también la prórroga de la investigación por seis meses, hasta el 29 de septiembre. Sin embargo, para el experto informático Hervé Lambert, a quien le ha sorprendido la decisión, este tipo de medidas no son inmediatas y Telegram puede argumentar, además, impedimentos técnicos para hacerlo.
Si finalmente en algún momento se bloquea la aplicación, no quiere decir que los más de ocho millones de usuarios en España tengan que quedarse sin acceso. Por ejemplo, estos podrían utilizar una VPN, red privada virtual, para geolocalizarse virtualmente en Francia o en otro país distinto a España para continuar en Telegram, describe Lambert.
No obstante, señala el responsable global del área de consumo de Panda Security, todo depende de cómo se suspenda. Si se bloquean direcciones IP o dominios será más complejo seguir utilizando la aplicación. Según el servicio Downdetector, que a través de su portal sigue el rastro mundial digital, Telegram en España no reporta por ahora casi incidencias de los usuarios.
¿Por qué se pide el cierre de Telegram y no de WhatsApp?
La decisión judicial ha sido criticada desde diversos ámbitos profesionales y políticos, desde el Consejo de Ingenieros Informáticos hasta la organización de consumidores Facua, Vox y Podemos, así como por expertos del sector digital. Entre ellas, el abogado y experto en derecho digital Borja Adsuara, quien asegura que la medida es "desproporcionada" y "es matar moscas a cañonazos".
"Me parece una medida desproporcionada que seguramente se echará para atrás (...), es matar moscas a cañonazos porque afecta a derechos fundamentales de libertad de expresión y de libertad información", ha subrayado. El experto se refiere así a la decisión del juez Santiago Pedraz de ordenar de forma cautelar el bloqueo de la citada red de mensajería instantánea.
Adsuara ha recordado que el intercambio de contenidos es delito cuando tiene ánimo de lucro y ahí es cuando se persigue. "Aquí lo que ha debido de ocurrir es que han localizado grupos de Telegram en los que, con ánimo de lucro, se proporciona contenido de pago (...), es decir, que existen unos ingresos, si no, no se podría perseguir por la Audiencia Nacional".
El juez ha pedido datos a la red de mensajería pero esta se ha negado a proporcionárselos, y ha decidido la suspensión cautelar del servicio. "Es un órdago a la grande y desproporcionado, sí, pero el debate de fondo es por qué con Telegram y no con WhatsApp donde también hay grupos en los que se hace de todo".
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