La Unión Europea aprobó en octubre del año pasado la normativa del cargador universal para todos los dispositivos electrónicos que se comercialicen dentro de los países miembro, además, la fecha límite para que las marcas tecnológicas adopten sus nuevos aparatos con entradas USB-C es el 28 de diciembre de 2024, a excepción de los ordenadores portátiles, que tendrán hasta el 28 de abril de 2026.
Más allá de la integración del puerto USB-C y la carga rápida con USB Power Delivery, también habrá etiquetas informativas en los packaging de los móviles. Además, como ya informamos desde 20Bits, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales de España redactó un real decreto en el que se establecen unos "requisitos para la comercialización, puesta en servicio y uso de equipos radioelécticos".
Por si los desconoces, los objetivos principales de este real decreto consisten en "promover la interoperabilidad de los cargadores", garantizar la obtención de información sobre las capacidades de carga y ofrecer la alternativa de que los consumidores puedan escoger si quieren o no que les envíen un cargador con la compra de un aparato.
Respecto a la última finalidad, la trasposición a la legislación española señala que los dispositivos podrán venderse con o sin cargador, sin embargo, esta información tendrá que especificarse en el embalaje con la siguiente etiqueta.
Como se puede observar en la imagen de arriba, el dibujo del cargador posee tres versiones:
- La primera imagen significa que se incluye un cargador básico.
- La segunda infografía señala que el cargador no viene incluido.
- Y el tercer logotipo muestra la etiqueta que nos encontraremos si el cargador incluye carga rápida, informando que será de tipo USB-PD y el rango de potencia mínima (XX) y potencia máxima (YY) soportada.
El beneficio económico
El Gobierno ha realizado un estudio para calcular cómo afectarán a los usuarios las medidas aplicadas a la normativa del cargador universal.
Los resultados obtenidos aseguran que supondrá un ahorro de unos 26 millones de euros al año, ya que no hará falta comprar cargadores nuevos y se reutilizarán los de dispositivos antiguos.
Por otro lado, la investigación gubernamental también ha comprobado que los minoristas y distribuidores obtendrán un incremento de sus beneficios, además, se estima que ascenderán a unos 48 millones de euros anuales.
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