Santiago Mediano
- Experto en propiedad intelectual, robótica e IA
Hemos evolucionado, pero no lo suficiente. El anuncio del empresario Elon Musk sobre el "éxito" de su compañía Neuralink en el implante de uno de sus chips cerebrales en una persona ha reabierto el debate.
¿Estamos preparados, desde el punto de vista ético y legal, para la llegada de las interfaces cerebro-ordenador? La respuesta es no y la protección de los neuroderechos y el debate sobre las tecnologías de umbral, aquellas que combinadas con otras como la inteligencia artificial, la robótica y la edición genética van a permitir a la humanidad tomar en sus propias manos la evolución de la especie, son de la máxima urgencia. Nuestra legislación no está preparada para la llegada de los desafíos que plantean los enlaces cerebro-ordenador, y podemos vernos desbordados si no se acomete una revisión profunda de la misma.
Apenas hemos visto el principio de lo que se puede conseguir. El manejo de un ordenador con el pensamiento abre posibilidades verdaderamente fabulosas. Basta imaginar la posibilidad de conectarse a Internet con el pensamiento. Quien pueda hacer eso podría disfrutar de facultades mentales aumentadas. Con semejante capacidad, no sería imprescindible, por ejemplo, memorizar grandes cantidades de datos e información, porque estarían disponibles de forma inmediata para ser traídos a la consciencia. Pero esta posibilidad entraña enormes peligros, incluida la posibilidad del 'hackeo' de ese interfaz cerebro-ordenador para implantar en la mente de una persona ideas que no son suyas, con el propósito de manipularla o controlarla. Ya hemos podido ver lo que se puede lograr mediante técnicas de manipulación en ciertos procesos electorales y de votación sin las posibilidades que ofrece penetrar en lo más profundo de la mente humana. Si ahora se puede actuar directamente sobre el cerebro, ¿hasta dónde podemos llegar? Los peligros son enormes.
Existe desde hace tiempo todo un acervo de normas en nuestra Constitución y en las leyes, así como en el Derecho de la Unión Europea y los tratados internacionales, que otorga un elevado nivel de protección a derechos y libertades fundamentales como la integridad del ser humano, la intimidad, la libertad de opinión y pensamiento, y otras libertades esenciales. Sin embargo, la llegada de los enlaces cerebro-ordenador plantea tales desafíos jurídicos que se hace necesario revisar si esos derechos y libertades fundamentales contienen como objeto de protección una esfera tan íntima de las personas como es el contenido de la consciencia -esto es, los pensamientos, ideas, y sentimientos-, que va a quedar expuesta a agresiones y manipulaciones que antes nos parecían de ciencia ficción. Como siempre, la tecnología avanza muy rápido y las leyes lo hacen un paso por detrás. La regulación de los neuroderechos no puede esperar y es necesario que todos los problemas que plantea esta tecnología obtengan una respuesta adecuada y homogénea en todo el planeta.
Uno de los principales beneficios de los BCI es su enorme potencial para mejorar la salud y las condiciones de vida de millones de personas que padecen graves enfermedades y lesiones. Incluso pueden ser muy útiles y efectivos para curar enfermedades mentales. Todo ello ya es razón suficiente para que la humanidad investigue y desarrolle esta tecnología. Sin embargo, no se debe ignorar que, junto con los fines positivos aparecen otras posibilidades muy preocupantes, como el control mental, la distorsión de la identidad, la manipulación, y hasta su uso como arma de guerra.
La posibilidad de agresiones a los neuroderechos es una realidad. Existen en el mercado dispositivos de lectura de la actividad cerebral que se conectan con un dispositivo móvil a través de una aplicación y hacen una lectura de las ondas del cerebro de la persona que las utiliza, registrándolas. A cambio ofrece al usuario consejos e información sobre cuál es el rendimiento de su actividad meditadora y de sus ondas. Esto puede parecer un juguete, pero no debe impedirnos ver los riesgos asociados: esas mismas lecturas van a pasar a engrosar bases de datos cuyo titular en este momento no sabemos exactamente quién es.
Entre los expertos en la materia, hay un consenso generalizado sobre cinco neuroderechos que se consideran fundamentales: la protección de la identidad personal, para impedir alteraciones sobre el sentido del yo de las personas; el libre albedrío, de forma que se preserve la capacidad de toma de decisiones libre de manipulaciones o influencias a través de las neurotecnologías; la privacidad mental, que busca evitar que los datos obtenidos durante la interacción cerebro-máquina sean tratados sin el consentimiento de los individuos o sean objeto de explotación comercial; el acceso equitativo a estas tecnologías, para que no queden solo al alcance de unos pocos y ahonden en las desigualdades sociales; y la protección frente a los sesgos, de manera que no se discrimine a nadie por factores que puedan ser obtenidos gracias a las neurotecnologías, como sus ideas o sentimientos.
Sin embargo, la forma en que estos neuroderechos se van a proteger concretamente está aún sin debatir. Sin duda, en lo que podríamos llamar la letra pequeña es donde pueden surgir las principales discrepancias, y será necesario debatir cada norma y contar con el acuerdo de todas las partes interesadas.
El trabajo que queda por delante es de gran envergadura. Tenemos que ponernos inmediatamente manos a la obra. No podemos permitirnos más demora en dotarnos de las leyes e instrumentos jurídicos necesarios para garantizar un uso seguro de estas tecnologías. El tamaño y relevancia de los peligros a que nos enfrentamos son tan grandes como los posibles beneficios que podemos obtener.
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