Las trifulcas judiciales de las Big Tech y los Gobiernos por las normas de protección de los usuarios no es ninguna novedad. Son muchas las veces que hemos hablado en 20Bits de multas millonarias que las marcas han tenido que pagar por incumplir las leyes de protección de datos, de contenido peligroso, etc. Meta es una de esas firmas y recientemente se ha enfrentado a nuevas acusaciones.
Meta no controla el contenido dañino en el sur global
La empresa tecnológica dueña de Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads cuenta con un programa llamado Trusted Partner formado por 465 grupos globales de la sociedad civil y de derechos humanos cuyo objetivo es alertar de contenido peligroso o dañino en sus redes sociales. Los avisos pueden ser de amenazas de muerte, cuentas pirateadas o incitación a la violencia y la compañía asegura que los prioriza para valorar su retirada lo antes posible.
Pese a que Meta afirme que los revisa pronto, la organización sin ánimo de lucro Internews señala que algunos grupos participantes en el proyecto no opinan lo mismo y que sus reportes son atendidos del mismo modo que los usuarios regulares. Según explican, las respuestas a sus informes pueden tardar meses en llegar y obtienen una comunicación impersonal y que no clarifica nada en sus explicaciones.
En el medio de comunicación estadounidense The Verge, destacan las palabras de un socio anónimo: "Les decimos que la situación es urgente, que la gente está muriendo […]. Y luego pasan meses sin una respuesta". Internews ha contado con el testimonio de un total de 23 socios de Meta en Trusted Partner y todos mencionan experiencias similares, a excepción de los socios de Ucrania.
La ONG denuncia que, mientras los ucranianos obtienen respuesta en unas 72 horas, los de Etiopía, que están envueltos en la Guerra de Tigray pueden tardar meses hasta que obtienen un informe de su alerta. Estos datos coinciden con los presentados en los documentos filtrados de la ex trabajadora de Facebook Frances Haugen, que demostraban que a Meta poco le importaba el sur global, donde se encuentran países como Etiopía, Siria, Sri Lanka, Marruecos o Myanmar.
Una multa de 85.200 euros diarios
A las acusaciones de que la marca no está atenta a los contenidos peligrosos o dañinos se le suma una nueva multa por quebrantar leyes de privacidad. En este caso, la normativa incumplida es la de Noruega, donde tendrán que pagar 1 millón de coronas (85.200 euros) al día por sus actos a partir del 14 de agosto y hasta el 3 de noviembre.
Según el regulador Datatilsynet, la empresa recopila datos de los usuarios noruegos para dirigirles a publicidad personalizada sin previo aviso. A raíz del caso, Meta ha tenido que aclarar que tiene la intención de pedir el consentimiento a sus consumidores de la Unión Europea para redirigirlos a anuncios afines a sus gustos sin quebrantar la ley. Ante esto, Tobias Judin, jefe de la selección internacional de Datatilsynet, ha detallado que no es suficiente y que tienen que parar de llevar a cabo esta práctica hasta que consigan lograr dicho mecanismo de consentimiento de forma eficaz.
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