La patronal de videojuegos denunciará a las páginas que enlacen a descargas

La Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (aDeSe) tiene previsto denunciar a aquellas páginas que enlacen  a descargas ilegales de videojuegos si, finalmente, la Ley de Economía Sostenible y su disposición final -conocida como'ley Sinde'- llega a buen puerto.

Así, al menos,  lo ha confirmado este martes el secretario general de la organización, Carlos Iglesias, quien valora la nueva legislación como "positiva" ya que permitirá que las páginas denunciadas "sean retiradas con urgencia".

"Hasta ahora no había habido ninguna herramienta para luchar contra las descargas ilegales", explica Iglesias, quien, sin embargo, recuerda que a la nueva normativa le queda aún un trecho por recorrer hasta su aprobación definitiva.

Por la mañana, aDeSe presentaba el balance económico 2009 de la industria del videojuego, que señalaba que el negocio "había sufrido una moderada caída" en todo el mundo, y del 16% en España. La patronal no sólo atribuye el descenso de las ventas a las crisis económica, sino que también señala a las descargas ilegales, que "están alcanzando proporciones alarmantes", como principal causa.

El Gobierno aprobó el pasado viernes el proyecto de la Ley de Economía Sostenible,  la cual permite bloquear las páginas que infrinjan los derechos de autor y establece la creación de una comisión dependiente del Ministerio de Cultura para velar por su cumplimiento, aunque luego sería la Audiencia Nacional la encargada de decidir el cierre de una web.

La tutela judicial no se contemplaba en el anteproyecto aprobado en noviembre pasado, pero antes las críticas suscitadas, el Ejecutivo la introdujo en enero.

La 'ley Sinde' deberá ahora ser votada en el Parlamento.

La 'ley Sinde' ha provocado numerosas reacciones en contra entre asociaciones de consumidores como FACUA, usuarios y periodistas digitales. Tras las diferentes interpretaciones por parte de los expertos, parece quedar claro que la norma supone una amenaza para derechos fundamentales y consensuaron un manifiesto en contra que ya ha sido suscrito por más de 220.000 personas y entidades, entre ellos 20minutos.es.