El Gobierno aprueba la polémica 'Ley Sinde' que permitirá cerrar páginas webs

El Gobierno aprobó este viernes el proyecto de Ley de Economía Sostenible (LES), que incluye, en la llamada disposición final, la normativa conocida como 'Ley Sinde' (en referencia a la titular de Cultura, Ángeles González-Sinde) o 'Ley antipiratería'. Esta última permite bloquear las webs que infrinjan los derechos de autor, norma que ha sido fuertemente criticada tanto por consumidores, como por internautas y hasta la propia Fiscalía.

El Consejo Fiscal duda de que la propiedad intelecutal esté a la misma altura que otros derechos fundamentales

El proyecto de ley ha sido aprobadado sin modificaciones sustanciales con respecto al acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de enero.

Así, la 'Ley Sinde' contempla la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual (dependiente de Cultura) encargada de velar por el cumplimiento de los derechos de autor, aunque luego sería la Audiencia Nacional la encargada de decidir el cierre de una web.

Las denuncias llegarán a la Comisión, pero la decisión última sobre el cierre o no será del juez. Esta tutela judicial no se contemplaba en el anteproyecto aprobado en noviembre pasado, pero antes las críticas suscitadas, el Ejecutivo la introdujo en enero.

Ahora, la normativa tendrá que tramitarse junto al resto de la LES en el Parlamento, donde está previsto que se apruebe a finales de junio. En ese trámite los grupos parlamentarios podrán introducir sus enmiendas.

La norma recibió el aval del Consejo General del Poder Judicial y de la Audiencia Nacional. El CGPJ alertó, sin embargo, sobre la "importante carga adicional de trabajo" que supondría para los juzgados afectados por el modelo elegido por el Gobierno . El presidente de la Audiencia Nacional minimizó los efectos de saturación de los juzgados y dio su visto bueno a la 'Ley Sinde'.

Pero, tan sólo tres días después, el Consejo Fiscal, órgano consultivo de la Fiscalía General del Estado, consideraba "dudoso" que la protección de la propiedad intelectual "deba ponerse a la misma altura" que otros derechos fundamentales, como el derecho a la información, tal y como propone la denominada 'Ley Sinde' para justificar el cierre de páginas web o la retirada de determinados contenidos de las mismas.

Con sentencias en contra

La 'Ley Sinde' ha cosechado duras críticas también por parte de los consumidores. La federación FACUA esperaba que el Gobierno "diera marcha atrás en sus pretensiones de cerrar páginas web" tras la sentencia de un juez de Barcelona que reconoce la legalidad de las webs que ofrecen enlaces para descargar obras a través de las redes P2P.

Los consumidores esperaban que el Gobierno diera marcha y no la aprobara En dicha sentencia se desestima la demanda de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) que pretendía el cierre del sitio web elrincondejesus.com, al considerar que esta página se limitaba ofrecer enlaces para descargar obras a través de las redes P2P, pero no distribuía contenidos sujetos a propiedad intelectual.

El texto de la ley también ha puesto en pie de guerra a la Red, que lo ha calificado como "ley de la patada en el router" y que ha llevado incluso a los internautas a concentrarse en varias ciudades españolas para protestar por las medidas antipiratería.

Manifiesto contra la ley

Desde que en diciembre se conociera el anteproyecto de la Ley Sinde, buena parte de la profesión periodística del mundo digital se pusieron en marcha para expresar su desacuerdo con la nueva legislación.  Tras las diferentes interpretaciones por parte de los expertos, parecía quedar claro que la norma supone una amenaza para derechos fundamentales y consensuaron un manifiesto en su contra que ya ha sido suscrito por más de 220.000 personas en su grupo de Facebook. 20minutos.es fue uno de los primeros medios online en suscribir y alentar las adhesiones al texto.