El anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible ha disparado las alarmas en Internet... y muchas dudas. El nuevo texto establece una modificación a la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información por la que se permite el bloqueo de aquellas páginas web que vulneren los derechos de la propiedad intelectual. Pero, de aprobarse  ¿quién determinará el cierre de los site? ¿se requerirá una autorización judicial para ello? ¿contempla la nueva ley la desconexión de Internet de aquellos usuarios que  se descarguen archivos ilegales? ¿Qué contenidos digitales se considera que atentan contra la propiedad intelectual?

El cierre de una página web no requerirá autorización judicial Para el abogado Carlos Sánchez Almeida lo que "más chirría" en el anteproyecto desde el punto de vista jurídico es que se haya establecido un órgano que, al margen de jueces y tribunales, "tenga competencia en el ámbito de restricción de servicios de Internet".  Es decir, sería el propio Ministerio de Cultura, a través de un organismo creado para tal efecto llamada Comisión de Propiedad de Intelectual, el que decidiría el cese de actividad de una página sin necesidad de una orden judicial. Según Sánchez, "una auténtica censura administrativa".

De la misma opinión es el experto en Internet y Derecho David Bravo. "Luego tendrán que regular un procedimiento para que la persona a la que han cesado su web pueda dirigirse a la justicia ordinaria, pero este aún no se ha concretado".

En cuanto a si el peso de la ley recaerá también sobre los usuarios de los servicios P2P como ocurrirá en Francia, donde serán desconectados, la opinión del abogado Javier González Martín es que es "improbable" a juzgar por las últimas declaraciones  del Gobierno. Sin embargo, no es imposible ya que el texto no es suficientemente claro.

Sánchez Almeida sugiere que no tendremos más información hasta dentro de unos días (señala el 10 de diciembre), cuando el Gobierno previsiblemente haya llegado a un acuerdo con operadores y proveedores de Internet.  Serán éstos agentes los encargados de facilitar a la comisión los datos de los propietarios de las páginas que consideran que atentan contra la ley. Este es uno de los puntos que más enoja a Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, que lamenta que, de esta manera, se vulnerarán "derechos fundamentales como el derecho a la privacidad de las comunicaciones".

Si el anteproyecto prospera, que un proveedor revele detalles personales de un  usuario dejará de ser infracción.

¿Pueden cerrar mi página?

En cuanto al tipo de páginas que perseguiría la nueva ley, figuran en primer lugar las que facilitan la descarga gratuita de archivos, "especialmente películas y música", aclara González Martín.

Probablemente lo que se apruebe al final sea un texto mucho más descafeinado Pero, de nuevo, el texto permite más interpretaciones: "Con la ley en la mano, una web que incluye un enlace a un sitio de intercambio de archivos tipo P2P podría ser cerrado, o un blog donde se ha subido una foto de la que no se tiene derechos", sostiene  Sánchez Almeida quien, sin embargo, duda de que la sangre llegue al río: "Tal vez el Gobierno haya elaborado este texto con el fin de contentar a las decenas de músicos que este martes han ido a protestar ante el Ministerio de Industria. Posiblemente lo que finalmente se apruebe sea un texto mucho más descafeinado".

Twitter, revolucionado

Mientras, los internautas se revuelven y en Twitter varios usuarios se han unido a la iniciativa 'debatesinde' en la que se solicita un debate entre la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, y un internauta.

Ésta, por su parte, ha tratado este martes, desde el Senado, de calmar los ánimos de los ciudadanos digitales: "Ni se va a criminalizar a los usuarios ni se va a cortar una sola conexión", ha asegurado. Eso sí, "verán limitada su actuación en la Red aquellos que se aprovechan de las obras de los demás y quienes realmente vulneran la propiedad intelectual y explotan obras de las que no tienen permisos".

La ministra insiste: "No se va a cortar internet a ningún usuario en ningún caso"

Ante el revuelo ocasionado, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, en declaraciones a los medios de comunicación antes de su intervención en el Senado,  ha reconocido que la nueva normativa establece que sea un órgano del Ministerio de Cultura, no un juez, el que decida, mediante un procedimiento administrativo "con plenas garantías", las medidas que habrá que adoptar contra aquellos que se apropien de los contenidos de otros.

La intervención de un juez puede ser necesaria en ocasiones, pero será la Comisión quien valore esa opción.

La ministra insiste en que el hecho de que "ni se va a criminalizar a los usuarios ni se va a cortar una sola conexión a Internet". Quienes "verán limitada su actuación" en la Red serán "aquellos que se aprovechan de las obras de los demás y quienes realmente vulneran la propiedad intelectual y explotan obras de las que no tienen permisos",

Y si tienes más dudas...

David Bravo, especialista en propiedad intelectual, contestará a tus dudas sobre este anteproyecto este miércoles, 2 de diciembre, a las 12.00 horas, en nuestra web. Envía ya tu pregunta.