Nueve países de la UE quieren un impuesto a la aviación civil por sus emisiones de CO2

Un avión aterrizando en el Aeropuerto del Prat (Barcelona) en una imagen de archivo.
Un avión aterrizando en el Aeropuerto del Prat (Barcelona) en una imagen de archivo.
ENAIRE

Un grupo de nueve países de la Unión Europea han aprobado una declaración conjunta en la que piden a la Comisión Europea desarrollar un impuesto sobre la aviación civil, un sector responsable del 2,5% de las emisiones mundiales de CO2. El texto está firmado por Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Luxemburgo, Suecia y Bulgaria.

El documento fue aprobado el pasado jueves jueves en los márgenes de la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo). España ha optado por no sumarse a esta declaración. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, afirmó hace meses que se trata de una idea "interesante" pero pidió "prudencia" por las consecuencias negativas que puede tener sobre el transporte aéreo.

Las capitales firmantes remarcan en la declaración que el impacto de este sector sobre el medio ambiente no puede despreciarse y, en comparación con otros medios de transporte, el transporte aéreo "no ha contribuido lo suficiente". En concreto, critican que el precio de los billetes de avión para vuelos internacionales "no refleja fielmente el coste medio de emisiones de CO2 y de externalidades negativas".

"Creemos que una mejor coordinación de la imposición de la contaminación permitiría una aplicación más justa del principio 'quien contamina, paga'. Para garantizar medidas eficaces y competencia justa para todos los Estados miembros, estamos convencidos de que es necesaria una coordinación a nivel europeo", reclaman.

En consecuencia, piden a la próxima Comisión Europea liderada por la alemana Ursula von der Leyen que impulse el debate sobre desarrollar un impuesto a la aviación europea, "por ejemplo a través de medidas fiscales específicas o de políticas similares".

No obstante, piden tener en cuenta en dicho debate los sistemas nacionales en vigor, la competitividad de los sectores afectados, el distribución geográfica y el desarrollo de infraestructuras de transporte en los Estados miembros.

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