Teclado
Una mujer presionando un teclado de un ordenador. GTRES

¿Modernizar los derechos de autor en la era de Internet implica sacrificar la libertad de expresión? No tiene que ser así y es lo que, precisamente, recuerda la ONU. Se trata de un tirón de orejas a la Unión Europea. Se trata de otro capítulo de la polémica sobre la nueva legislación de derechos de autor y su controvertido artículo 13.

El relator de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, David Kaye, reconoce que "Europa tiene la responsabilidad de modernizar sus leyes de derechos de autor para afrontar los desafíos de la era digital". Sin embargo, asegura, todo ello "no puede hacerse a expensas de la libertad de expresión de la que los europeos disfrutan hoy".

En un comunicado, el relator especial para la libertad de expresión criticó el artículo 13 de la directiva, que de ser aprobado obligaría a plataformas privadas como Twitter, Facebook o YouTube a tener sistemas automáticos de censura previa para evitar que se publique cualquier tipo de copia ilegal.

Ese artículo "parece dirigido a que las plataformas de internet controlen y restrinjan el contenido de los usuarios, una presión hacia el filtrado previo que ni es necesario ni soluciona las infracciones de derechos de autor en la red", destacó.

A raíz de críticas previas, el proyecto legislativo se había modificado para incluir excepciones a estos sistemas de control en beneficio de proveedores de contenidos con limitada penetración en los mercados europeos, algo que en opinión de Kaye no reduce la actual preocupación ante la directiva.

"La mayoría de las plataformas no entrarían en esas excepciones y afrontarían presiones legales para instalar y mantener costosa infraestructura de filtrado de contenidos", alertó el experto. También advirtió de que "a largo plazo esto pondría en peligro el futuro de la diversidad y pluralismo de la información en Europa", ya que sólo grandes compañías podrían permitirse los altos costes de filtrado.

Kaye recomendó al Parlamento Europeo colaborar con las partes implicadas en la directiva, incluyendo a artistas, periodistas y otros representantes de la sociedad civil, antes de votar definitivamente la normativa, algo inicialmente previsto para la última semana de marzo.