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Los siete decretos ley del Gobierno de Sánchez en un trimestre: muchos, pero menos que los 10 de Mariano Rajoy

El presidente Sánchez, en el centro, al comienzo de la primera reunión de su Consejo de Ministros.
EFE

Ante la debilidad parlamentaria, donde el PSOE solo tiene 84 diputados, el Gobierno de Pedro Sánchez ha tirado de decreto ley para empezar a gobernar, una fórmula a la que ha recurrido hasta en siete ocasiones en su primer trimestre.

Sin embargo, el Ejecutivo niega que esté realizando un uso "abusivo" del decreto ley para sacar adelante sus iniciativas políticas y ha recalcado que todos los Gobiernos anteriores han hecho uso de esta fórmula, especialmente el de Mariano Rajoy.

Fuentes del Ejecutivo han indicado que, desde la llegada de la democracia en 1978, se ha aprobado una media de 14 decretos leyes al año y han hecho hincapié en que el Gobierno de Rajoy fue "el más prolífico" en ese sentido, pues, durante su mandato, se aprobaron un total de 75 (29 en 2011; 17 en 2013; 17 en 2014; y 12 en 2015). Y en un primer trimestre llegó a aprobar diez.

Las fuentes han considerado que es "habitual" que en los primeros meses de una legislatura o un nuevo Gobierno se aprueben "muchos decretos leyes", ya que el Ejecutivo, "en su función constitucional de dirección política del Estado, quiere poner en marcha con urgencia una serie de actuaciones normativas".

Han justificado en ese sentido que en el primer año de gobierno de Rajoy se aprobaran 29 decretos leyes, aunque el PP tuviera mayoría absoluta y, por tanto, "ningún problema" para aprobar leyes en las Cortes Generales.

Sobre los siete decretos leyes aprobados desde que gobierna Pedro Sánchez, las fuentes han realcado que todos ellos "respetan los límites constitucionales" y que "en ningún caso" afectan al desarrollo directo de derechos y libertades, al régimen de las comunidades autónomas, al régimen electoral general o a las instituciones básicas del Estado, como establece la Constitución.

Tanto el PP como Ciudadanos han criticado que el Gobierno se haya decantado por el decreto ley para la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, ya que consideran que no está justificado su carácter urgente.

Este tipo de trámite iba a ser también el elegido para modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para evitar que el Senado pueda vetar la aprobación de la senda de consolidación fiscal propuesta por el Ejecutivo, pero el Gobierno acaba de decidir optar por hacerlo por la vía parlamentaria.

Estos son los siete decretos ley de Pedro Sánchez:

  • Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos: transposición de una norma europea.
  • Real Decreto-ley 6/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de medios en la atención a asilados y refugiados.
  • Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género: "aplicar las medidas del Pacto contra la violencia de género". Es el decreto que permite recibir ayudas sin denuncia previa en comisaría o en el juzgado, con informes médicos o sociales. También cambia las leyes para que los niños víctimas de violencia de género puedan recibir asistencia psicológica sin tener que pedir autorización al progenitor denunciado.
  • Real Decreto-ley 8/2018, de 3 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo: atender a desempleados de larga duración, y permitir que sigan cobrando un subsidio.
  • Real Decreto-ley para la exhumación de los restos de Francisco Franco (prevista su aprobación este viernes): El Ejecutivo señala que, en el caso de Franco, es "urgente" exhumar al dictador, una exigencia "con preferencia" aprobada por el Congreso el pasado año, sin que el Gobierno del PP "hiciera nada", y solicitada de forma recurrente por Naciones Unidas.

El recorrido de los decretos ley

Un real decreto-ley tiene el siguiente recorrido: El Gobierno lo aprueba en Consejo de ministros y el Boletín Oficial del Estado (BOE) lo publica casi inmediatamente, entrando en vigor sin haber pasado por el Congreso (al contrario que sucede con el resto de las leyes). Así pues, para subsanar esta 'anormalidad' de origen, el decreto-ley está obligado a pasar por el Parlamento, lo que debe ocurrir siempre antes de un mes desde su publicación, y una vez allí se puede ratificar (sin tener que pasar por el Senado y sin enmiendas, procedimiento abreviado, o con discusión parlamentaria, si se tramita como propuesta de ley) o derogar (nunca con carácter retroactivo, lo que quiere decir que los efectos que provocó la ley durante el tiempo que estuvo en vigor no se anulan en ningún caso).

Gobernar a través de decretos ley es cómodo para los gobiernos, pero costoso para la sociedad", advierten los expertos en derecho. Una ley discutida en el Parlamento es una ley que ha pasado el escrutinio de la sociedad. Aunque los debates parlamentarios no se emitan en 'prime time' y el interés por la política de los ciudadanos esté en niveles mínimos, el hecho en sí del debate moviliza a los medios de comunicación, que dedican más tiempo y espacio a sopesar los pros y contras de las normas. Por el contrario, un real decreto-ley levanta suspicacias instintivas, tanto por las formas como por la ausencia de debate constructivo, que genera en la opinión pública la sensación de que los gobiernos adoptan una posición errática agravada por una peligrosa deriva autoritaria.