El sistema antipiratería francés ya ha enviado mensajes de advertencia a 100.000 internautas

  • Se estima que ya han recibido avisos un 3% de los internautas piratas, aunque todavía ninguno de ellos ha sido sancionado.
  • Con el tercer aviso, el caso llega a un juez que, según la industria, descargan contenidos audiovisuales de forma fraudulenta.
  • El pirata, que tendrá que seguir pagando su conexión a Internet aunque no pueda utilizarlo y podrá ser sancionado con una multa de 1.500 euros.
Pancarta de una manifestación contra la ley Hadopi.
Pancarta de una manifestación contra la ley Hadopi.
Cyril Krylatov
Pancarta de una manifestación contra la ley Hadopi.

El organismo creado por el Gobierno francés para luchar contra la piratería audiovisual, Hadopi, ya ha mandado advertencias a 100.000 internautas sospechosos de haber descargado ilegalmente contenidos de Internet, aunque todavía no hay ninguno sancionado.

Desde el pasado noviembre, Hadopi envía unos 2.000 correos electrónicos al día con una "recomendación" al internauta para que acabe con las descargas fraudulentas, informó el diario Le Figaro. "Su acceso a Internet ha sido utilizado para poner a disposición, reproducir o acceder a obras culturales protegidas por un derecho de autor", dice el correo enviado por Hadopi, que señala al titular de la cuenta de Internet como la persona "legalmente responsable de la misma" y le recuerda su obligación de proteger el acceso a ésta.

El número de usuarios que ya han recibido el correo electrónico ronda el 3% de los internautas que, según la industria, descargan contenidos audiovisuales de forma fraudulenta.

Se trata del primer paso de la polémica ley Hadopi 2, modificada tras la decisión del Consejo Constitucional, que no aceptó que en la versión original se le otorgase a una autoridad administrativa la potestad de cortar el acceso a Internet a los piratas reincidentes porque recortaba la libertad de comunicación y expresión.

Por ello, se ha designado a tres juristas que analizan cada caso antes y sirven de filtro para un juez, que es quien puede ordenar que se le corte Internet al pirata, si le considera reincidente.

Tras el primer correo electrónico de "recomendación", en caso de que las descargas piratas persistan, Hadopi enviará un segundo aviso, acompañado de una carta certificada. Es lo que se llama "respuesta gradual" y es también la última etapa antes de que el dossier llegue a un juez, quien puede optar por cortar temporalmente la conexión al titular.

El pirata, que tendrá que seguir pagando su conexión a Internet aunque no pueda utilizarlo y que no podrá cambiar de proveedor, podrá ser sancionado también con una multa de 1.500 euros.

La lucha contra la ley Sinde en España

Mientras que en Francia no se pudo hacer nada para evitar la implantación de la ley Hadopi, en España sí se ha conseguido el rechazo de su equivalente, la mucho menos dura ley Sinde, que fue 'tumbada' por la comisión de Economía del Congreso el pasado 21 de diciembre.

Sin embargo, el Gobierno no ha desistido en su empeño por aprobar una ley antidescargas y bien podría suceder que, del mismo modo que la ley Hadopi fue aprobada tras su revisión, la ley Sinde salga adelante con una segunda versión algo remodelada. La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ya ha asegurado que seguirá trabajando en el tema y tratará de encontrar "un modelo que satisfaga a todos".

Sinde tendrá oportunidad de presentar la nueva norma el próximo mes de febrero en el Senado. También el ministro del Interior y vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, han manifestado su intención de conseguir una buena ley de propiedad intelectual.

Por su parte, Álex de la Iglesia, presidente de la Academia de Cine, ha convocado el 30 de diciembre a las 11:30 horas a representantes de los internautas a la sede de la Academia, para intentar buscar alternativas a la polémica ley. El mundo del cine, que también estará representado por Pedro Pérez, presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España (FAPAE), quiere llegar a un acuerdo con los usuarios de Internet, para proteger la propiedad intelectual sin que se resientan los derechos de la ciudadanía.

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