El Senado francés aprobó por 189 votos a favor y 142 en contra la nueva versión de la ley 'Creación e Internet', bautizada como Hadopi 2, que pretende luchar contra las descargas ilegales en la Red. El texto fue modificado tras la censura del Consejo Constitucional de la parte más controvertida del texto que ponía en manos de una Alta autoridad y sin el visto bueno de un juez la potestad para desconectar al usuario de la Red en caso de infracción.

Los senadores adoptaron el nuevo texto en cinco horas, con el voto en contra de los socialistas, y la próxima etapa que deberá superar la ley será en la Asamblea Nacional, a donde llegará el próximo 21 de julio.

La Cámara Alta ha agregado una sola enmienda al nuevo proyecto, la que prevé que cualquier persona sospechosa o perseguida pueda ser convocada o escuchada por la Alta autoridad y contar con la presencia de un abogado. El nuevo ministro de Cultura, Fréderic Mitterrand, se felicitó de la conclusión de "esta etapa decisiva para la protección de los creadores".

La nueva versión del texto contempla multas de entre 1.500 y 3.750 euros. La Hadopi será la encargada de enviar al infractor un 'e-mail' advirtiéndole de su conducta y luego una carta certificada en caso de reincidencia, pero no podrá suspender el acceso a Internet porque el Consejo consitucional francés ha dictaminado que sólo un juez tiene potestad para ello.

Graves consecuencias

Si el internauta llegara a ser considerado como un "falsificador" se arriesgaría a una multa de 300.000 euros y dos años de cárcel, pero el juez puede también pronunciar una pena complementaria y suspender durante un año como máximo el acceso a Internet.

Otra de las enmiendas prevé una multa si el abonado deja a un tercero usar su acceso a Internet para hacer descargas no autorizadas. El titular podría tener que pagar hasta 1.500 euros y "eventualmente" verse privado de su acceso a la Red durante un máximo de un mes. Para evitar esta situación, el titular del abono podrá instalar un sistema en su ordenador para que la entrada a determinadas páginas requiera de un código de acceso, mecanismo que podrían ofrecer los propios operadores.

En caso de que se le corte su acceso, el proveedor tendrá 15 días para ejecutar la orden judicial y unos días antes del restablecimiento de la línea tendrá también que avisar a la Alta Autoridad, para que elimine las pruebas del dosier del internauta acusado y evitar así que haya una lista negra de 'fichados'. Es decir, la notificación del cumplimiento queda en manos de las telecos.

Si el abonado al que se le haya cortado el acceso acude a otro operador de Internet para contratar de nuevo el servicio, se enfrentará a una multa de 3.750 euros. Otra de las novedades introducidas es la petición de que los proveedores informen a sus abonados de los riesgos que corren si realizan descargas no permitidas de contenidos protegidos.