El proveedor de Internet de Pirate Bay crea un fondo para financiar los gastos judiciales

  • La empresa fue obligada a suspender sus servicios a The Pirate Bay.
  • Ahora buscan donaciones para pagar las disputas contra sentencias que obligan a los operadores a desalojar de Internet a sus clientes.
Los piratas siguen batallando.
Los piratas siguen batallando.
Stéfan

El proveedor de servicios sueco Black Internet, que ofrecía sus servicios a la polémica web de P2P The Pirate Bay, anunció la creación de un fondo para recaudar dinero para pagar las disputas judiciales contra sentencias que obligan a los operadores a desalojar de Internet a sus clientes.

Un tribunal de Estocolmo obligó el mes pasado a Black Internet a desalojar de su servidor a The Pirate Bay bajo amenaza de multa de 500.000 coronas suecas (menos de 50.000 euros).

Black Internet ha puesto en marcha Open Internet, donde se ofrecen distintas opciones para donar dinero, y según el director de la compañía, Victor Möller, otros operadores suecos están interesados en unirse a la iniciativa. Open Internet pretende "luchar del lado de los ciudadanos, ser un apoyo en procesos judiciales y crear opinión cuando los fundamentos de Internet estén amenazados".

Según consta en la página web, Open Internet quiere ser una plataforma abierta que apoya la creatividad y la innovación y que defiende que los derechos intelectuales estén en "simbiosis" con Internet y no en conflicto, así como que las medidas contra delitos en la Red estén "en proporción con el daño que provocan".

Black Internet ha decidido recurrir en los tribunales la sentencia que le obliga a dejar de alojar a The Pirate Bay, que usaba a aquél como su principal servidor. La decisión del tribunal de Estocolmo ha sido la primera de ese tipo en Suecia, lo que ha despertado fuertes críticas en todo el espectro político.

Los cuatro responsables de The Pirate Bay fueron condenados el pasado 17 de abril a un año de cárcel y a pagar una indemnización de 30 millones de coronas (2,7 millones de euros) por violar la ley de propiedad intelectual. La sentencia consideró a los cuatro acusados cómplices de un delito contra la ley de derechos de autor, ya que al proporcionar la tecnología necesaria, el portal, creado en 2004, facilitaba la descarga ilegal de archivos.

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