El CGPJ votará a los dos candidatos del Constitucional el 22 de diciembre pero el sector conservador no asegura el acuerdo

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han acordado este jueves celebrar la primera votación sobre el nombramiento de dos magistrados del Tribunal Constitucional en el pleno ordinario fijado para el próximo 22 de diciembre. La decisión, que supone un avance tras más de dos meses de parálisis en las negociaciones, no significa que los candidatos vayan a ser elegidos ese mismo día, ya que fuentes del sector conservador advierten de que no es seguro que se produzca un acuerdo "sí o sí, aunque sería deseable". 

La votación a la que se han comprometido los 18 vocales durante el pleno ordinario de este jueves requiere de una mayoría de tres quintos, por lo que los candidatos deben obtener un mínimo de 11 votos para ser nombrados magistrados del tribunal de garantías. 

Dada la composición actual del Consejo, formado por diez vocales conservadores y ocho vocales progresistas, el candidato progresista, José Manuel Bandrés, no logrará ascender al Constitucional sin el apoyo de al menos tres conservadores. Tampoco la candidatura de los conservadora (que no acaba de estar clara) saldrá adelante sin el apoyo de un progresista. Cabe recordar que el Constitucional se renueva (así lo establece la ley) por tercios, es decir, de cuatro en cuatro. 

En las actuales circunstancias y tras la jubilación de dos magistrados el pasado junio, el nombramiento de cuatro miembros corresponde, en partes iguales, al Gobierno y el CGPJ. Esto supone que el Ejecutivo no puede elegir sus candidatos sin que el CGPJ haga lo propio y que ninguno de los dos candidatos del Consejo puede ser elegido sin que el otro salga igualmente adelante. 

El sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces, por el cual cada sector propone a un magistrado y el total lo somete a votación, fue instaurado desde el comienzo de las negociaciones, si bien el ala conservadora del Consejo propuso hace unas semanas cambiar el modelo, impidiendo una vez más que la operación avanzase. En el anterior pleno sus interlocutores rechazaron la modificación y ahora se ha llegado a esta conclusión, que arroja un poco de luz por primera vez desde el pasado 13 de septiembre. 

¿El principio del fin de las negociaciones? 

Echando una mirada atrás, este embrollo comenzó el pasado 12 de junio, cuando dos magistrados agotaron su mandato en el tribunal de garantías en un contexto realmente delicado, dado que el CGPJ se encontraba inhabilitado para realizar cualquier nombramiento discrecional por estar en funciones. Esta circunstancia era el resultado de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) impulsada por el Gobierno para añadir presión al Partido Popular y forzar (sin éxito) una renovación del Consejo, que lleva caducado más de cuatro años. 

La estrategia pasó a ser un problema para el Ejecutivo en el momento en que se abrieron las dos vacantes en el Constitucional. Nombrar a dos magistrados progresistas podía suponer un cambio de mayorías en el tribunal, por lo que el Gobierno impulsó una segunda reforma legal 'exprés' habilitando al CGPJ para hacer nombramientos, pero solo en el caso del tribunal de garantías. 

Con la reforma se abría la posibilidad de renovar el órgano, pero con una fecha tope: el 13 de septiembre. Sin embargo el Ejecutivo necesitaba del órgano de gobierno de los jueces para sacar adelante la renovación, y llegada la fecha el Consejo no había acordado nada. 

El ala conservadora del CGPJ, indignada por el bloqueo que el Ejecutivo impuso a su órgano en 2021, ha alegado varios motivos para postergar una y otra vez la votación de candidatos. La dimisión del presidente del órgano, Carlos Lesmes, y su sustitución por Rafael Mozo en el cargo (sobre la que todavía debe deliberar el Tribunal Supremo) han ayudado a retrasar aún más los nombramientos, que parecen estar ahora un poco más cerca.