"Es positiva para todos": El PSOE intenta tranquilizar a barones y militantes ante el "coste electoral" de la reforma de la sedición

La supresión del delito de sedición y su sustitución por el nuevo tipo llamado "desórdenes públicos agravados" tendrá "coste electoral". Lo asume así el PSOE que, sin embargo, trata ya de mitigar el efecto y el nerviosismo que la reforma legal pactada con ERC podría tener en sus territorios a seis meses de unas elecciones autonómicas y municipales que se antojan clave para las generales de finales del próximo año. Desde Ferraz son dos los argumentos que esgrimen: que la reforma, como los indultos, tendrá un efecto positivo en la convivencia, y que la situación en Cataluña ahora es "mucho mejor" que la de 2017, punto álgido del procés.

"Estamos seguros de que la gente comprenderá que cuando se trabaja por el bien común, por la convivencia, es positivo para todos", dicen fuentes autorizadas de Ferraz. Desde el cuartel general de los socialistas defienden que no miran el coste electoral, sino que "gobiernan" para "dejar un país mejor a los que nos sucedan". "Un país mejor del que encontramos a nuestra llegada al Gobierno", añaden. En este sentido se pronunció también Patxi López, portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, el pasado viernes minutos antes de registrar la Proposición de Ley.

"El PSOE" defendió desde la sala de prensa de la Cámara Baja, "hace política independientemente del coste electoral porque lo hacemos para resolver problemas y mejorar la convivencia". López también señaló que el votante socialista "entenderá perfectamente" la reforma, que disminuye en un tercio las penas máximas a las que fueron condenadas los líderes del procés. Otras fuentes del Grupo Parlamentario Socialista recordaron después la polémica surgida cuando el Gobierno indultó a los nueve presos -entre los que se encontraba Oriol Junqueras, actual presidente de ERC- en junio del pasado año.

Los barones, la otra arista

Con todo, la reacción de sus votantes no será lo único que tendrá que manejar la plana mayor de los socialistas. Como en todos los temas de calado, Sánchez debe también intentar que sus barones acepten esta reforma o, al menos, no la comprometan públicamente y emprendan una campaña contra él a la interna como les pide el PP. El coordinador general, Elías Bendodo, aseguró tras conocerse la noticia que "habría pactos con el PSOE", pero con "otro PSOE".

De momento, esta estrategia del principal partido de la oposición -que presentará mociones en todos los parlamentos regionales y municipales para obligar a los socialistas a retratarse- va por autonomías. El primer barón socialista en hablar públicamente fue Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura, que pese a señalar que no le gustaba "nada" que la reforma "le gustase a los independentistas", se centró en poner en el foco la gestión de los populares. "Hace cinco años, con el actual Código Penal, al Gobierno del PP le hicieron dos referéndums de independencia y una DUI (declaración unilateral de independencia). España se rompía", compartió en su Twitter, donde añadió que lo que "se ha roto con otro Gobierno -el de coalición liderado por Pedro Sánchez- es el independentismo y el procés".

Más beligerantes con el movimiento de Sánchez fueron tanto Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, como Javier Lambán, presidente de Aragón. El primero dijo "con toda serenidad" no compartir el planteamiento y lamentó que "lo único que se abarate ante la escalada de precios sea el ataque a la Constitución". En esta línea, Lambán tildó de "gravísimo" lo ocurrido en 2017 y pidió "armar" más al Estado recordando su defensa a la sentencia del Tribunal Supremo, que condenó a los líderes independentistas no fugados a penas de hasta 13 años de cárcel por sedición y malversación.

En el otro lado de la balanza se sitúan federaciones más cercanas a Sánchez, como es la madrileña. Fuentes del PSOE de Madrid consultadas por este diario aseguran que el foco ahora no es Cataluña y que pretenden que siga sin serlo, poniendo el énfasis en la crisis sanitaria que golpea a la Administración madrileña. "Lo que realmente preocupa a las familias madrileñas, mucho más que una modificación del Código Penal, es el caos que se está viviendo en la sanidad pública: urgencias extrahospitalarias que no funcionan, falta de profesionales y malas condiciones laborales y 900.000 madrileños en lista de espera", añaden.