El Gobierno aprueba 500.000 euros para víctimas de violencia machista y de odio afectadas por el volcán
Esta medida se enmarca en el decreto ley de medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma.
Entre las actividades subvencionables con esta partida, el texto, recogido por Europa Press, recoge el arrendamiento de inmuebles destinados a garantizar a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres el derecho a un alojamiento seguro, de emergencia o acogida.
En este sentido, el Ejecutivo incluye, de modo prioritario, a las víctimas de violencia de género en la pareja o expareja y las víctimas de trata y explotación sexual.
ASISTENCIA PSICOLÓGICA, JURÍDICA Y SOCIAL
Esta partida se podrá usar, también para la contratación de personal especializado en servicios de prevención y asistencia social integral (psicológica, jurídica y social), tanto para las mujeres víctimas de delitos machistas como para los casos de LGTBIfobia y por motivos de discriminación racial.
Del mismo modo, parte de esos 500.000 euros se podrán destinar a la formación y elaboración de herramientas para capacitar a profesionales que intervienen con la población afectada para la detección, primera atención y derivación adecuada de las víctimas de violencia contra las mujeres y para la puesta en marcha de campañas informativas, para las víctimas de violencia machista y de delitos de odio, sobre sus derechos y los recursos a su disposición.
Desde el Ministerio de Igualdad han recordado que las violencias machistas y por motivos de LGTBIfobia, raciales o étnicos, constituye "una amenaza a los derechos humanos" y que la situación de emergencia vivida en La Palma por la erupción del volcán ha afectado al adecuado funcionamiento de los servicios destinados a la detección, asistencia y protección de estas víctimas.
Según ha explicado, este decreto presenta medidas orientadas a eliminar los posibles obstáculos "que puedan dificultar o imposibilitar la detección de la violencia y el acceso de las víctimas a los medios habituales de asistencia integral, comunicación y denuncia de situaciones de violencia" y se "refuerza la intervención y el acompañamiento especializado multidisciplinar, adaptado a las necesidades de las víctimas".