La Xunta demanda al Gobierno "un plan global a nivel estatal" para afrontar el cierre de oficinas bancarias en el rural
Así figura en la carta remitida este martes por el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en la que demanda a la Administración central que aborde este asunto con "coordinación y planificación" desde el Gobierno del Estado.
Ante el cierre de sucursales bancarias que en Galicia afecta fundamentalmente a las oficinas de la entidad financiera Abanca en ayuntamientos del rural, el responsable de Facenda solicita al Gobierno un plan a nivel estatal para hacer frente a un problema "de ámbito nacional".
Así pues, lamenta el "progresivo cierre" de oficinas bancarias en "las zonas menos pobladas" que atribuye a las consecuencias de la "fuerte reestructuración" del sector financiero.
Todo ello, continúa la misiva recogida en un comunicado por el Ejecutivo autonómico, "sin que exista un plan global a nivel estatal para garantizar que todos los ciudadanos cuenten con servicios financieros básicos".
El responsable del Gobierno gallego ve "esencial y urgente" que la Administración central elabore un estudio analítico sobre el mercado financiero en España "desde el punto de vista de la concentración bancaria, la competencia, y el acceso a los servicios financieros, especialmente en las zonas rurales".
Por último, Valeriano Martínez reclama también la articulación de un "marco normativo común" para regular "la prestación universal" de los servicios financieros "básicos" para, de este modo, "garantizar su prestación a todos los ciudadanos, con calidad y con un precio accesible".
Además, la Xunta recuerda la elaboración de un protocolo, en colaboración con la Fegamp, para acercar los servicios financieros a los municipios que carecen de oficina bancaria.
El plan, al que, por el momento, se han adherido 38 ayuntamientos, establece la posibilidad de instalar cajeros automáticos en dependencias municipales, la habilitación de servicios de asistencia financiera de forma presencial y actividades de formación en cuestiones como la banca electrónica, recuerda el Gobierno gallego.