El sector de la moto alega sentirse fuera del Plan Moves II y reclama soluciones

Una de las medidas podría ser la obligatoriedad de conducir con guantes, tanto en ciudad como en carretera.
Las matriculaciones de motocicletas han disminuido en más de un 40% en mayo.
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Con las ayudas ya repartidas y puestas sobre la mesa desde la semana pasada, ya empieza a notarse ligeramente el alivio en la industria española del motor. Sin embargo, nunca llueve a gusto de todos y así lo ha hecho notar el sector de la motocicleta y el ciclomotor.

Desde la Asociación Nacional de Empresas del Sector de las Dos Ruedas han querido recalcar su malestar por el sistema del reparto de las ayudas del Plan Moves. El presupuesto total adjudicado para fomentar la adquisición de vehículos eléctrico se reparte entre todas las comunidades y ciudades autónomas y son las administraciones de estas las encargadas de repartir las ayudas.

En el Plan anterior, la legislación acordó que el plazo para que las autonomías desarrollaran el reparto de las ayudas era de dos meses, aunque hubo algunas administraciones que no lo llegaron a publicar en sus respectivos boletines o que excedieron el plazo máximo autorizado.

Este año, según lo publicado el pasado 17 de junio en el BOE, el plazo es de tres meses, aunque la legislación rectificó que los compradores podían adquirir los vehículos por adelantado y solicitar la ayuda después. Pero esta excepción solo se refiere a los turismos y furgonetas.

Así es que Anesdor ha criticado esta exclusión de la adquisición de vehículos ligeros (motocicletas y ciclomotores, en su mayoría). Para acceder a las ayudas del Plan Moves II al respecto de estos modelos, los compradores deberán esperar a que las comunidades autónomas desarrollen el plan de adjudicación del presupuesto.

Argumentan que esta medida aplaza que los ciudadanos decidan comprar motocicletas eléctricas y vaticina que, cuando quieran y puedan hacerlo acogiéndose a las ayudas, quizás no queden fondos para ellos. Desde el sector de las ruedas reclaman una revisión de la normativa del Plan Moves II, a la que acusan de discriminatoria contra este mercado y contraria a los “intereses sociales, económicos y políticos que por otro lado promueve”. 

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