¿Se pueden reclamar las averías causadas por una carretera en mal estado?

Sufrir una avería mientras conduces el coche puede provocar situaciones de riesgo.
Sufrir una avería mientras conduces el coche puede provocar situaciones de riesgo.
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Baches, socavones, grietas, cambios de firme… quien no se haya encontrado nunca con alguno de estos imprevistos en una calzada es que ha tenido mucha suerte (o nunca ha recorrido una carretera comarcal). Este tipo de deficiencias, aparte de hacer el viaje muy incómodo, pueden provocar averías en el vehículo.

Pero, si el coche sufre algún tipo de deterioro por culpa de una carretera en mal estado, ¿se puede reclamar el coste de la reparación a la Administración? Sí, aunque hay que seguir una serie de pasos que determinarán el éxito de tu reclamación.

Lo primero que hay que hacer es averiguar a quién corresponde la titularidad de la vía: el Estado, una comunidad autónoma, la provincia… para acreditar ante quien corresponda los daños o perjuicios causados y que este se haga responsable.

El segundo paso es asegurarse de que el daño es evaluable y que hay testigos que acrediten lo sucedido. También es importante contar con facturas de la reparación, informes médicos si son pertinentes… Además, es imperativo demostrar que la avería se ha causado por el mal estado y la falta de mantenimiento de la calzada y que no se ha dado una situación de fuerza mayor, como son los desastres naturales.

También es recomendable, aunque no obligatorio, tramitar esta reclamación a través de la póliza de seguro contratada o de alguna asociación de consumidores o conductores, para que la gestión de la petición de compensación llegue a buen puerto y sea más sencilla de interponer.

Por otro lado, hay ayuntamientos que gestionan este tipo de quejas (y tantas otras) a través de sus webs o incluso de aplicaciones móviles para smartphones y tablets, lo que facilita el contacto del perjudicado con la Administracion correspondiente. Además se puede utilizar Hiriposta, una app creada para poner en contacto a los ciudadanos con las administraciones y fomentar la participación ciudadana y a gestión de reclamaciones. 

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