Dereitos Civís denuncia la existencia de cámaras ilegales en el edificio de Tráfico
- Los vecinos del inmueble fueron los que alertaron de la situación, dado su rechazo a la instalación de las mismas.
- Se trata de cuatro cámaras, una de ellas graba permanentemente la vía sin que ningún cartel avise de ello.
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Así, afirman que la Jefatura permitió que se colocara una cámara exterior de circuito cerrado de televisión en una marquesina superior de la fachada, y otras dos, en las esquina del edificio. Todas ellas están en funcionamiento, aunque no tienen licencia y el informe favorable de la Comisión de Garantías.
Esta asociación fue avisada de la existencia de estas cámaras, a través de la comunidad de vecinos del inmueble, que rechazó en su momento la instalación de las misma, ya que estos dispositivos constituyen una medida de seguridad altamente intrusiva en la vida privada de las personas.
Por otro lado, también denuncian que no se alerta a los transeúntes con ningún tipo de cartel o panel de que están siendo grabados, tal y como obliga la legislación en materia de videovigilancia.
Al parecer, según la asociación, a estas tres cámaras se le suma una cuarta ubicada en el interior de las oficinas, dirigida hacia el exterior y que graba de manera permanente la vía. En este sentido, quieren recordar que la legislación estipula que las cámaras instaladas en espacios privados "no podrán obtener imágenes de espacios públicos, salvo que resulte imprescindible para la finalidad de a vigilancia que se pretende", y en este caso, sería para el control de lo que sucede en el interior de las oficinas con el fin de dar mayor seguridad a los funcionarios, por lo que no tiene sentido que las cámaras graben hacia fuera.
Retirada inmediata
Antes este nuevo caso de ilegalidad, Dereitos Civís se dirigirá a la Delegación del Gobierno para pedirle explicación sobre la instalación de estos dispositivos de control ciudadano. Asimismo, también remitirán un escrito a la Jefatura Provincial solicitando la retirada inmediata de las mismas.
Por otro lado, la asociación se dirigió a la Agencia Española de Protección de Datos con el objetivo de averiguar si las cámaras instaladas constan en el Registro y si solicitaron las perceptivas autorizaciones para su colocación en el edificio.