Condena y preocupación en los países americanos por "la ruptura de la democracia" en Venezuela

Numerosos gobiernos de América expresaron este jueves su preocupación por la "ruptura del orden democrático" en Venezuela, tras la decisión del Tribunal Supremo de asumir las funciones del Parlamento lo que algunos han calificado de "golpe de Estado".

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela decidió el miércoles que asumirá las competencias de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, debido a la persistencia del "desacato", un estatus que el Poder Judicial impuso a la Cámara por el incumplimiento de varias sentencias.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, calificó la decisión del Supremo de "autogolpe de Estado" y recordó que es "urgente" la convocatoria de un Consejo Permanente en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática".

Almagro solicitó en un reciente informe la suspensión de Venezuela de la OEA si no convocaba elecciones generales en los 30 días siguientes y 14 países americanos exigieron al Gobierno de Nicolás Maduro un calendario electoral y la liberación de los "presos políticos".

Perú anunció este jueves la retirada definitiva de su embajador en Venezuela e indicó que ya inició consultas con países de la OEA para que en el marco de la Carta Democrática se adopten con la mayor urgencia las medidas que correspondan ante la evidente ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela". El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, dijo que es "inaceptable lo que ocurre en Venezuela".

Estados Unidos, por su parte, pidió "al Gobierno de Venezuela que permita a la Asamblea Nacional democráticamente elegida desempeñar sus funciones constitucionales, celebrar elecciones lo antes posible e inmediatamente liberar a todos los presos políticos".

Brasil repudió la sentencia que suspende "arbitrariamente" la inmunidad de los parlamentarios venezolanos y dijo que mantendrá su política de examinar la "preocupante situación" conjuntamente con todos los países de la región "interesados".

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, llamó a "recomponer el orden democrático" e insistió en la necesidad de que se cumpla con un calendario electoral y se liberen a los "presos políticos".

"Esta situación nos lleva a consultar con los países amigos el cómo proceder de ahora en adelante", señaló el canciller chileno, Heraldo Muñoz, quien aclaró que lo ideal es que "los propios venezolanos resuelvan sus asuntos", pero "claramente esto va en la dirección opuesta".

El Gobierno de Chile llamó a informar a su embajador en Caracas, Pedro Felipe Ramírez. El canciller precisó que la decisión fue adoptada después de conversar en las últimas horas con varios de sus homólogos sudamericanos.

El canciller mexicano, Luis Videgaray, aseguró que a su país le preocupa "de manera grave el deterioro del orden democrático en un país hermano" y subrayó que deben ser los venezolanos, en ejercicio pleno de su soberanía, "los que resuelvan los problemas".

Panamá hizo un llamamiento "al respeto del orden constitucional, el respeto a la separación de poderes y los principios de la democracia, y que se den las garantías para la celebración de elecciones democráticas".

El gobierno del presidente boliviano, Evo Morales, expresó, sin embargo, "su solidaridad y apoyo incondicional" a Venezuela, al considerar que afronta un nuevo ataque y acoso político que busca desestabilizar al Ejecutivo que dirige Nicolás Maduro.

El Ministerio de Exteriores, "en nombre del Gobierno y del pueblo boliviano, expresa su solidaridad e incondicional apoyo a la hermana República Bolivariana de Venezuela ante un nuevo ataque y acoso político que intenta fracturar la democracia, desestabilizar al Gobierno del Presidente Nicolás Maduro y desconocer la Constitución Venezolana", según un comunicado difundido la noche de este jueves.

Asimismo, el pronunciamiento destaca que se está atentando contra la unidad de Latinoamérica y el Caribe con posiciones que "responden a intereses extraterritoriales, con claros actos de injerencia que vulneran el Derecho Internacional y la convivencia pacífica".

El grupo Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) aseguró que la "aberrante" decisión del Supremo "consolida una feroz dictadura donde no existe independencia de poderes". La organización de derechos humanos Venezuela Awareness (VA) alertó de las "gravísimas consecuencias inmediatas" del "golpe de Estado" ejecutado.

El gobernador opositor venezolano Henrique Capriles denunció en Bogotá que en su país se ha dado un "Madurazo" y pidió a la OEA que convoque "de emergencia" al Consejo Permanente, mientras que el partido opositor Voluntad Popular (VP), al que pertenece el líder preso Leopoldo López, instó a retomar las movilizaciones de calle para "imponer la voluntad del pueblo".

La activista venezolana Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, denunció que "hoy es eliminado el voto de 14 millones de venezolanos" y pidió que se active la carta democrática.