Nuevos casos de corrupción, tres ministros menos, bajada del paro... Los más de 300 días del Gobierno en funciones de Rajoy

Rajoy ha dejado de estar en funciones al ser investido este sábado de nuevo presidente con la mayoría simple del Congreso gracias al apoyo de los diputados del PP, Ciudadanos y Coalición Canaria y la polémica abstención de gran parte de los socialistas.

Desde que Rajoy como sus ministros quedaran cesados el 21 de diciembre, al día siguiente de las elecciones generales del 20D, España ha vivido 314 días (hasta su investidura) con un ejecutivo en funciones no exento de polémica, casos de corrupción o elecciones autonómicas.

Estos son los asuntos más importantes que han ocurrido durante estos largos días en los que los españoles han vivido dos elecciones, varias negociaciones de gobierno fallidas, dos intentos de investidura y una última, la de este sábado, cuando se ha cumplido el dicho de "a la tercera va la vencida":

No han sido pocos los escándalos que han seguido acechando al Partido Popular durante el tiempo que Rajoy y sus ministros han gobernado en funciones. La mayoría de casos de corrupción fueron destapados antes de las elecciones de 20-d y con el líder popular como presidente, pero paralelamente a estos meses de incertidumbre política algunos han llegado a los tribunales y están siendo juzgados: caso Púnica, Gürtel, Barcenas, tarjetas black, Rodrigo Rato, Acuamed o Imelsa, De La Serna entre otros... Mientras, nombres fuertes del PP han ido sumándose a la larga lista:

Rita Barberá. El cerco judicial se ha ido estrechando para la exalcaldesa de Valencia y senadora del PP durante estos meses bajo la sospecha de delito de blanqueo de capitales. Hace algo más de una semana el Tribunal Supremo la citó a declarar para el día 21 de noviembre en calidad de investigada (lo que antes de la última reforma legal se conocía como imputada).

La investigación abierta deriva de la exposición razonada elevada al Supremo el pasado mes de abril por el Juzgado número 18 de Valencia. En dicha causa se describen indicios contra la aforada en un presunto blanqueo de capitales que se habría producido en el Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia cuando ella era alcaldesa. La Fiscalía apoyó, en informe del pasado 27 de julio, la apertura de la investigación y la designación de instructor.

Las escuchas del ministro Jorge Fernández Díaz. El diario Público desveló unas grabaciones en la que supuestamente el ministro de Interior había realizado maniobras contra políticos catalanes usando diferentes instituciones públicas. Este supuesto uso "partidista" de los medios del Ministerio de Interior por parte de su titular será investigado en una comisión en el Congreso.

José Manuel Soria

Ha sido una de las mayores polémicas del Gobierno en estos 314 días. El ministro José Manuel Soria se vio obligado a renunciar a su cargo como responsable de Industria, Energía y Turismo en el mes de abril tras mentir sobre su participación en empresas radicadas en paraísos fiscales. Su nombre figuraba en los denominados 'papeles de Panamá'.

Pero el capítulo de Soria no se cerró aquí. El propio Ejecutivo nada más concluir la fallida segunda votación de investidura de Mariano Rajoy nombró a su exministro director ejecutivo del Banco Mundial. Las críticas públicas a este nombramiento llegaron desde voces fuertes del propio PP como Feijó o Cifuentes.

Cuatro días después de darse a conocer su nuevo cargo y después de la lluvia de críticas, el propio Soria presentó su renuncia en una carta enviada al secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa. Lo hizo, según él "a petición del Gobierno" y por la "desproporcionada" utilización política que se ha hecho de su designación.

El hecho de estar en funciones impide al Gobierno aprobar medidas como proyectos de ley, por lo que no ha podido presentar unos nuevos presupuestos para el próximo año. Sin embargo, y a pesar de tener limitadas sus funciones, ha realizado una serie de acciones que han puesto en cuestión los límites de lo que puede o debe hacer un Ejecutivo de transición.

La más polémica, entre más de una decena de acciones, fue la medida anunciada por el ministro de economía Luis de Guindos con la que se recaudarían 6.000 millones de euros más en base al impuesto de sociedades (que grava los beneficios de empresas, sociedades y fundaciones) para poder cumplir con el objetivo de déficit de 2017 y evitar así la multa de la Comisión Europea por incumplir el programa de estabilidad.

También se ha cuestionado algunos nombramientos. Durante este tiempo, el Gobierno ha otorgado al menos 280 reconocimientos -cruces o medallas- a personas y entidades, un número similar a la época en el que el Ejecutivo de Rajoy ha estado gobernando con plenas facultad.  La mayoría de nombramientos han sido otorgados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Rajoy ha perdido tres miembros de su gabinete en este tiempo porque le está vetado hacer nuevos nombramientos al estar en funciones. De ahí que los cometidos que desempeñaban José Manuel Soria (que renunció tras ser relacionado con los denominados 'papeles de Panamá'), Ana Pastor (que abandonó el cargo para ser presidenta del Congreso) y Alfonso Alonso (que dejó su cartera para ser candidato del PP a lehendakari) hayan tenido que ser asumidas por otros ministros.

Así, respectivamente, el de Economía, Luis de Guindos, se hizo cargo de Industria; el de Justicia, Rafael Catalá, se responsabilizó de Fomento; y la de Empleo, Fátima Báñez, de Sanidad y Asuntos Sociales. Tanto Rajoy como quienes permanecen junto a él en el Gobierno podrán decir que, aunque sea en funciones, han formado parte del Ejecutivo en tres legislaturas: la nacida de las elecciones del 20 de noviembre de 2011, la que se desarrolló tras los comicios del pasado 20 de diciembre y que fue la más breve de la democracia, y la vigente en la actualidad después de la cita con las urnas del 26 de junio.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no anunciará previsiblemente la composición de su nuevo Gabinete antes del lunes, según barajan fuentes del Ejecutivo recogidas por EFE.

Rajoy ha salido fortalecido políticamente en estos meses sin gobierno, frente la pérdida de apoyos del PSOE, su mayor adversario político. En los comicios autónomicos gallegos celebrados el 25 de septiembre, el PP logró la tercera mayoría absoluta con Alberto Núñez Feijóo al frente. No salió tan bien parado como en el País Vasco con Alfonso Alonso como candidato a lehendakari: logró ocho diputados, dos menos que en las anteriores elecciones.

La economía no ha ido tan mal durante estos 314 días, pero solo en parte. Ha habido cifras positivas como que ha bajado el paro: de los 4.779.500 desempleados de finales de 2015 se ha pasado a 4.320.800 en septiembre de 2016, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Esto se ha visto reflejado en la tasa de paro: del 20,90% ha pasado al 18,91% en el mismo intervalo de tiempo. Esto se debe según el Gobierno en funciones, a la inercia de las acciones pasadas que ha realizado el ejecutivo popular.

Sin embargo hay otras cifras poco alentadoras, como la tasa de temporalidad, que ha pasado del 25,66% al 26,95%, un porcentaje que solo supera Polonia (28,4%) en la UE y está muy por encima de la media comunitaria (14%). Así, más del 90% de los contratos que llegan mensualmente a las Oficinas de Empleo son de carácter temporal y esta circunstancia redibuja el mapa laboral en España.  

En datos generales, la economía ha desacelerado dos décimas su ritmo de crecimiento, hasta el 3,2% interanual, según el dato adelantado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que está en línea con lo esperado por el Banco de España y otros organismos y entidades. Así, la economía española creció el 0,7% entre julio y septiembre respecto al trimestre anterior, una décima menos que en los tres trimestres precedentes. De julio a septiembre se ha crecido dos décimas menos que en el tercer trimestre de 2015 (0,9%). Se encadenan así doce trimestres de avances, mientras que la tasa interanual acumula once trimestres en positivo, con crecimientos superiores al 3%.

Ahora, el Gobierno que presidirá de nuevo Rajoy se deberá enfrentar a un nuevo reto en términos económicos: un ajuste fiscal en los presupuestos generales, aún sin poder aprobarse por falta de Ejecutivo, para cumplir el objetivo de déficit que fija Bruselas para 2017 del 3,1 % del PIB.

Rajoy avanzó este semana que este ajuste podría estar por debajo de los 5.000 millones inicialmente calculados.