José María Lassalle
El secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle. Juanjo Martín / EFE

Tras un largo y tortuoso periodo de desacuerdos y polémicas, la poco querida ley Sinde logró su visto bueno definitivo en febrero de 2011. Esta nueva legislación daba luz verde a la creación de la Comisión de Propiedad Intelectual, un organismo con la misión de velar por los derechos de los autores y sus obras. El 1 de marzo de 2012 comenzaba a funcionar dicha comisión. Los temores a la censura y a la violación de derechos de los usuarios inundaron la Red. Sin embargo, un año después, los efectos de la nueva normativa apenas se habían hecho notar: de 363 solicitudes de intervención, solo 34 habían tenido respuesta a favor de los denunciantes.

Debido a este escaso éxito y a la presión de algunos sectores tanto nacionales como de Estados Unidos, que amenaza con volver a incluir a España en su lista negra de la piratería, el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, se ha apresurado a impulsar un nuevo anteproyecto de ley de modificación del texto de la ley de propiedad intelectual. El borrador del documento, que ya empieza a conocerse como ley Lassalle, fue filtrado hace una semana por Ibercrea, grupo que aglutina a las principales entidades de gestión de derechos de autor (Agedi, AIE, Cedro y SGAE) y ya ha comenzado a generar inquietud en múltiples sectores.

El 15 de marzo se aplazó el debate en Consejo de Ministros de este anteproyecto, pero este viernes finalmente ha sido el día elegido para aprobar el texto de la nueva norma. Estos son los puntos más polémicos que plantea el documento:

Acción directa sobre los enlaces

Hasta el momento, la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual (la que ejerce las funciones de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual) se ha encontrado con grandes dificultades a la hora de justificar las acciones contra páginas web con enlaces a contenidos protegidos por derechos de autor. Ahora, tal y como explica el abogado especializado en propiedad intelectual David Bravo, se eliminarán todos los obstáculos para exigir la retirada de contenidos o incluso bloquear el acceso no solo a portales de enlaces sino a todos los sitios web que, según ellos, "hayan causado o sean susceptibles de causar un daño patrimonial".

Las denuncias sobre una obra específica no afectarían únicamente a ese contenido sino a todo el catálogo del denunciante El principal escollo con el que se ha topado la Sección Segunda es que la mayoría de páginas de enlaces españolas ofrecen links a contenidos alojados en servidores extranjeros. Según el borrador del anteproyecto, aunque los procedimientos se dirigen contra "los prestadores de servicios de la sociedad de la información que vulneren derechos de propiedad intelectual" (es decir, aquellos que alojan los contenidos), se especifica que, en el caso de que estos "no tengan con España vínculos suficientes o cuando concurran otros motivos que impidan la eficaz salvaguarda de los derechos vulnerados", se podrá ir directamente contra los intermediarios, es decir, las páginas de enlaces. El texto excluye explícitamente de este procedimiento a motores de búsqueda como Google y, de manera un poco más genérica, a redes sociales y blogs, sitios que "enlacen ocasionalmente a contenidos de terceros".

Por otro lado, las denuncias sobre una obra específica no afectarían únicamente a ese contenido. Si la comisión entiende que un enlace vulnera los derechos de autor, la página no sólo deberá retirar ese enlace sino todos aquellos que lleven a contenidos propiedad de la entidad de gestión o empresa demandante. De este modo, los portales deberían instaurar un control permanente y a priori de los archivos que enlazan los usuarios para evitar incurrir en una infracción.

Limitación de la copia privada

Con una redacción algo ambigua, el texto introduce contundentes novedades en el concepto de copia privada, que estaría mucho más limitado en caso de aprobarse este anteproyecto. Actualmente, está permitida toda copia privada que se realice a partir de obras a las que se haya accedido de forma legal, un planteamiento que da lugar a diversas interpretaciones y una aplicación flexible de la ley. La ley Lassalle reduce la copia privada a aquellas hechas a partir de un "soporte original adquirido en propiedad por compraventa comercial". Además, la copia ha de hacerse sin asistencia de terceros. También existiría la copia privada de contenidos de radio y televisión, pero sólo estaría permitida de forma temporal, para su reproducción en otro momento y no para almacenarlas indefinidamente. Es probable que esta reducción del ámbito de la copia privada esté dirigida al ahorro en la compensación destinada a los autores, un dinero que antes se obtenía a través del canon digital pero que ahora se incluye en los Presupuestos Generales del Estado.

Policías de Internet

El anteproyecto de la reforma prevé convertir a proveedores de Internet y empresas de publicidad en agentes al servicio de la Comisión de Propiedad Intelectual. Para empezar, se plantea una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil según la cual el juez puede exigir a operadoras y empresas que tengan algún tipo de relación comercial con la web denunciada que identifiquen al supuesto infractor. "La solicitud de identificación podrá dirigirse a los prestadores de servicios de la sociedad de la información, de pagos electrónicos y de publicidad, que mantengan o hayan mantenido en los últimos doce meses relaciones de carácter económico con el prestador de servicios de la sociedad de la información que se desee identificar", precisa el texto. Este proceso, habitual en delitos graves, pretende agilizar los trámites en este tipo de casos, que hasta el momento se desarrollan con gran lentitud.

Existe aún más presión para terceros ya que, si el supuesto infractor no obedece y la comisión lo solicita, los anunciantes están obligados a retirar sus servicios a la web para asfixiarla económicamente. En caso de no colaborar, las empresas se exponenen a multas de entre 150.000 y 300.000 euros. Del mismo modo, los proveedores de Internet deberán bloquear el acceso a la página denunciada bajo amenaza de una multa similar.

Un canon digital a costa de las universidades

Tras años de conflicto con el canon digital, su desaprobación por parte de la UE y su posterior sustitución por una compensación incluida en los Presupuestos Generales del Estado, un nuevo canon vuelve a ver la luz. Según la normativa en ciernes, las universidades deberán pagar por los extractos, capítulos de libros, artículos o similares que pongan a disposición de los alumnos como material de estudio "a través de las redes internas y cerradas", es decir, los campus virtuales que hoy todas utilizan. El concepto que justifique el cobro será el de "reproducción parcial" de obras sometidas a derechos de autor. El encargado de gestionar ese dinero será el Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro), en definitiva, la SGAE de los libros.

Ausencia de consenso

Aunque aún no se conoce el texto definitivo de la reforma, lo que deja prever el borrador filtrado no ha gustado a casi nadie. Ibercrea lamenta "que el proceso se haya llevado a cabo de espaldas al mundo de la cultura y con ausencia absoluta de diálogo". También se queja de la falta de debate y acuerdo la Asociación de Editores de Diarios Españoles, a la que tampoco se le ha preguntado. A ellos hay que sumar a juristas especializados en derechos de autor, a la Asociación de Internautas y a miles de usuarios de Internet que ya han manifestado su desacuerdo con la ley Lassalle a través de redes sociales como Twitter.