Depende de la voluntad de los 'súper'

El Gobierno mueve hilos para cerrar una cesta a la francesa con las distribuidoras

Calivño Planas
El Gobierno mueve hilos para cerrar una cesta a la francesa con las distribuido. 
EUROPA PRESS
Calivño Planas

"Las medidas o anuncios que estamos conociendo en otros países, se refieren a medidas voluntarias de los grupos multinacionales. Damos por supuesto que aquellos grupos multinacionales que tienen presencia en España extenderán cualquier política comercial que pueda favorecer a los ciudadanos franceses, a los ciudadanos españoles", ha sostenido la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada por la 'cesta de la compra antiinflación' acordada en Francia. Sin embargo, la responsable de la cartera económica no ha entrado a valorar qué papel juega el Gobierno para propiciar que un pacto de estas características llegue a cerrarse, aunque este ya ha comenzado a mover sus hilos para que así sea.

Francia sorprendió a comienzos de semana al alcanzar un consenso con las grandes distribuidoras que operan en el país para reducir sus márgenes empresariales en un listado de productos que estas deben determinar. Este anuncio recuerda a la medida puesta en marcha años atrás por Nicolas Sarkozy bajo el sobre nombre de "productos esenciales" y no ha tardado en generar reacciones del sector al otro lado de los Pirineos. Mientras que los consumidores la leen de forma positiva, los empresarios muestran sus dudas. Sin embargo, fuentes próximas al Ministerio de Asuntos Económicos confirman que desde el Gobierno se negocia intensamente con el fin de atajar la subida del precio de los alimentos con un acuerdo de similares características. 

Por tanto, al igual que también lo hizo el equipo de Macron, el Ejecutivo español ha tomado la iniciativa en la búsqueda de una solución en unas conversaciones lideradas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente. "El Gobierno es tremendamente sensible a la situación de las familias, especialmente las más vulnerables, que son las que más afectadas se ven por el impacto de la inflación y la subida de la compra", ha defendido Calviño este martes. Sin embargo, el Consejo de Ministros no tiene intención de forzar esta bajada mediante una ley en la línea en la que ha propuesto en distintas ocasiones la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. A pesar de que la cesta de la compra haya vuelto a ganar fuerza en la esfera del debate público y político, topar el precio de una lista de productos básicos, como proponía la líder del espacio a la izquierda del PSOE, parece escapar de las opciones que valoran los responsables de Agricultura y Economía. 

En cambio, Nadia Calviño, parece decantarse porque las empresas del sector sean las que hagan propuestas para acordar un arreglo con el Gobierno, ya que ha insistido en que el acuerdo francés es producto de la voluntariedad de las multinacionales. En ese sentido, se ha mostrado confiada en que los grupos que también tienen representación en España trasladen estas propuestas al Ejecutivo. La solución francesa, que pasa por recortar los márgenes empresariales, sí podría convencer al ala socialista del Gobierno, dado que la ministra de Asuntos Económicos se ha mostrado a favor de que se hagan públicos los márgenes de las empresas de distribución, como ha planteado el líder de Más País, Íñigo Errejón. "Los elementos que arrojen transparencia son positivos", ha respondido la ministra. 

Sin embargo, esta postura choca con la expresada de forma casi simultánea por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patxi López, quien ha apuntado a que de aplicarse una medida a imagen de la francesa esta podría tener consecuencias "demoledoras" para los pequeños comercios. Precisamente, este ha sido el argumento de la formación liderada por Pedro Sánchez para desechar la propuesta lanzada por Unidas Podemos que abogaba por descontar un 14% al ticket de la compra del supermercado. Entonces, desde el Ministerio de Hacienda se apuntó a la dificultad de aplicar esa política y también se hizo referencia al potencial daño para el comercio local y de proximidad. 

Mientras, el acuerdo en el que trabaja el Gobierno parece enfocarse exclusivamente a los grupos más grandes del sector, puesto que son ellos los que tendrían la capacidad de ajustar sus beneficios en una lista de productos seleccionados, al tiempo que esta decisión podría tener un gran coste para puntos de venta de menores dimensiones. En paralelo, el Ejecutivo ha asegurado que trabaja para reforzar los observatorios de los que dispone para evaluar el funcionamiento de las medidas ya aplicadas por el gobierno de coalición -reducción de IVA-. Sin embargo, en contra de lo expresado en las últimas semanas, el Ejecutivo parece haber descartado que esta rebaja sea suficiente para atajar la coyuntura, después de que el IPC de los alimentos y bebidas no alcohólicas apenas se haya recortado tres décimas en enero, hasta el 15,4%.

Periodista y politóloga por la URJC. Máster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos. He pasado por las redacciones de elDiario.es y Europa Press antes de llegar a La Información, donde sigo la actualidad laboral.

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