La red de seguridad que buscaba el Gobierno ante la escalada sin freno del Euríbor estará disponible casi para la totalidad de los hipotecados en España considerados vulnerables o en riesgo de serlo. Las entidades financieras tenían un mes para adherirse al nuevo Código de Buenas Prácticas antes de su entrada en vigor el 1 de enero de 2023, una vez publicado el Real Decreto-Ley en el BOE. Y, prácticamente todas entidades no han apurado el plazo y han ido adhiriéndose, previa ratificación de sus consejos de administración.
Solo con la aceptación de los principales grupos bancarios, Banco Santander, BBVA, Banco Sabadell y Caixabank (los primeros también en hacer público la aceptación del acuerdo) la protección llegaba hasta el 85% de los deudores hipotecarios, explican desde la AEB, pero a estos nombres se han ido sumando en las últimas semanas otras entidades como Evo Banco, ING, Bankinter (cuyo consejo de administración lo ratificó la semana pasada) y Openbank entre otros.
Asimismo, en el último consejo de CECA, las entidades asociadas, entre las que se engloban CaixaBank, Kutxabank y Cajasur Banco, Abanca, Unicaja Banco, Ibercaja Banco, Caixa Ontinyent y Colonya 2 3 Pollença, ratificaron formar parte de este paraguas tanto con la ampliación del Código de Buenas Prácticas vigente como al nuevo, que tendrá un régimen transitorio con una duración de dos años. La confirmación de la patronal que agrupa a las cajas de ahorros y a los bancos creados por ellas es vital puesto que la cuota de mercado en préstamo hipotecario es del 46%. En definitiva, con estas adhesiones se llega prácticamente al 100% de los clientes con hipotecas.
Actualización del Código de Buenas Prácticas
La escalada del Euríbor, que en el año ha subido más de un 730%, podría meter en problemas a los hipotecados a tipo variable, especialmente aquellos que firmaron sus créditos cuando el índice de referencia estaba en negativo y les queda más plazo de amortización por delante. Esto llevó a las patronales de las entidades financieras que operan en España, AEB, CECA y Unacc, junto con el Gobierno de Pedro Sánchez a negociar una actualización del Código de Buen Gobierno aprobado en 2012. Así, el acuerdo a contrarreloj al que llegaron consistió en actualizar el anterior Decreto-Ley, al que se habían suscrito todas las entidades financieras (un total de 80) que operan en España en 2012, para adaptarlo al contexto actual.
Las entidades financieras contarían con 15 días para abandonarlo, pero de mantenerlo es de obligado cumplimiento. Las medidas que se contemplan es aplicar una carencia de capital de cinco años, periodo en el que los deudores solo deberán abonar intereses, el banco, además, debe rebajar el interés hasta el euríbor -0,10% durante esos años y alargar el plazo de la hipoteca hasta un máximo de 40 años.
Para poder acceder a estas medidas, la unidad familiar debe situarse en el “umbral exclusión”. Es decir, que los ingresos conjuntos no pueden superar los 25.200 euros anuales; el porcentaje de los ingresos destinados a pagar las cuotas debe ser superior al 50% y la carga hipotecaria debe haber subido un 50% durante los últimos cuatro años, bien por el encarecimiento del Euríbor bien por cualquier otra circunstancia. En el caso de que el deudor hipotecario cumpla todos los requisitos, menos que el de la carga hipotecaria suba un 50% o más podría solicitar una carencia del capital de dos años, reducir el interés aplicado durante ese período y alargar el plazo de la hipoteca 7 años, sin superar los 40 años como plazo total. Según los cálculos establecidos por el Ejecutivo, estas medidas podrían beneficiar hasta 300.000 deudores.
Medidas para clases medias
La reforma también incluye medidas para las clases medias que se vean en situación de vulnerabilidad ante la escalada del Euríbor. En este caso, los ingresos familiares no pueden superar los 29.400 euros anuales. Para estos casos, el hipotecado podrá elegir entre dos medidas. La primera ampliar el plazo de la hipoteca hasta en 7 años, pero sin superar los 40 años en total, lo que permitiría rebajar la cuota hasta el importe que pagaba el 1 de junio de 2022. Además, tendría la posibilidad de congelarla en los 12 meses siguientes y reducir el interés aplicado durante ese período.
La segunda opción es que pase su hipoteca a tipo variable a tipo fijo, pero de acuerdo con un interés fijado por la propia entidad. En este caso no supondrá una reducción de la cuota, pero sí que evitará las fluctuaciones de las letras independientemente de la evolución del indicador. En ambos casos, los requisitos son los mismos: que la carga hipotecaria sea de más del 30% y que ésta haya subido un 20% en los últimos cuatro años.
Interés de la banca para controlar la morosidad
Y es que hay interés dentro del sector para ayudar a los hipotecados. El objetivo es que la morosidad hipotecaria, que continúe en mínimos no se dispare. “Estamos fuertemente comprometidos con el apoyo a la sociedad y especialmente a las familias con mayores dificultades en la situación actual. En BBVA siempre trabajamos de la mano de nuestros clientes para encontrar medidas personalizadas según sus necesidades y momentos vitales”, señalaba el 'country manager' de BBVA en España, Peio Belausteguigoitia, en el comunicado de adhesión.
El sentido de estas palabras lo ha repetido tanto el consejero delegado de Banco Santander hasta 31 de diciembre, José Antonio Álvarez, como el presidente de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri.
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