Cantabria

El Consorcio que desarrollará la reordenación del frente marítimo se creará en un máximo de cuatro meses

El Consorcio Urbanístico que desarrollará la reordenación del frente marítimo se creará en un plazo máximo de cuatro meses después de la firma que el próximo sábado suscribirá el Ayuntamiento de Santander, la Autoridad Portuaria (APS), el Ministerio de Fomento, el Gobierno regional y Puertos del Estado del convenio de colaboración establecido por estas administraciones para llevar a cabo el proyecto.

El edil ha destacado el "esfuerzo" y la "importantísima tarea" que han realizado conjuntamente el Consistorio y la APS para cerrar la definición de este proyecto a través del grupo de trabajo que se constituyó en abril del año pasado con este objetivo y cuyo resultado se ha recogido en un Plan Maestro.

"Han sido meses de un trabajo constante y eficaz para conseguir que salga adelante con éxito este proyecto que sin duda va a marcar el futuro de Santander", ha dicho el edil.

Además, ha asegurado que, en este proceso, el Ayuntamiento ha sido "absolutamente fiel" a su compromiso de mantener la "lealtad institucional y de cumplir con todo lo acordado" para que, "por encima de todo", salga adelante una actuación que, en su opinión, va a ser "muy beneficiosa" para todos los santanderinos.

El edil ha recordado que el proyecto de reordenación del frente marítimo afecta a 60 hectáreas, de las que 27 —el equivalente de 40 campos de fútbol— pasarán a ser suelo urbano.

En el proyecto, se prevén dedicar 190.000 metros cuadrados a espacios públicos que se destinarán al paseo marítimo, plazas y zonas ajardinadas.

La reordenación de esta nueva franja permitirá que se pueda recorrer "sin interrupción" la distancia que separa la zona de Los Peligros y La Magdalena.

El paseo marítimo, con una longitud aproximada de 5 kilómetros, se acompañará de un carril-bici y de distintos equipamientos.

Dentro del proyecto del frente marítimo, habrá 43.000 metros cuadrados en equipamientos, algunos ya existentes, como el Museo Marítimo del Cantábrico o el Centro Especializado de Alto Rendimiento de Vela (CEAR) 'Príncipe Felipe', y otros nuevos.

Entre éstos, se ha referido a la ampliación del CEAR con motivo de la celebración del Mundial de Vela en 2014, el Centro Cultural Botín y un gran equipamiento público en la zona de Varadero.

Tres zonas

Arasti ha señalado que el Plan Maestro concentra los centros de actuación en torno a tres zonas: Varadero, San Martín y los muelles de la Estación Marítima.

Concretamente, en Varadero se prevé crear zonas de ocio y de oficinas, un puerto deportivo y una nueva terminal de cruceros, además de un aparcamiento subterráneo para residentes y la prolongación del paseo marítimo hasta La Marga.

Por otra parte, los muelles de la Estación Marítima albergarán el Centro Cultural Botín mientras que la zona de San Martín se pretende "recuperar para el ciudadano". Concretamente, el proyecto establece la restauración y posterior apertura del dique de Gamazo que es, según ha recordado, Bien de Interés Cultural.

Arasti ha señalado que básicamente será una zona dedicada a la cultura y al ocio, además de a diversas actividades deportivas y educativas. PLAZOS

Para la ejecución de este proyecto, las administraciones firmantes han fijado un calendario y se han comprometido a tramitar "con la máxima agilidad" todas las acciones que permitan su conclusión en los plazos previstos.

Ha explicado que todo lo referente al proceso de planificación, tanto ciudadana como portuaria, se concluirá, según lo previsto, en 2013.

Por otra parte, la redacción simultánea de los proyectos de infraestructuras, urbanización y edificaciones definidas en el Convenio se prevé que esté acabada un año más tarde, en 2014.

Mientras tanto, la ejecución de las obras de infraestructuras portuarias y las urbanizaciones se estima que esté concluida en el horizonte de 2016. COMPROMISOS y FINANCIACIÓN

El Convenio Urbanístico aprobado en Junta de Gobierno Local establece los principales compromisos que debe asumir cada una de las administraciones para el desarrollo de este proyecto, que tiene un presupuesto total de 160 millones de euros.

De esta cantidad, el Ayuntamiento aportará 40 millones de euros, que procederán de los aprovechamientos de las gestiones urbanísticas y del importe de las licencias.

En cuanto a los compromisos, se establece que es tarea del Ayuntamiento tramitar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que adapte los usos de las áreas desafectadas a lo establecido en el convenio.

Además, tendrá que tramitar hasta su aprobación definitiva cuantos instrumentos de desarrollo de planeamiento, gestión urbanística y ejecución de obras de urbanización resulten necesarios para la correcta implantación del proyecto.

También el Consistorio se compromete a tramitar a "la mayor brevedad posible" todas las licencias y autorizaciones municipales necesarias para la construcción, ocupación, implantación de actividades y apertura de las mismas de edificios en las parcelas resultantes del proyecto y otorgarlas "siempre que los proyectos cumplan la normativa aplicable".

La Administración Local deberá acordar junto a la Autoridad Portuaria el régimen de utilización y mantenimiento del dominio público portuario.

Además, la APS debe encargarse de elaborar el expediente de Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios y formular la modificación del actual Plan Especial de Ordenación de la Zona de Servicio del Puerto que incluya las determinaciones urbanísticas necesarias para el completo del proyecto en estas zonas.

Por su parte, Puertos del Estado tendrá que tramitar ante el Ministerio de Fomento la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios que contemple una propuesta de desafectación de terrenos de fines portuarios para obtener "a la mayor brevedad posible" la orden ministerial para poder proceder a la ejecución del proyecto, uno de los compromisos que debe asumir el ministerio que dirige José Blanco.

Además, Puertos del Estado deberá autorizar la transmisión de los bienes inmuebles declarados innecesarios y desafectados por la APS cuando el valor de los mismo supere los 3 millones pero no llegue a los 18 y también emitir los informes y propuestas que fueran necesarios para la tramitación de los diferentes instrumentos de planeamiento portuario, urbanístico y medioambiental afectados por el proyecto.

Por su parte, el Ministerio tendrá que proponer en el Consejo de Ministros que se autorice la transmisión de los bienes desafectados del Dominio público portuario cuando su valor supere los 18 millones de euros y destacar el proyecto como "prioritario y preferente" a la hora de obtener subvenciones y financiación pública si fueran necesarias.

Además, tendrá que impulsar el proyecto frente a otras administraciones estatales de cara a la emisión de informes sectoriales preceptivos.

El Gobierno regional tendrá que tramitar hasta la fase final la aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación de la Zona de Servicio del Puerto y de la modificación del PGOU.

También deberá llevar a cabo la tramitación, "a la mayor brevedad posible", de todos los informes comerciales favorables necesarios en el marco de los expedientes de tramitación de licencias que pudieran resultar necesarias para la implantación de grandes establecimientos comerciales en las parcelas que resulten del proyecto y que puedan albergar ese uso.

Arasti ha señalado que los ingresos previstos ascienden a 172 millones de euros, de los que 167 proceden de los desarrollos urbanísticos previstos y 5 de los ingresos por la capitalización de las cesiones.

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