PP y PSOE llegan a un acuerdo para rescatar la ley Sinde

Ha habido acuerdo: PSOE y PP han presentado una enmienda conjunta en el Senado para rescatar la ley Sinde. El grupo CiU se ha sumado también al pacto y a la redacción.

La ministra Ángeles González Sinde compareció en la Cámara Alta a última hora de este lunes para explicar las principales modificaciones introducidas en esta norma que pretende perseguir a aquellos que vulneren los derechos de propiedad intelectual en Internet. Éstas pasarían, en primer lugar, por la obligatoria autorización judicial para identificar al "responsable del servicio de la sociedad de la información que está realizando la conducta presuntamente vulneradora". Es decir, para obtener los datos del supuesto infractor.

El nuevo texto "garantiza absolutamente los derechos de todos", dijo la titular de Cultura, que resaltó que "los usuarios tienen que tener absoluta tranquilidad" porque esta ley no les perseguirá; según González Sinde, el pacto "aumenta las garantías y la protección de los titulares de derechos de propiedad intelectual".

Otra de las novedades judiciales -el mayor peso del juez ha sido el eje de las condiciones del PP en la negociación- es, según el portavoz de Cultura del PP, José María Lasalle, que "la ejecución de lo que decida la Comisión de la Propiedad Intelectual [organismo que se ocupará de velar por los derechos] deberá efectuarla también un juez. Se trata de un procedimiento rápido, eficaz y garantista", explicó el popular poco después de que se conociera la consecución del acuerdo.

De hecho, esta rapidez se traduciría en los siguientes plazos: en 24 horas se identifica judicialmente al supuesto infractor, "como si fuera un mandato judicial de entrada a un domicilio", explicó Lassalle; una vez la Comisión tiene los datos y decide qué medidas adoptará, da un plazo de 48 horas al supuesto infractor para que retire los contenidos sujetos a derechos o realice alegaciones; si los retira, se acaba el proceso, si no, éste continúa. En cinco días, en cualquier caso, hay una resolución de la Comisión.

Si esta resolución es en sentido positivo -es decir, si la Comisión está decidida a ejecutar las medidas porque el supuesto infractor no recula o no ha presentado unas alegaciones que convenzan al órgano-, se acude de nuevo al juez, que en dos días llama a las partes para escucharlas y en otros dos días, mediante un auto, decide si autoriza o no las medidas "referidas a la posible afectación de los derechos y libertades garantizados en el artículo 20 de la Constitución".

Para algunos de los expertos que estos días están aportando su opinión y conocimientos en la Red, la clave sigue estando en que será la Comisión -y no el juez, aunque luego lo autorice- la que decida qué medidas concretas hay que adoptar; y sobre todo, en las expresiones que se refieren a que la vulneración de derechos aludida se producirá "siempre que el prestador, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial". Términos, para algunos, de carácter muy ambigüo y que dejan la puerta abierta a infinitas interpretaciones.

La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual es la que se ocupará de la "salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información" -la Sección Primera se ocupará de mediar y arbitrar-. Estará formada por un vocal del Ministerio de Cultura, un vocal del Ministerio de Industria, un vocal del Ministerio de Economía y uno del Ministerio de Presidencia; estará presidida, asímismo, por el subsecretario de Cultura "o una persona en la que éste delegue".

Aún tendrá que redactarse un reglamento que explique cómo va a actuar exactamente esta Sección Segunda, aunque la enmienda aclara que cualquier procedimiento será iniciado siempre a instancia del titular de los derechos supuestamente vulnerados "o de la persona que tuviera encomendado su ejercicio". Según el texto de la enmienda, "las resoluciones dictadas por la Comisión ponen fin a la vía administrativa".

Quien tiene que autorizar que se ejecuten las medidas que proponga la Sección Segunda -interrupción de prestación de servicios o retirada de contenidos- son los Juzgados centrales de lo contencioso-administrativo.

En segundo lugar, el texto dice que se modificará "la regulación de la compensación equitativa por copia privada", es decir, el canon digital. El texto  precisa que será en el plazo de: "tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley, mediante Real Decreto y con plena conformidad al marco normativo y jurisprudencial de la Unión Europea".

La ley Sinde formaba parte del articulado del proyecto de Ley de Economía Sostenible: era la disposición final segunda del texto, pero se cayó cuando en la comisión de Economía y Hacienda del Congreso los grupos decidieron votarla por separado y rechazar su tramitación en el Senado junto con el resto del proyecto de ley. Eso sucedió el 21 de diciembre; ahora, ha sido rescatada tras una duras negociaciones en las que los dos principales partidos del arco parlamentario han estado debatiendo hasta el último momento (a última hora, CiU se ha unido al pacto).

Este fin de semana, incluso, se filtró a los medios de comunicación una propuesta alternativa in extremis, elaborada por el abogado David Maeztu -presente en la reciente y polémica reunión a puerta cerrada convocada por el presidente de la Academia de Cine con representantes de Internet y de la sociedad civil-, que llegó a manos de la ministra González Sinde y de la portavoz en el Congreso del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, según explicó después el propio Álex de la Iglesia. Varios expertos en Propiedad Intelectual se mostraron en contra del texto.

E incluso lo ha hecho en las últimas horas el propio De la Iglesia, asegurando que, al no existir "consenso" respecto a ningún texto, un nuevo comienzo sería la mejor opción para encarrilar el asunto de la salvaguarda de la propiedad intelectual en Internet. La comisión de Economía y Hacienda del Senado se reunirá el próximo 1 de febrero para designar una ponencia y de esta forma comenzarán los trabajos en el Senado para la tramitación de la LES. La enmienda relativa a la Ley Sinde será debatida y votada como todas las demás presentadas por los grupos en los plazos correspondientes.

El popular José María Lasalle, se ha felicitado por el acuerdo que, asegura, confirma el planteamiento inicial de su partido de buscar "un equilibrio entre los derechos de la propiedad intelectual en la Red y la propia libertad que debe presidir el funcionamiento de internet".

"No nos hemos movido de nuestro planteamiento inicial. Hemos señalado que cualquier regulación de la propiedad intelectual en la Red, sobre el que hay un consenso unánime de las fuerzas políticas, debería pasar por una tutela judicial", ha señalado. "El Gobierno rectificó hace un año y ha vuelto a rectificar ahora", ha subrayado Lasalle.

Por su parte, el cantante Alejandro Sanz, uno de los más férreos defensores de las medidas antipiratería propuestas por el Gobierno, ha escrito en su twitter un "Lo conseguimos..." nada más enterarse del acuerdo. "Mañana emitiremos un comunicado del lado de los creadores para agradecer a quien corresponda. Finalmente un poco de justicia", ha concluido el cantante.

De la Iglesia, sin embargo, ha descalificado el acuerdo alcanzado afirmando que "han pactado una ley que no convence a nadie". Según el tuiteo que ha mantenido De la Iglesia con otros internautas sobre el acuerdo, "el PP ha enfangado una cosa de por sí enfangada". Por último, Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, ha dicho que la enmienda "no responde a intereses concretos, ni de los creadores ni de los internautas".