Cospedal pide "prudencia" al nuevo magistrado del TC Luis Ortega al hablar del frustrado Estatuto de C-LM
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha pedido "prudencia" a la hora de manifestar sus opiniones al nuevo magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Luis Ortega cuando habla del frustrado Estatuto de Castilla-La Mancha, que partió del Parlamento regional con el apoyo de 'populares' y socialistas pero tuvo que ser retirado en su tramitación en el Congreso por falta de acuerdo.
Ortega, en una entrevista concedida al diario La Tribuna de Toledo, afirma que el fin del trasvase Tajo-Segura que quedaba establecido en la versión del Estatuto que salió del Parlamento castellano-manchego "hubiese sido constitucional".
"Tal y como se pedía al final, este aspecto estaba prácticamente puesto en el preámbulo. A la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, hubiese sido constitucional, porque al preámbulo no se le daba valor jurídico", explica el nuevo magistrado en la entrevista.
A este respecto, Cospedal considera que ahora que Ortega forma parte del Tribunal Constitucional "debería guardarse sus opiniones para las resoluciones que, como miembro del máximo intérprete de la Constitución, tendrá que emitir". "El recién estrenado magistrado debería ser prudente porque hoy es magistrado del Tribunal Constitucional", ha remarcado.
Para la 'número dos' del PP y presidenta de este partido en Castilla-La Mancha, las palabras del magistrado hacen pensar que "quizá tenga una cierta contaminación política a la hora de hablar de este asunto desde el punto de vista de sus nuevas funciones".
De hecho, ha recordado que Ortega, que es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha, ya declaró a favor y elaboró dictámenes favorables al Estatuto durante la tramitación de éste en el Parlamento regional.
Las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron por unanimidad la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía en enero de 2007, pero la negociación en el Congreso quedó encallada debido a que el texto establecía una fecha límite para el trasvase Tajo-Seguro, lo cual afectaría a la Comunidad Valenciana y Murcia. Después de proponerse varias alternativas, al acuerdo entre socialistas y 'populares' en la comunidad autónoma no se vio reflejado en las Cortes Generales y el Estatuto fue finalmente retirado.