Los morosos no cumplen los nuevos plazos, según los fabricantes de la construcción

La Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco) ha denunciado el incumplimiento de los plazos de la nueva ley de morosidad, que fija un plazo máximo de 60 días para los pagos de las empresas a sus proveedores y de 30 días en el caso de las administraciones públicas.

Tras cumplirse los primeros 100 días de la aplicación de la reforma de la ley, el presidente de Cepco, Rafael Fernández, ha indicado que las empresas están buscando "triquiñuelas" para "tergiversar" la ley de morosidad, mientras que las administraciones públicas se declaran en bancarrota para eludir el pago a tiempo.

Así, denunció que el mecanismo más habitual y "más preocupante" son los llamados "pactos de espera", que consisten en que la empresa da un 'confirming' teóricamente a 120 días, pero pacta con la entidad financiera que a ellos no les pase el cobro hasta los 90 días posteriores, para que finalmente sumen 210 días. Además, los gastos de esa financiación extra están incluidos en el precio de oferta.

Para Cepco, esta práctica además de estar prohibida por el incumplimiento de los plazos de pago, también resulta ilegal porque los precios tienen que ser transparentes. Además, para la confederación resulta preocupante porque influye en el precio final, ya que incluye los intereses de los pagos. Según el vicepresidente de Cepco, Javier Martínez, "la banca es la primera que está fastidiando", porque en ella está la opción de aceptar o no los pagos a 210 días.

Los datos que han recopilado los fabricantes de materiales de construcción ponen de manifiesto que entre las principales administraciones y empresas 'incumplidoras" de los nuevos plazos de pago se encuentran las comunidades autónomas de Andalucía, Valencia, Madrid y Barcelona, y empresas como Ferrovial y Befesa. En cambio, destacan que Dragados y Ditrasa se encuentran entre las compañías que cumplen la ley "de manera tajante".

El presidente de Cepco ha resaltado la necesidad de una "aplicación rigurosa" de esta ley debido a la mala situación que sufre el sector de la construcción. Así, ha querido recalcar que las administraciones públicas deben ser las primeras en dar ejemplo, algo que hasta ahora no están haciendo, y efectuar los pagos en los plazos establecidos por la nueva ley. De ser así, muchas empresas dejarían de justificarse "con la excusa de que si las administraciones no pagan, la empresa no puede hacer frente a los pagos".