Rabanal descarta reajustar el sector público y dice que la situación económica del mismo "no es preocupante"

El consejero de Economía y Hacienda del Principado de Asturias, Jaime Rabanal, ha manifestado este martes en la Junta General que el sector público del Principado "cumple funciones necesarias, tiene un tamaño mínimo, prudente y una dimensión escasa y específica". Así indicó, en relación a cualquier planteamiento de racionalización, que este "no es el mejor momento para vender, sino para salir a comprar".

"Creo que el esfuerzo del Gobierno desde el punto de vista de control del gasto es importante y estamos cumpliéndolo razonablemente bien", dijo el consejero, que insistió en que la situación económica del sector público "no es preocupante" y pidió al PP "que no haga demagogia con este asunto".

Jaime Rabanal ha comparecido hoy en la Comisión de Economía a petición del grupo parlamentario del PP para que informase sobre las medidas de austeridad puestas en marcha, los resultados alcanzados, así como las medidas y los resultados que se van a alcanzar con la aplicación del Plan Económico Financiero de Reequilibrio 2010-2012.

El sector público centró una vez más buena parte del debate parlamentario, ya que la diputada del PP, Alejandra Cuétara, volvió a centrar sus críticas en el gasto que suponen las empresas públicas del Principado y preguntó al consejero si ya se ha abordado el plan de racionalización del sector público anunciado, a lo que Rabanal respondió que no se ha hecho.

Así Cuétara se refirió a las pérdidas registradas, según su grupo, por la RTPA (TPA, Radio y Productora de Programas) en 2009 -más de 24 millones—; a los negativos resultados de Vipasa -1,2 millones de pérdidas— o los 665.095 euros de pérdidas de Sedes. "Sólo conociendo el resultado de cinco empresas públicas sabemos que se han perdido más de 28 millones de euros", dijo Cuétara.

Rabanal rebatió los datos a la diputada y afirmó que "si bien en el caso de Vipasa y Sedes los datos pueden ser los correctos" no es así en el caso de la RTPA. "No se de donde tiene los datos en relación de las pérdidas de la RTPA, pero le digo que eso es falso, porque si fuese así estarían en situación de disolución", dijo Rabanal.

En cuanto a Sedes y Vipasa, el consejero indicó que "no conoce los datos concretos", por lo que admitió la posibilidad de que los aportados por Cuétara sean los buenos. No obstante indicó que en el caso de Sedes las pérdidas incluso son pocas para una situación como la que se vive en el sector de la construcción, y añadió que la misma tiene la supervivencia garantizada.

"Por qué no me habla de otras empresas públicas que no tienen pérdidas incluso que tienen beneficios", dijo Rabanal, que explicó que hay empresas como Gispasa, que puede tener pérdidas hasta que empiece a funcionar.

Por su parte el diputado de Bloque por Asturias, Roberto Colunga, criticó la decisión del Ejecutivo de reducir el salario a los funcionarios, una medida que en su opinión va en sentido contrario de lo que pregona el Gobierno cuando habla de mantener los servicios públicos.

"Con todos mis respetos ustedes no se convencen ni a si mismos y esperamos que se ponga fin al carnaval particular, que se dejen de recortar empleos y que de una vez se defiendan los derechos de los asturianos", dijo Colunga, que indicó que el Gobierno ha recortado el salario a los funcionarios más de lo que otras comunidades.

El diputado socialista, Álvaro Álvarez, lamentó el "continuo desprestigio" de lo público por parte del PP a los que acusó de querer confundir a la ciudadanía.

En su intervención inicial Rabanal recordó las medidas adoptadas y las causas que las motivaron y aseguró que "con las políticas de austeridad y ajuste el Gobierno cumple dos compromisos, por un lado corregir el desequilibrio de las finanzas públicas surgido a partir de la crisis y por otro mantener unos servicios públicos de calidad, garantizando con ello los niveles de bienestar actuales y atenuando el efecto de la crisis sobre los asturianos.

Explicó que el ahorro supuesto por las diversas medidas adoptadas ha sido de 209,7 millones de euros, 56 de ellos derivados de la Ley de medidas urgentes; 11,4 millones derivados de los mayores ingresos de la aplicación de la Ley y otros 142,3 millones de otras medidas adoptadas en el Consejo de Gobierno.