Para los llamados contratos de renta antigua, la ley regula un complejo sistema por el cual  el propietario (arrendador) puede cobrar del arrendatario el importe de las obras que ha sido necesario realizar en la vivienda alquilada para hacer que ésta pueda seguir en estado de ser usada como tal vivienda. A grandes rasgos, diremos que existen dos posibilidades.

Primer supuesto

Si la reparación ha sido solicitada por el arrendatario o viene impuesta por una resolución judicial o administrativa firme, el arrendador puede optar por:

1) Deducir del importe de las obras las ayudas públicas que haya recibido y sumar a dicho importe el interés legal del dinero calculado para un periodo de cinco años. La cantidad resultante debe ser pagada por el arrendatario a razón de un 10% anual. Eso sí, este 10% anual no puede superar la mayor de las dos cantidades siguientes: cinco veces el importe de la renta vigente o el importe del salario mínimo interprofesional.

2) Exigir al arrendatario el pago del 12% anual del importe. En este caso, ese 12% anual no puede ser superior al 50% de la renta anual. 

Segundo supuesto

Si las obras no ha  sido solicitadas por el arrendatario ni son de ejecución obligatoria en virtud de resolución judicial o administrativa firme, la repercusión del coste de las obras al arrendatario sólo podrá hacerse en la forma indicada en el apartado anterior.

Varias viviendas

Si son varias las viviendas afectadas, salvo acuerdo en determinados casos, el importe de las obras se repartirá en proporción a los metros de los que disponga cada arrendatario.

Es frecuente que el arrendatario vaya acumulando en sus recibos mensuales el pago de varias obras, habida cuenta de lo dilatado en el tiempo de los periodos de repercusión.

Próxima entrega El coste (II)

Con la colaboración de la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda. Tel.: 902 362 952. www.adeprovi.com