Fiscalía pide cambiar la Ley autonómica de Protección del Menor para atajar los acogimientos por silencio administrativo
El fiscal de Menores lamenta la "inoperancia" de la Casa Juvenil de Miraflores y pide cambios al Principado para evitar "derroches"Asegura que Asturias presenta un índice de delincuencia en menores de 18 años "bastante pequeño en relación a otras comunidades"
El fiscal de Menores del Principado de Asturias, Jorge Fernández Caldevilla, pidió hoy reformar la Ley de Protección del Menor del Principado de Asturias para que establezca expresamente el "efecto negativo" que tiene sobre los menores las resoluciones de acogimiento dictadas por silencio administrativo.
En una rueda de prensa ofrecida para presentar el balance de actividad de su departamento correspondiente al año 2009, el fiscal subrayó la necesidad de agilizar estos trámites porque el retraso en la gestión de las causas ha supuesto "un incremento notable de las resoluciones presuntas en base al silencio administrativo positivo". En este sentido, ha incidido en que el interés del menor debe prevalecer "en toda la actuación".
El año pasado los Juzgados de Familia asturianos resolvieron la constitución de 37 adopciones, frente a las 29 de 2008, y 98 acogimientos, 31 de ellos constituidos por resolución judicial. Además, La Consejería de Bienestar Social inició 525 expedientes de protección y 165 menores estuvieron bajo la tutela de la Administración.
A su juicio, la actualización de la ley autonómica, que data de 1995, y es, por tanto, anterior a la Ley Orgánica Nacional de Protección del Menor, debería además establecer "los plazos en que deben dictarse las resoluciones de protección" y fijar "los periodos máximos de residencia de los menores en centros de protección" para ofrecerles una alternativa familiar "de la manera más rápida posible".
Casa juvenil de miraflores
En segundo lugar, y en relación a la situación de los centros de acogida, lamentó la "inoperancia y el fracaso" de la Casa Juvenil de Miraflores, dedicada a los jóvenes en grave situación de riesgo, con trastornos graves de conducta.
Al respecto, destacó que en el centro se producen "constantes fugas de menores", agravadas en el último año, que hacen necesaria una "reestructuración del personal y del proyecto educativo", pues la situación actual evidencia que "pese al derroche de medios en relación al número de internos, el equipo educativo es totalmente inoperante para conseguir trabajar con los menores con altísimo riesgo de exclusión social y peligrosidad delictiva". Por todo ello, el fiscal instó al Principado a que el problema se subsane cuanto antes porque "no están los tiempos para derrochar recursos".
En relación a la actividad de la Fiscalía, explicó que en 2009 el número de diligencias iniciadas se mantuvo estable, con un ligero incremento de las preliminares, que pasaron de 1.267 en 2008 a 1.297. Por su parte, el número de asuntos que derivaron en la apertura de expedientes se redujo en un 10 por ciento, al pasar de 503 en 2008 a 453 en 2009. Una disminución, precisó, que "no obedece a la disminución de la delincuencia, sino al recurso a soluciones de carácter extrajudicial", para los hechos más leves.
Además, se incrementaron el número de sentencias dictadas por el Juzgado de Menores y los expedientes finalizados con escrito de alegaciones, con 365 y 383 respectivamente.
En lo que respecta a los menores extranjeros, 62 jóvenes marroquíes ingresaron en la Unidad de Primera Acogida el año pasado, frente a los 69 que lo hicieron en 2008. Una disminución, que sumada a la mejora de los recursos específicos, repercutió en "una mejora de las respuestas".
No obstante, Fernández Caldevilla lamentó que en lo que va de año, la llegada de menores marroquíes no acompañados se ha incrementado hasta los 33 y se han reproducido los problemas de comportamiento en los centros, con agresiones a educadores y destrozos del mobiliario. "Por desgracia, y pese al esfuerzo para poder afrontar mejor los problemas, estos se siguen produciendo", lamentó.LESIONES,
Robos y daños
Según datos de la Fiscalía de Menores, el Principado presenta un índice de delincuencia en menores de 18 años "bastante pequeño en relación a otras comunidades". Por la tipología de los delitos registrados, predominaron las lesiones, con 332 casos, seguidas de los robos con fuerza, 214, y los daños, 180. Además, se iniciaron 487 expedientes y se dictaron 67 internamientos en régimen semiabierto, siete en régimen cerrado y dos terapéuticos.
Del total de las sentencias dictadas, 24 fueron absolutorias, 90 condenatorias sin conformidad y 251 por conformidad entre las partes. Asimismo, el fiscal interpuso 17 recursos de apelación.
Por último, el año pasado se iniciaron dos causas con menores por delitos de "máxima gravedad", el crimen de la calle Félix Aramburu, de Oviedo, que se saldó con el asesinato de una mujer, y el descuartizamiento de una joven en el barrio de Vallobín. Unos asuntos de instrucción "compleja" que, para el fiscal, ponen en evidencia que la reforma de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores "se quedó corta", al aumentar en tres meses el plazo máximo del internamiento cautelar, hasta un máximo de nueve meses.
Un año de internamiento cautelar
Por ello, apuntó que "sería muy conveniente que el plazo pudiese prorrogarse hasta un mínimo de un año o que se incluyese en el texto una disposición que contemple que en caso de sentencia condenatoria en primera instancia, pudiese imponerse la mitad de la medida".
Reivindicó además, que en el caso de delitos de máxima gravedad perpetrados por menores de 14 años, la ley estableciese la posibilidad de juzgar los hechos y determinar las responsabilidades civiles ante el Juez de Menores para evitar la indefensión de la víctima.