Ibarra propone revisar el Plan de seguridad personal de los jueces "sin rebajar el umbral de protección"

El nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, planteará una revisión del Plan de Protección personal de jueces y magistrados y del plan de seguridad de las sedes judiciales puestos en marcha ante la violencia y amenaza de ETA, pero afirmó que no está previsto "rebajar el umbral de protección. Esta actualización, insistió, se hará "sin rebajar el umbral de protección".

Ibarra realizó estas manifestaciones en Bilbao, donde presentó su programa de actuación para los próximos cinco años, que el pasado 14 de mayo presentó ante el pleno de la sala de Gobierno del TSJPV, obteniendo su "voto de confianza".

Entre sus actuaciones, citó la de promover las actuaciones precisas del Ministerio del Interior y de los Departamentos de Interior y de Justicia del Gobierno vasco para preservar la seguridad de las personas y la "eficaz" protección de las dependencias de la Administración de Justicia en relación con la amenaza terrorista. Su objetivo es facilitar la mejora y el cumplimiento del programa de seguridad personal dirigido a jueces y magistrados.

Ibarra precisó que el objetivo concreto que se ha marcado es actualizar el plan de protección personal de jueces y magistrados y el plan de seguridad de las sedes judiciales.

En concreto, se ha mantenido ya una reunión con el Departamento de Interior, en concreto, con el viceconsejero de Seguridad y con tres comisarios relacionados con el tema de la seguridad en la justicia y, según indicó, ha encontrado "receptividad" a su planteamiento.

Ibarra explicó que el plan de protección personal se diseñó tras el asesinato del magistrado José María Lidón en 2001 y estaba sujeto a la previsión de una revisión cuando las circunstancias lo "hicieran posible".

A su juicio, en este momento las circunstancias son "favorables" a abordar esta revisión y enumeró las exigencias que están planteando de cara a esa actualización.

Por un lado, indicó que la protección de los personas supone un "gravamen" para quienes "se benefician de esta protección" y lo que pretenden es que "haya proporcionalidad entre el riesgo y las medidas de protección que se aplican". Además, afirmó que, sobre todo, quieren que se pueda "asegurar" que no se produce o se "alivia" el "estrés" que supone un programa de protección para la persona protegida.

Asimismo, afirmó que también se solicita que se coordine el programa de protección personal con el de seguridad de los beneficios, que es un tema que ya estaba siendo abordado, por lo que el objetivo es seguir "avanzando".

Evaluacion de riesgos

Preguntado por si esta actualización del plan de protección puede suponer una rebaja de la seguridad de la que disponen en la actualidad algunos jueces, negó que vaya a ser así y reiteró que, cuando se estableció el programa se hizo "en pocas semanas" y hubo una evaluación de riesgos que se hizo "de manera general". Ibarra afirmó que ahora la evaluación de riesgos se va haciendo "de manera individualizada".

Además, precisó que, cuando se puso en marcha el Plan de protección, los medios que se establecieron eran prácticamente "únicos" y era el servicio de escolta. Ibarra añadió que, en estos momentos, los medios "pueden y deben ser más complejos" y existen más que el servicio de escolta.

Ibarra indicó que, "en absoluto", cree que el programa debe "rebajar el umbral de protección" y, sobre si se plantean rebajar el número de escoltas y optar por otros sistemas, aseguró que no le corresponde dar esa información, pero, "en principio, no va por ahí". Añadió que se apuesta por el "mejor aprovechamiento" de diferentes elementos de protección, "pero no por la rebaja del número de personas dedicadas a la protección"

El presidente del TSJPV señaló que la necesidad de protección viene determinado por algo que "no ha cambiado" desde el asesinato de José María Lidón y es la existencia de una organización terrorista que "considera a los jueces y magistrados como enemigos existenciales" y que apuesta por la "desaparición de los jueces y magistrados". "Ese es el umbral de riesgo y, por lo tanto, también el que determina también el umbral de protección", añadió.