Economía pide a los directores generales que envíen antes de finales de mes sus propuestas para recortar gastos
La Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria ha pedido a todos los directores generales que envíen para antes de finales de mes sus propuestas para el recorte de gastos en la Administración regional.
Esta petición es consecuencia del Plan Económico Financiero de Reequilibrio de la Comunidad Autónoma, que contempla una reducción del gasto correspondiente al 0,2% del PIB para este año, que se estima en unos 30 millones de euros, siempre dependiendo de a cuanto ascienda el PIB.
Pero además ese plan fija que la reducción llegue a un punto del PIB hasta el año 2013, lo que se traduciría en unos 130 millones de euros en los próximos tres años, incluidos los 30 de este 2010.
Y es para este otro objetivo para el que la Consejería de Economía también ha pedido las aportaciones de los directores generales del Gobierno, que en este caso tendrán de plazo hasta finales del próximo mes de mayo para concretarlas.
Así lo explicó hoy en rueda de prensa el consejero de Economía y Hacienda, Ángel Agudo, quien señaló que se solicitan las aportaciones de los gestores de cada área porque su departamento, Economía, no es quien tiene que decidir "de dónde se recorta", sino que establece el marco de actuación.
En este sentido, el consejero advirtió de que "todos" los capítulos del presupuesto estarán "sometidos" a la posibilidad de recortes, incluyendo el área que contempla las subvenciones tanto a entidades públicas como privadas.
El consejero rechazó que sólo con recortes de personal o altos cargos se puedan ahorrar 130 millones de euros. "No fuera tan malo que fuera tan fácil", aseveró, y apuntó a posibilidades en materia de personal como la reducción de la tasa de reposición de los empleados públicos cuando se produzcan jubilaciones.
De todos modos, Agudo considera que "hay margen para diseñar unos servicios más eficaces sin dañar el funcionamiento de la Administración", ya que se parte de la condición de que "no se pueden poner en peligro" los "elementos básicos" del Estado de Bienestar, como las políticas sociales, la sanidad o la educación.